Cada vez que existe un problema grave en España, los gestores públicos fracasan y eso ocurre porque los partidos políticos se han transformado en maquinarias de poder y de dominio, en estructuras clientelares que premian la lealtad y el sometimiento al lider de sus miembros, más que la preparación y la eficiencia de sus cuadros, que cada día son más mediocres. Todo su esfuerzo se concentra en ganar el poder, en conservarlo y expandirlo, contando para ello con un ejército de leales y sumisos militantes. Como consecuencia, descuidan la preparación y carecen de la pericia necesaria para ejercer el poder en países modernos y complejos como hoy es España.
Lo único que se le exige hoy a un alto cargo político en España es lealtad al partido y al jefe. En términos profesionales, a ese alto cargo, que muchas veces debe tomar decisiones delicadas y de gran importancia para la comunidad, se le exige menos que a un barrendero municipal: ni título superior, ni idiomas, ni capacidad de liderazgo, ni informática, ni conocimientos técnicos, ni humanidades...
Los partidos hablan de reformar la Constitución para que una mujer pueda ser jefa del Estado o para que algunos ególatras nacionalistas sientan el placer de llamar "nación" a Cataluña. Hablan también de reformar los estatutos autonómicos para que los presidentes y gobiernos regionales acaparen más poder. Pero ningún partido habla de incrementar las exigencias profesionales y técnicas a diputados, ministros, consejeros y a otros altos cargos de la Administración y gestores del gobierno, a los que los ciudadanos estamos obligados a soportar cometiendo fallos garrafales en los momentos decisivos, planificando mal y representando ridículamente a España en los foros internacionales, sin saber ni siquiera expresarse en otro idioma que el que aprendieron de niños.
Lo único que se le exige hoy a un alto cargo político en España es lealtad al partido y al jefe. En términos profesionales, a ese alto cargo, que muchas veces debe tomar decisiones delicadas y de gran importancia para la comunidad, se le exige menos que a un barrendero municipal: ni título superior, ni idiomas, ni capacidad de liderazgo, ni informática, ni conocimientos técnicos, ni humanidades...
Los partidos hablan de reformar la Constitución para que una mujer pueda ser jefa del Estado o para que algunos ególatras nacionalistas sientan el placer de llamar "nación" a Cataluña. Hablan también de reformar los estatutos autonómicos para que los presidentes y gobiernos regionales acaparen más poder. Pero ningún partido habla de incrementar las exigencias profesionales y técnicas a diputados, ministros, consejeros y a otros altos cargos de la Administración y gestores del gobierno, a los que los ciudadanos estamos obligados a soportar cometiendo fallos garrafales en los momentos decisivos, planificando mal y representando ridículamente a España en los foros internacionales, sin saber ni siquiera expresarse en otro idioma que el que aprendieron de niños.