Su nombre es Jesús Chamizo y lleva 16 años como Defensor del Pueblo Andaluz, demasiado tiempo en el cargo, algo desaconsejable en democracia. Su nombramiento no depende de los ciudadanos, a los que en teoría defiende, sino de los políticos, a los que en teoría debería fustigar y acosar por sus errores, abusos y violaciones de los derechos del pueblo. Pero ocurre algo insólito y revelador: esos políticos que deberían sentirse incómodos por su labor le apoyan y le renuevan el mandato una vez tras otra, sin que los ciudadanos, en ningún momento, puedan opinar. Nació en 1949 y ejerció como sacerdote católico en sus años jóvenes. Probablemente, es más decente que la inmensa mayoría de sus colegas de la política andaluza, pero su "eterna" permanencia en el poder es todo un símbolo de que el sistema no funciona, es corrupto y rabiosamente antidemocrático. Si hubiera defendido de verdad a un pueblo como el andaluz, oprimido como pocos, atrasado y vejado por el clientelismo, la dependencia excesiva del poder y los abusos corruptos de gente que lleva más de tres décadas mandando en Andalucía, los políticos le habrían echado del cargo hace muchos años. El dato es incuestionable.
El sistema es perverso, corrupto y está viciado en su origen porque el Defensor del Pueblo debería ser elegido por ese pueblo al que debe defender. Sin embargo, en España, un país sin ciudadanos donde la democracia fue asesinada cuando nació, tras la muerte de Franco, son los políticos los que le eligen y destituyen. Es una aberración intolerable del sistema que permite que los defensores del pueblo, que deberían ser "fieras" incómodas en su defensa de los mil veces violados derechos ciudadanos, sean gente cómoda para el poder. Todo un esperpento en democracia.
Benigno López, defensor del pueblo gallego, es un ejemplo de cómo el sistema funciona de manera perversa, sometido a los criterios de los políticos y sin un solo gramo de participación ciudadana. Benigno acaba de presentar su dimisión, forzado por los partidos políticos, tras haber pedido la suspensión de la ley de Dependencia, como consecuencia de la crisis. Finalmente, los partidos le han echado, pero al pueblo gallego ni siquiera le han preguntado lo que piensa y desea.
La democracia española está tan plagada de irregularidades y trampas que más bien parece una tiranía camuflada. Que el defensor del pueblo sea elegido por los políticos, que son, precisamente, los responsables de casi todas las reclamaciones que debe tramitar esa Institución, es una de las más sangrantes chapuzas del triste sistema que gobierna a los españoles.
Si, encima, esos mismos políticos lo reeligen, la chapuza ya huele a apaño. Si la institución funcionara correctamente, el defensor del pueblo, en una época de tantas tensiones, enfrentamientos y carencias democráticas, debería ser un personaje denostado por la clase política y querido por los ciudadanos, pero no es eso lo que ocurre en España.
Como el sistema está viciado, el Defensor del Pueblo, consciente de que su puesto depende de los políticos, lógicamente debe trabajar para satisfacerlos. Su reelección depende, precisamente, de que los grandes partidos se sientan contentos con su trabajo, una especie de locura surrealista porque la figura del defensor está ideada, precisamente, para defender a los ciudadanos frente a los errores, abusos y arbitrariedades del gobierno y de los partidos políticos, casi siempre con un poder excesivo, capaz de "aplastar" al simple ciudadano.
Enrique Múgica Herzog fue Defensor del Pueblo Español desde el día 15 de junio de 2000 y fue reelegido el 30 de junio de 2005 para un nuevo mandato, que terminó con su relevo en el año 2010. En la parte final de su mandato tuvo el gesto valiente de cuestionar y recurrir el Estatuto de Cataluña, un documento que posteriormente fue declarado anticonstitucional. Su gesto, probablemente el más decente de su mandato, terminó costándole el cargo porque los políticos le echaron, sin que el pueblo jamás pudiera pronunciarse.
José Chamizo, defensor del pueblo andaluz, disfruta del cargo desde julio de 1996. Desde entonces ha sido reelegido una y otra vez, lo que significa que su trabajo "satisface" al poder dominante, algo insólito en una tierra donde la sociedad padece un poder político agobiante, sin apenas controles y protagonista de abusos, arbitrariedades, corrupciones, irregularidades y muchos dramas, algunos de los cueles llegan hasta la oficina del "Defensor" en busca de justicia y amparo.
La única explicación de que los defensores del pueblo en España sean reelegidos una y otra vez por la clase política es que trabajan para beneficiar y satisfacer a los políticos, que son los que les eligen, no para el pueblo, al que la institución debe defender y amparar, precisamente de los abusos y atropellos del poder político.
Hay otros muchos casos de defensores autonómicos que se integran en el poder, sin que se les note en nada que están defendiendo a los ciudadanos. Casi todos reciben de los políticos alabanzas y son premiados con la reelección, lo que constituye un ejemplo más de que la democracia, en España, es una estafa.
El sistema es perverso, corrupto y está viciado en su origen porque el Defensor del Pueblo debería ser elegido por ese pueblo al que debe defender. Sin embargo, en España, un país sin ciudadanos donde la democracia fue asesinada cuando nació, tras la muerte de Franco, son los políticos los que le eligen y destituyen. Es una aberración intolerable del sistema que permite que los defensores del pueblo, que deberían ser "fieras" incómodas en su defensa de los mil veces violados derechos ciudadanos, sean gente cómoda para el poder. Todo un esperpento en democracia.
Benigno López, defensor del pueblo gallego, es un ejemplo de cómo el sistema funciona de manera perversa, sometido a los criterios de los políticos y sin un solo gramo de participación ciudadana. Benigno acaba de presentar su dimisión, forzado por los partidos políticos, tras haber pedido la suspensión de la ley de Dependencia, como consecuencia de la crisis. Finalmente, los partidos le han echado, pero al pueblo gallego ni siquiera le han preguntado lo que piensa y desea.
La democracia española está tan plagada de irregularidades y trampas que más bien parece una tiranía camuflada. Que el defensor del pueblo sea elegido por los políticos, que son, precisamente, los responsables de casi todas las reclamaciones que debe tramitar esa Institución, es una de las más sangrantes chapuzas del triste sistema que gobierna a los españoles.
Si, encima, esos mismos políticos lo reeligen, la chapuza ya huele a apaño. Si la institución funcionara correctamente, el defensor del pueblo, en una época de tantas tensiones, enfrentamientos y carencias democráticas, debería ser un personaje denostado por la clase política y querido por los ciudadanos, pero no es eso lo que ocurre en España.
Como el sistema está viciado, el Defensor del Pueblo, consciente de que su puesto depende de los políticos, lógicamente debe trabajar para satisfacerlos. Su reelección depende, precisamente, de que los grandes partidos se sientan contentos con su trabajo, una especie de locura surrealista porque la figura del defensor está ideada, precisamente, para defender a los ciudadanos frente a los errores, abusos y arbitrariedades del gobierno y de los partidos políticos, casi siempre con un poder excesivo, capaz de "aplastar" al simple ciudadano.
Enrique Múgica Herzog fue Defensor del Pueblo Español desde el día 15 de junio de 2000 y fue reelegido el 30 de junio de 2005 para un nuevo mandato, que terminó con su relevo en el año 2010. En la parte final de su mandato tuvo el gesto valiente de cuestionar y recurrir el Estatuto de Cataluña, un documento que posteriormente fue declarado anticonstitucional. Su gesto, probablemente el más decente de su mandato, terminó costándole el cargo porque los políticos le echaron, sin que el pueblo jamás pudiera pronunciarse.
José Chamizo, defensor del pueblo andaluz, disfruta del cargo desde julio de 1996. Desde entonces ha sido reelegido una y otra vez, lo que significa que su trabajo "satisface" al poder dominante, algo insólito en una tierra donde la sociedad padece un poder político agobiante, sin apenas controles y protagonista de abusos, arbitrariedades, corrupciones, irregularidades y muchos dramas, algunos de los cueles llegan hasta la oficina del "Defensor" en busca de justicia y amparo.
La única explicación de que los defensores del pueblo en España sean reelegidos una y otra vez por la clase política es que trabajan para beneficiar y satisfacer a los políticos, que son los que les eligen, no para el pueblo, al que la institución debe defender y amparar, precisamente de los abusos y atropellos del poder político.
Hay otros muchos casos de defensores autonómicos que se integran en el poder, sin que se les note en nada que están defendiendo a los ciudadanos. Casi todos reciben de los políticos alabanzas y son premiados con la reelección, lo que constituye un ejemplo más de que la democracia, en España, es una estafa.