Hablan de reformar la Constitución para que una mujer pueda ser Jefa del Estado o para que algunos nacionalistas satisfagan su ego llamando a Calaluña "nación", pero nadie menciona la reforma que más necesita el sistema político español para que pueda ser llamado "democracia": la urgente reestructuración de los partidos políticos, que han ocupado el Estado y la sociedad; el restablecimiento de la independencia de los poderes básicos del Estado, infiltrados y dominados por los partidos políticos; y el fortalecimiento de la sociedad civil, ocupada y asfixiada por los partidos políticos, hasta colocarla al borde del colapso.
Todos nuestros partidos políticos, desde el PP al PSOE, sin olvidar a IU y a los nacionalistas, padecen la misma enfermedad: una insaciable, irrefrenable e insana apetencia de poder que les lleva a nombrar jueces, controlar las cámaras legislativas, que, en teoría, representan al pueblo, y de ocupar, dominar o influir poderosamente, con sus piezas políticas o a través de los presupuestos, a universidades, cajas de ahorros, muchas grandes empresas, medios de comunicación, asociaciones de vecinos, sindicatos, fundaciones, organizaciones patronales y hasta colegios profesionales, y asociaciones culturales y deportivas.
Los partidos actuan de ese modo voraz porque se han transformado en máquinarias de poder y se creen legitimados por las urnas para ocuparlo todo. Cuando ocupan un territorio que en democracia les está vedado, lo hacen en nombre de la voluntad popular y de la misma democracia, sin tener en cuenta que una legión de ciudadanos, filósofos y pensadores les recrimanan esa voracidad desde hace tres siglos y consideran ilegítima una democracia en la que los poderes del Estado no funcionen con independencia y cuya sociedad civil no pueda operar libremente e influir al margen del poder político.
Los partidos políticos, convertidos en maquinarias especializadas en conquistar, conservar y expandir el poder, han penetrado y ocupado los grandes núcleos del Estado y de la sociedad civil, sin detenerse siquiera en el nombramiento de jueces y magistrados, politizando así una justicia que los teóricos de la democracia consideran inviolable y que debe funcionar necesariamente con independencia para que la verdadera democracia exista.
La retirada urgente de los partidos políticos de los grandes poderes del Estado y de la sociedad civil es, junto con una reforma de la Ley Electoral que impida las antidemocráticas listas cerradas y bloqueadas, son las reformas que España necesita con mayor urgencia, mucho más que llamar "nación" a Cataluña, o que reformar el "Estatuto" de Andalucía, o que hacer posible que una infanta pueda ser reina. Mucho más.
Todos nuestros partidos políticos, desde el PP al PSOE, sin olvidar a IU y a los nacionalistas, padecen la misma enfermedad: una insaciable, irrefrenable e insana apetencia de poder que les lleva a nombrar jueces, controlar las cámaras legislativas, que, en teoría, representan al pueblo, y de ocupar, dominar o influir poderosamente, con sus piezas políticas o a través de los presupuestos, a universidades, cajas de ahorros, muchas grandes empresas, medios de comunicación, asociaciones de vecinos, sindicatos, fundaciones, organizaciones patronales y hasta colegios profesionales, y asociaciones culturales y deportivas.
Los partidos actuan de ese modo voraz porque se han transformado en máquinarias de poder y se creen legitimados por las urnas para ocuparlo todo. Cuando ocupan un territorio que en democracia les está vedado, lo hacen en nombre de la voluntad popular y de la misma democracia, sin tener en cuenta que una legión de ciudadanos, filósofos y pensadores les recrimanan esa voracidad desde hace tres siglos y consideran ilegítima una democracia en la que los poderes del Estado no funcionen con independencia y cuya sociedad civil no pueda operar libremente e influir al margen del poder político.
Los partidos políticos, convertidos en maquinarias especializadas en conquistar, conservar y expandir el poder, han penetrado y ocupado los grandes núcleos del Estado y de la sociedad civil, sin detenerse siquiera en el nombramiento de jueces y magistrados, politizando así una justicia que los teóricos de la democracia consideran inviolable y que debe funcionar necesariamente con independencia para que la verdadera democracia exista.
La retirada urgente de los partidos políticos de los grandes poderes del Estado y de la sociedad civil es, junto con una reforma de la Ley Electoral que impida las antidemocráticas listas cerradas y bloqueadas, son las reformas que España necesita con mayor urgencia, mucho más que llamar "nación" a Cataluña, o que reformar el "Estatuto" de Andalucía, o que hacer posible que una infanta pueda ser reina. Mucho más.