El Partido Popular, en el gobierno, ha cometido un grave error al pretender acabar con la protesta airada de los ciudadanos y el escrache por medio de la represión policial. Esa medida solo conseguirá convencer a muchos ciudadanos que dudaban de que los que han optado por la protesta y el desprecio público a los políticos están cargados de razón.
La opinión pública española, ante el fenómeno del acoso al político, está dividida. Unos piensan que algunos grupos se han pasado de la raya, pero otros creen que los políticos deben dar gracias al cielo porque los ciudadanos se limiten a protestar de manera pacífica, ya que el nivel de injusticia reinante y los estragos causados por la política al ciudadano han sido tan graves e indecentes que podrían haber generado violencia en estado puro.
Para no pocos ciudadanos indecisos hasta ahora ante el fenómeno, el recurso a la represión policial del escrache desvela el rostro totalitario y la arrogancia del partido en el poder, que ha dado instrucciones a la policía de que identifiquen y sancionen a los ciudadanos que acosan a los políticos, confirmando así que "la casta" se autoconsidera una élite intocable, una orden que muchos juristas, diversas asociaciones judiciales y el propio Sindicato Unificado de la Policía (SUP) consideran un claro abuso de poder y una barbaridad jurídica.
El portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP), José María Benito, ha considerado una "barbaridad" la instrucción del Ministerio del Interior para la actuación policial en los escraches, ya que pone a los agentes "a los pies de los caballos" y en riesgo su seguridad jurídica.
Benito ha respondido así a la instrucción de la Dirección Adjunta Operativa de la Policía que se ha distribuido por todas las comisarías y en la que se señala que la policía deberá proceder "en primer lugar a identificar para sancionar a quienes participen" en actos de hostigamiento y acoso a miembros de partidos políticos o sedes de partidos.
Además, añade la instrucción, los agentes procederán a la detención de esas personas "conforme a la legislación vigente", si "se tratara de actos constitutivos de delito".
"Proteger a los políticos amenazados o a cualquier otro ciudadano, sí, pero identificar sin haber cometido una infracción y proponer detenciones es una barbaridad", ha subrayado el portavoz del sindicato mayoritario de la Policía.
Ha recordado que la misión de las fuerzas de seguridad del Estado es proteger a cualquier persona que se sienta amenazada, sea político o no, y evitar que se perpetren actos delictivos contra ella.
Sin embargo, Benito cree que la instrucción de Interior supone "retorcer" la ley de Seguridad Ciudadana porque "si no se está cometiendo ningún delito ni ninguna infracción administrativa, identificar a los ciudadanos y proponerlos para sanción es hacer una lectura torticera" de esa normativa.
Una lectura que, ha advertido José María Benito, puede llevar a identificaciones masivas "sin cobertura legal alguna", lo que, en su opinión, pone en "riesgo" la seguridad jurídica de los policías.
La realidad es que los políticos en el poder, conscientes de que el pueblo está indignado y cabreado porque ellos están cometiendo injusticias y abusando de su poder ante los ciudadanos, quieren cortar de raíz la rebeldía cívica porque sienten un miedo atroz a la reacción de una gente que se considera injustamente maltratada, empobrecida, privada de derechos básicos como el del trabajo, esquilmada con impuestos desproporcionados y vejada por otras actuaciones del poder que consideran contrarias a la decencia y a la democracia.
Aunque sea duro reconocerlo, la verdad es que una parte cada día mayor de la ciudadanía española se siente enfrentada a sus políticos por sus actitudes y políticas arrogantes, injustas y antidemocráticos. Para algunos observadores, el rechazo se está convirtiendo, poco a poco, en un odio peligroso que pone en peligro la convivencia.
Ese rechazo abierto a los políticos no solo se manifiesta ya abiertamente en las encuestas, sino que se plasma en pitadas, abucheos, desprecios públicos y, últimamente, lo que en Argentina llaman "Escrache", que es el acoso directo a los políticos que, en opinión de los ciudadanos, son culpables de abusos o políticas dañinas y antidemocráticas. De hecho, plataformas que unen a ciudadanos estafados por el robo de las participaciones preferentes y subordinadas, junto con los de la plataforma antidesahucios han practicado el escrache con toda crudeza, llagando hasta las puertas de los domicilios de algunos políticos y empapelando las paredes del edificio con sus fotos y denuncias.
El escrache directo es un paso mas en el rechazo al político que crece en España como la espuma, un sentimiento que antes ya se habían manifestado con pitidos, abucheos y con el abandono de locales donde comen o están presentes políticos conocidos.
Los "escracheadores" argumentan que sus actuaciones son legales y están protegidas por los derechos a expresarse y manifestarse y justifican sus acciones afirmando, con razón, que los políticos españoles llevan muchos años "escracheando" y martirizando a los ciudadanos con políticas antidemocráticas y dañinas como las amparadas por la corrupción, el robo, las leyes que regulan las hipotecas y los desahucios, condenadas como contrarias a los derechos humanos por la Justicia europea, y el robo de los ahorros de aquellos que los invirtieron en participaciones preferentes y subordinadas. Cada día son mas los ciudadanos que piensan que, además del escrache, los españoles deberíamos practicar la insumisión fiscal para obligar a los políticos a recaudar primero el dinero que han robado sus colegas, que han esquilmado las cajas de ahorro y parte de las arcas públicas. Sólo cuando el Estado haya recuperado el dinero robado por los políticos y sus amigos delincuentes, el ciudadano se sentirá obligado a pagar su parte a hacienda.
La opinión pública española, ante el fenómeno del acoso al político, está dividida. Unos piensan que algunos grupos se han pasado de la raya, pero otros creen que los políticos deben dar gracias al cielo porque los ciudadanos se limiten a protestar de manera pacífica, ya que el nivel de injusticia reinante y los estragos causados por la política al ciudadano han sido tan graves e indecentes que podrían haber generado violencia en estado puro.
Para no pocos ciudadanos indecisos hasta ahora ante el fenómeno, el recurso a la represión policial del escrache desvela el rostro totalitario y la arrogancia del partido en el poder, que ha dado instrucciones a la policía de que identifiquen y sancionen a los ciudadanos que acosan a los políticos, confirmando así que "la casta" se autoconsidera una élite intocable, una orden que muchos juristas, diversas asociaciones judiciales y el propio Sindicato Unificado de la Policía (SUP) consideran un claro abuso de poder y una barbaridad jurídica.
El portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP), José María Benito, ha considerado una "barbaridad" la instrucción del Ministerio del Interior para la actuación policial en los escraches, ya que pone a los agentes "a los pies de los caballos" y en riesgo su seguridad jurídica.
Benito ha respondido así a la instrucción de la Dirección Adjunta Operativa de la Policía que se ha distribuido por todas las comisarías y en la que se señala que la policía deberá proceder "en primer lugar a identificar para sancionar a quienes participen" en actos de hostigamiento y acoso a miembros de partidos políticos o sedes de partidos.
Además, añade la instrucción, los agentes procederán a la detención de esas personas "conforme a la legislación vigente", si "se tratara de actos constitutivos de delito".
"Proteger a los políticos amenazados o a cualquier otro ciudadano, sí, pero identificar sin haber cometido una infracción y proponer detenciones es una barbaridad", ha subrayado el portavoz del sindicato mayoritario de la Policía.
Ha recordado que la misión de las fuerzas de seguridad del Estado es proteger a cualquier persona que se sienta amenazada, sea político o no, y evitar que se perpetren actos delictivos contra ella.
Sin embargo, Benito cree que la instrucción de Interior supone "retorcer" la ley de Seguridad Ciudadana porque "si no se está cometiendo ningún delito ni ninguna infracción administrativa, identificar a los ciudadanos y proponerlos para sanción es hacer una lectura torticera" de esa normativa.
Una lectura que, ha advertido José María Benito, puede llevar a identificaciones masivas "sin cobertura legal alguna", lo que, en su opinión, pone en "riesgo" la seguridad jurídica de los policías.
La realidad es que los políticos en el poder, conscientes de que el pueblo está indignado y cabreado porque ellos están cometiendo injusticias y abusando de su poder ante los ciudadanos, quieren cortar de raíz la rebeldía cívica porque sienten un miedo atroz a la reacción de una gente que se considera injustamente maltratada, empobrecida, privada de derechos básicos como el del trabajo, esquilmada con impuestos desproporcionados y vejada por otras actuaciones del poder que consideran contrarias a la decencia y a la democracia.
Aunque sea duro reconocerlo, la verdad es que una parte cada día mayor de la ciudadanía española se siente enfrentada a sus políticos por sus actitudes y políticas arrogantes, injustas y antidemocráticos. Para algunos observadores, el rechazo se está convirtiendo, poco a poco, en un odio peligroso que pone en peligro la convivencia.
Ese rechazo abierto a los políticos no solo se manifiesta ya abiertamente en las encuestas, sino que se plasma en pitadas, abucheos, desprecios públicos y, últimamente, lo que en Argentina llaman "Escrache", que es el acoso directo a los políticos que, en opinión de los ciudadanos, son culpables de abusos o políticas dañinas y antidemocráticas. De hecho, plataformas que unen a ciudadanos estafados por el robo de las participaciones preferentes y subordinadas, junto con los de la plataforma antidesahucios han practicado el escrache con toda crudeza, llagando hasta las puertas de los domicilios de algunos políticos y empapelando las paredes del edificio con sus fotos y denuncias.
El escrache directo es un paso mas en el rechazo al político que crece en España como la espuma, un sentimiento que antes ya se habían manifestado con pitidos, abucheos y con el abandono de locales donde comen o están presentes políticos conocidos.
Los "escracheadores" argumentan que sus actuaciones son legales y están protegidas por los derechos a expresarse y manifestarse y justifican sus acciones afirmando, con razón, que los políticos españoles llevan muchos años "escracheando" y martirizando a los ciudadanos con políticas antidemocráticas y dañinas como las amparadas por la corrupción, el robo, las leyes que regulan las hipotecas y los desahucios, condenadas como contrarias a los derechos humanos por la Justicia europea, y el robo de los ahorros de aquellos que los invirtieron en participaciones preferentes y subordinadas. Cada día son mas los ciudadanos que piensan que, además del escrache, los españoles deberíamos practicar la insumisión fiscal para obligar a los políticos a recaudar primero el dinero que han robado sus colegas, que han esquilmado las cajas de ahorro y parte de las arcas públicas. Sólo cuando el Estado haya recuperado el dinero robado por los políticos y sus amigos delincuentes, el ciudadano se sentirá obligado a pagar su parte a hacienda.