Las administraciones públicas son el gran lastre de España y su peor pesadilla. Mientras la empresa privada se adapta a la crisis, reduce sus costos y se hace mas competitiva, protagonizando un sorprendente rallye de exportaciones que hace posible la recuperación económica del país, la clase política y las distintas administraciones públicas son el gran lastre que frena el ansiado despegue y convierten a España en un país inviable.
Los funcionarios y políticos enchufados actúan en la economía española como una inmensa losa de plomo que impide el despegue y el crecimiento. Hay en España mas políticos cobrando del Estado que en Francia, Inglaterra y Alemania juntos. A esa masa enorme de políticos hay que agregar una marea desproporcionada de funcionarios y una escandalosa estructura de poder político que duplica y triplica las funciones y que ha sembrado el mapa de España de palacios de gobierno, consejerías, parlamentos autonómicos, gobiernos provinciales, (diputaciones), ayuntamientos hipertrofiados y plagados de parásitos, empresas públicas inútiles, observatorios y cientos de instituciones y organismos creados únicamente para colocar a los familiares y amigos del poder.
En un país que se ahoga bajo el peso de un Estado tan grueso y costoso que no se puede financiar y que solo se mantiene sobre la explotación y expolio de los ciudadanos, el gobierno acaba de anunciar que las estadísticas estaban equivocadas y que hay mas de cien mil funcionarios y empleados públicos mas de los que se habían contado. Ese sorprendente descubrimiento inclina a pensar que el número de los políticos que cobran del Estado, calculado en 450.000, es muy superior, a pesar que ya es mayor que los mantenidos por el Estado en Francia, Alemania e Inglaterra juntos.
Tirar de ese inmenso peso muerto es casi imposible para la parte de España que trabaja y produce. La única manera de salir adelante es soltando lastre y adelgazando intensamente el aparato del Estado, pero los políticos, que son el verdadero cáncer de España, se niegan a hacerlo, exhibiendo su obsceno egoísmo y demostrando a los ciudadanos que solo son capaces de anteponer sus propios y mezquinos intereses al interés general y el bien común.
En 2003 había en España 1.743 entre empresas, fundaciones y consorcios públicos, pero en 2013, cuando ese peso tenía que haberse reducido por la crisis, hemos pasado a tener 2050. Crecen los chiringuitos de la administración paralela y a los políticos no se les ocurre otra cosa que incrrementar los impuestos para mantener ese indecente tinglado de enchufes, compromisos y pagos de favores, lo que se traduce en un freno para el desarrollo y en un obstáculo mortal para el progreso.
Pero los políticos, para frenar el avance y la prosperidad de España, hacen muchas mas cosas, entre ellas no pagar las deudas públicas con las empresas, obligando así a cerrar a miles de empresas proveedoras de las administraciones. Para colmo de males, España es el país de Europa donde la burocracia es mas densa y pesada, donde cuesta mas abrir una empresa y ponerla en funcionamiento. Miles de potenciales emprendedores abandonan sus iniciativas empresariales abrumados por los impuestos y aburridos por la estúpida burocracia oficial.
El PP prometió adelgazar contundentemente la administraciones públicas y por esa promesa le votaron millones de españoles, pero apenas ha hecho algo. Todo se ha limitado a gestos ante la galería y a fotos de prensa, pero el número de políticos cobrando, de asesores inútiles y de enchufados de todo tipo no disminuye.
La promesa electoral de adelgazar el Estado no es la única traicionada por Rajoy y su corte de las mentiras. También han incumplido otros compromisos fundamentales adquiridos en la campaña electoral, como el de bajar los impuestos, el de perseguir a los corruptos y el de introducir la austeridad en el funcionamiento del Estado. Lejos de cumplir esa promesa, Rajoy se endeuda a un ritmo mas feroz que el de Zapatero y la deuda pública de España está ya a punto de alcanzar el cien por cien de su PIB, otra losa de plomo que obligará a pagar intereses terribles a nuestros hijos, nietos y bisnietos.
Ante esa situación de abuso, desprecio a la decencia y mal gobierno, el principal deber de cualquier español decente es expulsar del poder a esos grandes partidos políticos que han llevado y continúan llevando a España hacia el abismo.
Los funcionarios y políticos enchufados actúan en la economía española como una inmensa losa de plomo que impide el despegue y el crecimiento. Hay en España mas políticos cobrando del Estado que en Francia, Inglaterra y Alemania juntos. A esa masa enorme de políticos hay que agregar una marea desproporcionada de funcionarios y una escandalosa estructura de poder político que duplica y triplica las funciones y que ha sembrado el mapa de España de palacios de gobierno, consejerías, parlamentos autonómicos, gobiernos provinciales, (diputaciones), ayuntamientos hipertrofiados y plagados de parásitos, empresas públicas inútiles, observatorios y cientos de instituciones y organismos creados únicamente para colocar a los familiares y amigos del poder.
En un país que se ahoga bajo el peso de un Estado tan grueso y costoso que no se puede financiar y que solo se mantiene sobre la explotación y expolio de los ciudadanos, el gobierno acaba de anunciar que las estadísticas estaban equivocadas y que hay mas de cien mil funcionarios y empleados públicos mas de los que se habían contado. Ese sorprendente descubrimiento inclina a pensar que el número de los políticos que cobran del Estado, calculado en 450.000, es muy superior, a pesar que ya es mayor que los mantenidos por el Estado en Francia, Alemania e Inglaterra juntos.
Tirar de ese inmenso peso muerto es casi imposible para la parte de España que trabaja y produce. La única manera de salir adelante es soltando lastre y adelgazando intensamente el aparato del Estado, pero los políticos, que son el verdadero cáncer de España, se niegan a hacerlo, exhibiendo su obsceno egoísmo y demostrando a los ciudadanos que solo son capaces de anteponer sus propios y mezquinos intereses al interés general y el bien común.
En 2003 había en España 1.743 entre empresas, fundaciones y consorcios públicos, pero en 2013, cuando ese peso tenía que haberse reducido por la crisis, hemos pasado a tener 2050. Crecen los chiringuitos de la administración paralela y a los políticos no se les ocurre otra cosa que incrrementar los impuestos para mantener ese indecente tinglado de enchufes, compromisos y pagos de favores, lo que se traduce en un freno para el desarrollo y en un obstáculo mortal para el progreso.
Pero los políticos, para frenar el avance y la prosperidad de España, hacen muchas mas cosas, entre ellas no pagar las deudas públicas con las empresas, obligando así a cerrar a miles de empresas proveedoras de las administraciones. Para colmo de males, España es el país de Europa donde la burocracia es mas densa y pesada, donde cuesta mas abrir una empresa y ponerla en funcionamiento. Miles de potenciales emprendedores abandonan sus iniciativas empresariales abrumados por los impuestos y aburridos por la estúpida burocracia oficial.
El PP prometió adelgazar contundentemente la administraciones públicas y por esa promesa le votaron millones de españoles, pero apenas ha hecho algo. Todo se ha limitado a gestos ante la galería y a fotos de prensa, pero el número de políticos cobrando, de asesores inútiles y de enchufados de todo tipo no disminuye.
La promesa electoral de adelgazar el Estado no es la única traicionada por Rajoy y su corte de las mentiras. También han incumplido otros compromisos fundamentales adquiridos en la campaña electoral, como el de bajar los impuestos, el de perseguir a los corruptos y el de introducir la austeridad en el funcionamiento del Estado. Lejos de cumplir esa promesa, Rajoy se endeuda a un ritmo mas feroz que el de Zapatero y la deuda pública de España está ya a punto de alcanzar el cien por cien de su PIB, otra losa de plomo que obligará a pagar intereses terribles a nuestros hijos, nietos y bisnietos.
Ante esa situación de abuso, desprecio a la decencia y mal gobierno, el principal deber de cualquier español decente es expulsar del poder a esos grandes partidos políticos que han llevado y continúan llevando a España hacia el abismo.