España, con 445.568 políticos a cargo del Estado, es el país de Europa con más políticos electos por habitantes y el que soporta un mayor gasto en sueldos públicos. Entre el Congreso y el Senado, los parlamentos autonómicos, los ayuntamientos, las diputaciones provinciales, los consejos insulares y el Consejo del Valle de Arán, un total de 77.007 políticos son elegidos para representarnos dentro de nuestras fronteras. A ellos habría que sumar los 54 eurodiputados que nos corresponden en las elecciones que se celebran cada cinco años. Pero el drama de España es mucho mayor, si tenemos en cuenta que la cifra crece esponencialmente al añadir el aparato de libre designación de personas que eleva el número hasta los 445.568 cargos políticos en España.
España, aunque parezca increíble, tiene más políticos a sueldo del Estado que Francia, Alemania y Gran Bretaña juntos, a pesar de que tiene una población seis veces menor que esos tres países unidos. España tiene el doble de políticos que Italia, que es, después de España, el país con más políticos mantenidos por el Estado en toda Europa.
¿Cómo y con qué se paga el coste de esta administración paralela, que se une a los funcionarios para conformar una marea de más de tres millones de personas cobrando del Estado?
La respuesta es sencilla: expoliando a los ciudadanos con los impuestos proporcionalmente más elevados de Europa y asfixiando a las empresas con tributos, lo que resta impulso a la economía y a la creación de empleo y riqueza. El ejemplo de los estragos que causa en España ese Estado preñado de enchufados es Andalucía, la región con más políticos en activo cobrando sueldos públicos y también la que cobra más impuestos de España y Europa.
Las autonomías cuestan a España más de 86.000 millones de euros cada año, una sangría imposible de financiar, salvo que se expolie a los ciudadanos, como ocurre en España.
Según economistas como el catedrático Roberto Centeno, cada nuevo empleo público no productivo destruye 2,8 empleos privados, pues se necesitan más impuestos para mantenerlos, desincentivando con ello la inversión, el ahorro y empleo.
España, a pesar de los impuestos demoledores que cobra, tiene ya el mayor índice de pobreza de toda la Unión Europea, por encima de Grecia o Portugal, a pesar de que los técnicos le vaticinaban el mayor crecimiento y muchas posibilidades de convertirse en una de los países más ricos del continente. España, que es también el país de la Unión Europea con mayor tasa de desempleo (más que Grecia y mucho más que Portugal) y el tercero en volumen de déficit público (por detrás de Grecia e Irlanda), se ha situado ya como el cuarto país europeo con más impuestos (detrás de Bélgica, Dinamarca y Suecia), aunque es el primero si se comparan los impuestos cobrados con los ingresos reales de los ciudadanos.
Pero lo grave e intolerable es que en España, contrariamente a lo que ocurre en Bélgica, Dinamarca y Suecia, la mayor parte del dinero que se recauda no va a sostener el Estado del bienestar, ni tampoco a ayudar a salir de la crisis, sino a mantener una Administración excesivamente engordada por unas autonomías, que sólo beneficia a la casta política.
España está por debajo de la media europea en número de funcionarios de carrera, (Educación, sanidad, seguridad, administración...), el grueso de los impuestos por tanto es para el parasitismo político.
En la mayoría de países de la Unión Europea y del mundo, es el Estado quién concentra más del 80% del gasto público total. Sólo en seis países europeos (Bélgica, Dinamarca, Alemania, España, Finlandia, Suecia) el Estado tiene menos del 80% del gasto. A nivel mundial, de 213 Estados, sólo 25 presentan una estructura descentralizada de gobierno similar a la española.
Si España eliminara las autonomías, fusionara los ayuntamientos pequeños, como han hecho Italia y otros países y eliminara entidades comarcales o mancomunidades ineficaces, tendríamos ya sobradamente solucionado el problema de los 90.000 millones de euros de déficit, sin recortes sociales ni subidas de impuestos.
Merece la pena detenerse en el fenómeno de Andalucía, líder del cobro de impuestos en Europa y, además, señalada como la región mas corrupta de toda Europa y la que tiene un gobierno más denso e intervencionista, dueño o controlador de casi la mitad de toda la vida económica de la región, un fenómeno de poder público que sólo puede compararse con el que existía en las antiguas repúblicas de la Unión Soviética. El conjunto de entidades instrumentales creadas por el gobierno socialista andaluz cuenta con una plantilla de 23.899 personas. Esa enorme masa de personal enchufado, lastra la región andaluza y la obliga a dedicar a sueldos el porcentaje más alto en todas las regiones de Europa, lo que deja poco margen para financiar servicios vitales y provoca que Andalucía sea también líder europeo en desempleo, avance de la pobreza y baja calidad en la enseñanza.
La conclusión que emana de esta terrible invasión de España por parte de los políticos en masa es que el país necesita una reforma urgente que instaure una verdadera democracia y que erradique dramas y vicios que sólo tienen un culpable: la clase política española, una de las mas codiciosas, voraces, ineptas y peores del mundo.
Francisco Rubiales
España, aunque parezca increíble, tiene más políticos a sueldo del Estado que Francia, Alemania y Gran Bretaña juntos, a pesar de que tiene una población seis veces menor que esos tres países unidos. España tiene el doble de políticos que Italia, que es, después de España, el país con más políticos mantenidos por el Estado en toda Europa.
¿Cómo y con qué se paga el coste de esta administración paralela, que se une a los funcionarios para conformar una marea de más de tres millones de personas cobrando del Estado?
La respuesta es sencilla: expoliando a los ciudadanos con los impuestos proporcionalmente más elevados de Europa y asfixiando a las empresas con tributos, lo que resta impulso a la economía y a la creación de empleo y riqueza. El ejemplo de los estragos que causa en España ese Estado preñado de enchufados es Andalucía, la región con más políticos en activo cobrando sueldos públicos y también la que cobra más impuestos de España y Europa.
Las autonomías cuestan a España más de 86.000 millones de euros cada año, una sangría imposible de financiar, salvo que se expolie a los ciudadanos, como ocurre en España.
Según economistas como el catedrático Roberto Centeno, cada nuevo empleo público no productivo destruye 2,8 empleos privados, pues se necesitan más impuestos para mantenerlos, desincentivando con ello la inversión, el ahorro y empleo.
España, a pesar de los impuestos demoledores que cobra, tiene ya el mayor índice de pobreza de toda la Unión Europea, por encima de Grecia o Portugal, a pesar de que los técnicos le vaticinaban el mayor crecimiento y muchas posibilidades de convertirse en una de los países más ricos del continente. España, que es también el país de la Unión Europea con mayor tasa de desempleo (más que Grecia y mucho más que Portugal) y el tercero en volumen de déficit público (por detrás de Grecia e Irlanda), se ha situado ya como el cuarto país europeo con más impuestos (detrás de Bélgica, Dinamarca y Suecia), aunque es el primero si se comparan los impuestos cobrados con los ingresos reales de los ciudadanos.
Pero lo grave e intolerable es que en España, contrariamente a lo que ocurre en Bélgica, Dinamarca y Suecia, la mayor parte del dinero que se recauda no va a sostener el Estado del bienestar, ni tampoco a ayudar a salir de la crisis, sino a mantener una Administración excesivamente engordada por unas autonomías, que sólo beneficia a la casta política.
España está por debajo de la media europea en número de funcionarios de carrera, (Educación, sanidad, seguridad, administración...), el grueso de los impuestos por tanto es para el parasitismo político.
En la mayoría de países de la Unión Europea y del mundo, es el Estado quién concentra más del 80% del gasto público total. Sólo en seis países europeos (Bélgica, Dinamarca, Alemania, España, Finlandia, Suecia) el Estado tiene menos del 80% del gasto. A nivel mundial, de 213 Estados, sólo 25 presentan una estructura descentralizada de gobierno similar a la española.
Si España eliminara las autonomías, fusionara los ayuntamientos pequeños, como han hecho Italia y otros países y eliminara entidades comarcales o mancomunidades ineficaces, tendríamos ya sobradamente solucionado el problema de los 90.000 millones de euros de déficit, sin recortes sociales ni subidas de impuestos.
Merece la pena detenerse en el fenómeno de Andalucía, líder del cobro de impuestos en Europa y, además, señalada como la región mas corrupta de toda Europa y la que tiene un gobierno más denso e intervencionista, dueño o controlador de casi la mitad de toda la vida económica de la región, un fenómeno de poder público que sólo puede compararse con el que existía en las antiguas repúblicas de la Unión Soviética. El conjunto de entidades instrumentales creadas por el gobierno socialista andaluz cuenta con una plantilla de 23.899 personas. Esa enorme masa de personal enchufado, lastra la región andaluza y la obliga a dedicar a sueldos el porcentaje más alto en todas las regiones de Europa, lo que deja poco margen para financiar servicios vitales y provoca que Andalucía sea también líder europeo en desempleo, avance de la pobreza y baja calidad en la enseñanza.
La conclusión que emana de esta terrible invasión de España por parte de los políticos en masa es que el país necesita una reforma urgente que instaure una verdadera democracia y que erradique dramas y vicios que sólo tienen un culpable: la clase política española, una de las mas codiciosas, voraces, ineptas y peores del mundo.
Francisco Rubiales
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