El poder político cada día se atrinchera más en sus privilegios y se rodea de fuerza visible para imponer miedo. Su alianza con los ciudadanos se está rompiendo porque los representados ya no se fían de sus representantes y la figura del político pierde prestigio constantemente. En estas circunstancias, el papel de los servidores del poder (periodistas, sociólogos, asesores, guardaespaldas, etc.), encargados de fortalecer y blindar el poder, cobra cada día más protagonismo y fuerza. En mi libro "Políticos, los nuevos amos" hay un par de capítulos dedicados a estudiar el papel de los servidores del poder. He aquí algunas pinceladas:
Si antes de la Revolución Francesa los nobles y el clero gozaban de un fuero especial, ese mismo privilegio corresponde ahora a los ministros, diputados y senadores de las democracias, es decir, a la nueva clase dominante, a los nuevos amos. La lista de privilegios y fueros especiales parece interminable: autoridad, inviolabilidad, inmunidad parlamentaria, protección policial, acceso a información reservada, uso de recursos públicos, apoyo jurídico, vehículos, secretarias....
Los representantes políticos y sus estructuras de partidos son conscientes de que la representatividad vigente, que en la práctica suele eliminar del escenario político a los ciudadanos, salvo cuando se abren las urnas, tiene demasiados puntos débiles desde la óptica del derecho político. Saben que al ciudadano no se le puede expulsar por completo del escenario democrático, ya que algunos de sus derechos y deberes no son delegables. Sabedores también de que el verdadero poder soberano, al menos en teoría, reside en los ciudadanos, suelen construir teorías que justifican esa usurpación, al mismo tiempo que ante los ojos del ciudadano aparecen protegidos por una legión de servidores capaces de utilizar la fuerza bruta y el miedo en la defensa del poder.
La propaganda y el derecho, junto con la religión y la magia, fueron siempre, y siguen siendo, los grandes servidores del poder.
La propaganda, la defensa del poder del amo ante la sociedad, esa búsqueda del consenso que en la antigüedad realizaban sacerdotes y magos y en la Edad Media era ejercida por los autos de fe y los sermones de la Iglesia, corren hoy por cuenta de los medios de comunicación, capaces de realizar ese trabajo con mayor alcance y eficacia en un mundo globalizado y acostumbrado a recibir influencia mediática. El papel que ejercían antiguamente los pintores, inmortalizando con carácter ejemplarizante el boato de la Corte o las barbaries de los herejes, lo cumplen hoy los fotógrafos de prensa.
Las teorías expuestas por Maquiavelo en El Príncipe crearon escuela y fueron incorporadas al derecho en los siglos XVI y XVII. Se establece entonces la equivalencia absoluta entre poder y derecho, lo que equivale a que el derecho queda sometido al poder o a la política. En este periodo aparece el concepto de "razón de Estado", cuyo creador fue Giovanni Botero: "En las amistades y las enemistades, los príncipes se gobiernan según les conviene. Y al igual que algunos alimentos de naturaleza insípida reciben sabor de la sazón que les da el cocinero, así también los príncipes, careciendo por sí mismos de propensión, se inclinan hacia esta o aquella parte, según se adapte al interés de su ánimo y pasión, porque, en conclusión, razón de Estado es poco más que razón de interés".
Desde entonces, la "razón de Estado" campea por el derecho y se entroniza como uno de los núcleos de la política. El político se rige por el criterio de que el Estado debe mantenerse y conservarse por encima de todo, sometiendo a ese principio cualquier otro valor o derecho. El jurista se coloca entonces, irremediablemente, al servicio del Estado y el derecho pasa a depender de la política. El liberal Tocqueville describe así la situación: "En todos los pueblos civilizados, al lado de un déspota que manda se encuentra casi siempre un jurista que legaliza y sistematiza la voluntad arbitraria e incoherente del primero. Al amor general e indefinido por el poder que sienten los reyes, los juristas unen el gusto por el método y la ciencia del detalle del gobierno, que ellos poseen de forma natural [...]. Cuando estas dos fuerzas se cruzan, se establece un despotismo que apenas deja respirar a la Humanidad. Quien sólo tiene la experiencia del príncipe y carece de la del jurista no conoce más que una parte de la tiranía. Es necesario referirse a ambas a la vez para comprender el todo".
Ante esta justicia injusta, el ciudadano justo debe sentirse indignado y luchar. Como decía Henry David Thoreau, "bajo un gobierno que encarcela a cualquiera de forma injusta, el lugar para el hombre justo también es la cárcel".
La osadía del poder ejecutivo y la suprema entronización de la sospecha como método infalible para administrar justicia han hecho posible que ese mecanismo nefasto se utilice también en la política, en la milicia, en la seguridad y en otras manifestaciones del poder. La II Guerra del Golfo, lanzada contra Irak en el año 2003, no tuvo otro fundamento legal que la sospecha de que Irak poseía armas de exterminio masivo, presunción que después, como quedó demostrado, era falsa. Ocurrió con Irak lo mismo que sucede miles de veces cada día en la administración de la justicia, que un inocente molesto, acusado por un poderoso que sospecha, es perseguido y arrestado de manera preventiva. Cuando más tarde se comprueba que la sospecha era falsa, el ya perseguido y castigado, a veces meses o años después, queda absuelto por falta de pruebas.
Si antes de la Revolución Francesa los nobles y el clero gozaban de un fuero especial, ese mismo privilegio corresponde ahora a los ministros, diputados y senadores de las democracias, es decir, a la nueva clase dominante, a los nuevos amos. La lista de privilegios y fueros especiales parece interminable: autoridad, inviolabilidad, inmunidad parlamentaria, protección policial, acceso a información reservada, uso de recursos públicos, apoyo jurídico, vehículos, secretarias....
Los representantes políticos y sus estructuras de partidos son conscientes de que la representatividad vigente, que en la práctica suele eliminar del escenario político a los ciudadanos, salvo cuando se abren las urnas, tiene demasiados puntos débiles desde la óptica del derecho político. Saben que al ciudadano no se le puede expulsar por completo del escenario democrático, ya que algunos de sus derechos y deberes no son delegables. Sabedores también de que el verdadero poder soberano, al menos en teoría, reside en los ciudadanos, suelen construir teorías que justifican esa usurpación, al mismo tiempo que ante los ojos del ciudadano aparecen protegidos por una legión de servidores capaces de utilizar la fuerza bruta y el miedo en la defensa del poder.
La propaganda y el derecho, junto con la religión y la magia, fueron siempre, y siguen siendo, los grandes servidores del poder.
La propaganda, la defensa del poder del amo ante la sociedad, esa búsqueda del consenso que en la antigüedad realizaban sacerdotes y magos y en la Edad Media era ejercida por los autos de fe y los sermones de la Iglesia, corren hoy por cuenta de los medios de comunicación, capaces de realizar ese trabajo con mayor alcance y eficacia en un mundo globalizado y acostumbrado a recibir influencia mediática. El papel que ejercían antiguamente los pintores, inmortalizando con carácter ejemplarizante el boato de la Corte o las barbaries de los herejes, lo cumplen hoy los fotógrafos de prensa.
Las teorías expuestas por Maquiavelo en El Príncipe crearon escuela y fueron incorporadas al derecho en los siglos XVI y XVII. Se establece entonces la equivalencia absoluta entre poder y derecho, lo que equivale a que el derecho queda sometido al poder o a la política. En este periodo aparece el concepto de "razón de Estado", cuyo creador fue Giovanni Botero: "En las amistades y las enemistades, los príncipes se gobiernan según les conviene. Y al igual que algunos alimentos de naturaleza insípida reciben sabor de la sazón que les da el cocinero, así también los príncipes, careciendo por sí mismos de propensión, se inclinan hacia esta o aquella parte, según se adapte al interés de su ánimo y pasión, porque, en conclusión, razón de Estado es poco más que razón de interés".
Desde entonces, la "razón de Estado" campea por el derecho y se entroniza como uno de los núcleos de la política. El político se rige por el criterio de que el Estado debe mantenerse y conservarse por encima de todo, sometiendo a ese principio cualquier otro valor o derecho. El jurista se coloca entonces, irremediablemente, al servicio del Estado y el derecho pasa a depender de la política. El liberal Tocqueville describe así la situación: "En todos los pueblos civilizados, al lado de un déspota que manda se encuentra casi siempre un jurista que legaliza y sistematiza la voluntad arbitraria e incoherente del primero. Al amor general e indefinido por el poder que sienten los reyes, los juristas unen el gusto por el método y la ciencia del detalle del gobierno, que ellos poseen de forma natural [...]. Cuando estas dos fuerzas se cruzan, se establece un despotismo que apenas deja respirar a la Humanidad. Quien sólo tiene la experiencia del príncipe y carece de la del jurista no conoce más que una parte de la tiranía. Es necesario referirse a ambas a la vez para comprender el todo".
Ante esta justicia injusta, el ciudadano justo debe sentirse indignado y luchar. Como decía Henry David Thoreau, "bajo un gobierno que encarcela a cualquiera de forma injusta, el lugar para el hombre justo también es la cárcel".
La osadía del poder ejecutivo y la suprema entronización de la sospecha como método infalible para administrar justicia han hecho posible que ese mecanismo nefasto se utilice también en la política, en la milicia, en la seguridad y en otras manifestaciones del poder. La II Guerra del Golfo, lanzada contra Irak en el año 2003, no tuvo otro fundamento legal que la sospecha de que Irak poseía armas de exterminio masivo, presunción que después, como quedó demostrado, era falsa. Ocurrió con Irak lo mismo que sucede miles de veces cada día en la administración de la justicia, que un inocente molesto, acusado por un poderoso que sospecha, es perseguido y arrestado de manera preventiva. Cuando más tarde se comprueba que la sospecha era falsa, el ya perseguido y castigado, a veces meses o años después, queda absuelto por falta de pruebas.