La política fiscal española tiene dos grandes frentes abiertos, que son como dos heridas que sangran y convierten el sistema fiscal en un drama injusto y patético. Por una parte están los impuestos, muchos de los cuales son injustos, abusivos, confiscatorios y anticonstitucionales. Por otra parte están los cobradores, los políticos que gobiernan, que han demostrado con creces que no son fiables, que están manchados de corrupción y que a veces se quedan con el dinero recaudado o lo despilfarran de manera inmoral y corrupta.
Hay un tercer problema en la fiscalidad española, que consiste en la forma abusiva, cruel y despiadada con que se aplica el cobro de impuestos, donde las tasaciones y los intereses son demasiado elevados y causan con frecuencia la ruina a las víctimas.
Pero la clave está en el cobrador, que no tiene autoridad moral para cobrar, lo que quita legitimidad a ese cobro.
Cuando quien cobra el dinero carece de solvencia ética y no es fiable, los impuestos se convierten en atracos y el ciudadano tiene derecho a intentar evitar el pago, dentro de sus posibilidades y de la legalidad. Huir a paraísos fiscales, colocar el dinero, declarándolo, en otros países, o realizar todas las maniobras legales posibles para eludir el máximo de tributación se convierten así en conductas lógicas y perfectamente justificadas porque los cobradores, para los contribuyentes, carecen de razón, empatía y de solvencia moral.
Fijemos la vista en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, el más impopular y denostado de España, junto con el del patrimonio, por ser confiscatorios y antconstitucionales porque la cuantía a pagar depende siempre de la comunidad autónoma donde se tributa y de la crueldad de los cobradores y tasadores.
Durante muchos años, heredar en Canarias era mil veces más barato que heredar en Andalucía, cuando allí mandaban los socialistas. En las comunidades socialistas de España, por lo general, se tributa mucho más que en las comunidades gobernadas por la derecha, lo que constituye una violación clara del principio constitucional de "igualdad" de los españoles ante las leyes.
Pero hay otros aspectos del impuesto de Sucesiones que reflejan la profunda inmoralidad de los cobradores, que aplican ese impuesto de manera injusta e inmisericorde, cobran intereses leoninos, imponiendo multas y sanciones, inmobilizando y confiscando los bienes heredados y subastándolos después por precios ridículos, ante el estupor y la angustia de las familias herederas, muchas de las cuales terminan arruinadas por la voracidad de las administraciones.
Hay todo un mundo de suciedad e injusticia pululando en torno al cobro de impuestos, que en España ha dejado de ser una cuestión de solidaridad para convertirse en una obligación que hay que cumplir únicamente por miedo a las sanciones. Las subastas están bajo sospecha de estar amañadas y la evidencia demuestra que los compradores son muchas veces amigos del poder que reciben chivatazos sospechosos.
Ocurre con frecuencia que una propiedad que el gobierno ha tasado en medio millón de euros, por ejemplo, sea subastada y adjudicada por una tercera o cuarta parte de ese precio. La familia que ha heredado esa propiedad no puede participar en la subasta, ni puede entregar ese bien en pago a Hacienda, lo que muchas veces la conduce a la ruina segura.
Además, están las sospechas de truco y corrupción. Cada vez más ciudadanos creen que los políticos y sus amigos no pagan determinados impuestos, que se dejan prescribir sin ser reclamados cuando el titular es un militante o amigo del poder y tampoco creen que el dinero que se les cobra sirva para mejorar los servicios y ayudar a los más débiles. Por la general, los que pagan creen que les están robando legalmente y que su dinero podría terminan en el bolsillo de uno de los miles de políticos corruptos que se atrincheran en el Estado.
España necesita una reforma fiscal, pero sobre todo necesita una cura ética que convenza a los ciudadanos que los políticos y sus partidos son legales y decentes, no bandas de forajidos amparadas por el poder y por la facilidad con que aprueban leyes que les benefician.
Recientemente, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, tal vez inconscientemente, descubrió el pastel y demostró la bajeza corrupta del poder político en España. En uno d sus discursos dijo que su gobierno "gobierna y legisla", toda una brutalidad antidemocrática porque los gobiernos, en democracia, nunca legislan. Las leyes, al menos en teoría, las hacen los pueblo, a través de sus representantes electos como diputados y senadores, nunca los gobiernos.
Pero España es un país diferente hasta en su corrupción.
Francisco Rubiales
Hay un tercer problema en la fiscalidad española, que consiste en la forma abusiva, cruel y despiadada con que se aplica el cobro de impuestos, donde las tasaciones y los intereses son demasiado elevados y causan con frecuencia la ruina a las víctimas.
Pero la clave está en el cobrador, que no tiene autoridad moral para cobrar, lo que quita legitimidad a ese cobro.
Cuando quien cobra el dinero carece de solvencia ética y no es fiable, los impuestos se convierten en atracos y el ciudadano tiene derecho a intentar evitar el pago, dentro de sus posibilidades y de la legalidad. Huir a paraísos fiscales, colocar el dinero, declarándolo, en otros países, o realizar todas las maniobras legales posibles para eludir el máximo de tributación se convierten así en conductas lógicas y perfectamente justificadas porque los cobradores, para los contribuyentes, carecen de razón, empatía y de solvencia moral.
Fijemos la vista en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, el más impopular y denostado de España, junto con el del patrimonio, por ser confiscatorios y antconstitucionales porque la cuantía a pagar depende siempre de la comunidad autónoma donde se tributa y de la crueldad de los cobradores y tasadores.
Durante muchos años, heredar en Canarias era mil veces más barato que heredar en Andalucía, cuando allí mandaban los socialistas. En las comunidades socialistas de España, por lo general, se tributa mucho más que en las comunidades gobernadas por la derecha, lo que constituye una violación clara del principio constitucional de "igualdad" de los españoles ante las leyes.
Pero hay otros aspectos del impuesto de Sucesiones que reflejan la profunda inmoralidad de los cobradores, que aplican ese impuesto de manera injusta e inmisericorde, cobran intereses leoninos, imponiendo multas y sanciones, inmobilizando y confiscando los bienes heredados y subastándolos después por precios ridículos, ante el estupor y la angustia de las familias herederas, muchas de las cuales terminan arruinadas por la voracidad de las administraciones.
Hay todo un mundo de suciedad e injusticia pululando en torno al cobro de impuestos, que en España ha dejado de ser una cuestión de solidaridad para convertirse en una obligación que hay que cumplir únicamente por miedo a las sanciones. Las subastas están bajo sospecha de estar amañadas y la evidencia demuestra que los compradores son muchas veces amigos del poder que reciben chivatazos sospechosos.
Ocurre con frecuencia que una propiedad que el gobierno ha tasado en medio millón de euros, por ejemplo, sea subastada y adjudicada por una tercera o cuarta parte de ese precio. La familia que ha heredado esa propiedad no puede participar en la subasta, ni puede entregar ese bien en pago a Hacienda, lo que muchas veces la conduce a la ruina segura.
Además, están las sospechas de truco y corrupción. Cada vez más ciudadanos creen que los políticos y sus amigos no pagan determinados impuestos, que se dejan prescribir sin ser reclamados cuando el titular es un militante o amigo del poder y tampoco creen que el dinero que se les cobra sirva para mejorar los servicios y ayudar a los más débiles. Por la general, los que pagan creen que les están robando legalmente y que su dinero podría terminan en el bolsillo de uno de los miles de políticos corruptos que se atrincheran en el Estado.
España necesita una reforma fiscal, pero sobre todo necesita una cura ética que convenza a los ciudadanos que los políticos y sus partidos son legales y decentes, no bandas de forajidos amparadas por el poder y por la facilidad con que aprueban leyes que les benefician.
Recientemente, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, tal vez inconscientemente, descubrió el pastel y demostró la bajeza corrupta del poder político en España. En uno d sus discursos dijo que su gobierno "gobierna y legisla", toda una brutalidad antidemocrática porque los gobiernos, en democracia, nunca legislan. Las leyes, al menos en teoría, las hacen los pueblo, a través de sus representantes electos como diputados y senadores, nunca los gobiernos.
Pero España es un país diferente hasta en su corrupción.
Francisco Rubiales