El fin de las autonomías ya es casi un clamor, pero pronto será un grito que atravesará España de parte a parte, estridente y potente para la ciudadanía, pero inaudible para una clase política que, a pesar de las demandas populares, no está dispuesta a ceder y a prescindir de una estructura de poder autonómico que les concede espacios inmensos para ejercer su dominio y recursos para vivir como sátrapas y conseguir que cientos de miles de sus militantes y amigos cobren del Estado.
Hace casi tres meses que se aplicó el artículo 155 de la Constitución y se intervino la Generalitat de Cataluña. Se han cesado a todos los Consellers y a todos los demás cargos de confianza del gobierno catalán y los ministros del gobierno central han pasado a desempeñar las responsabilidades de los antiguos consejeros. Se sabe que ningún ministro tuvo que ir a Barcelona a ocupar el despacho y el asiento del antiguo responsable del gobierno catalán. También se sabe que en Cataluña están funcionando con total normalidad los hospitales, los transportes públicos, los colegios, se ejecutan las obras que estaban programadas y los proveedores están cobrando con total normalidad. Es un dato cierto que la Administración pública catalana funciona normalmente y sin problemas.
Entonces, como personas inteligentes que somos, nos preguntamos ¿Para que sirve tener esos consejeros, asesores y la inmensa corte de enchufados que el gobierno autónomo catalán trae consigo? Si desde Madrid se consigue que toda una región como Cataluña, la más rica de España y la segunda más poblada, funcione como un reloj y sin incidente alguno y sin que haya un ministro que esté físicamente allí ¿Para qué necesitamos tanta parafernalia de organización autonómica?
Si Cataluña funciona estupendamente sin Consellers ni Parlament, las demás autonomías también pueden funcionar del mismo modo.
La conclusión es que todo el sistema autonómico hipertrofiado que posee España es prescindible y que con la supresión de las autonomías se ahorraría tal cantidad de dinero que habría suficiente para asegurar las pensiones y incrementar, de manera sustancial, los presupuestos de Sanidad, Educación, Defensa y de todos los servicios y ministerios.
Los 17 gobiernos autonómicos son el cáncer de España y se mantienen únicamente porque los políticos quieren, por pura opresión y abuso de poder. La supresión de la parafernalia autonómica, intensa y crecientemente deseada por los españoles, es una reivindicación decente y justa que debe convertirse en la primera exigencia a sus gobernantes de un pueblo indignado y cansado de suportar abusos, impuestos desproporcionados e imposiciones de unos partidos políticos y de unos políticos profesionales que cada día se alejan más del servicio al pueblo y de la defensa del bien común para centrarse en sus propios intereses y en las distintas facetas de la corrupción y el oprobio.
Los españoles recuerdan el Franquismo cada día con más respeto y admiración, cansados de soportar los abusos y mentiras de los falsos demócratas que gobiernan España para su propio beneficio. En los tiempos de la dictadura sólo existía un gobierno central y era tan austero que no necesitaba cobrar impuestos a los ciudadanos y que tenía menos personal a sueldo del Estado de el que tienen hoy Cataluña, Andalucía y otras comunidades autónomas españolas.
El balance de las autonomías después de cuatro décadas de funcionamiento es tan nefasto que a los políticos cada día les resultará más difícil mantener ese sistema forzoso de abuso y derroche. Los españoles ya hemos comprobado que el sistema autonómico solo beneficia a los políticos y que nos conduce a la desigualdad, a pagar más impuestos, a soportar reyezuelos en cada autonomía que compiten unos con otros, al incremento de las corrientes nacionalistas e independentistas, al mantenimiento de un Estado que es el mas costoso de Europa, con más políticos cobrando del Estado que en Francia, Alemania y Gran Bretaña juntos y al crecimiento de fuerzas disgregadoras que pueden terminar provocando una guerra civil y la desmembración de España. Somos y seremos cada día más conscientes de que mantener este sistema no sólo es perjudicial, sino también injusto y canalla.
Francisco Rubiales
Hace casi tres meses que se aplicó el artículo 155 de la Constitución y se intervino la Generalitat de Cataluña. Se han cesado a todos los Consellers y a todos los demás cargos de confianza del gobierno catalán y los ministros del gobierno central han pasado a desempeñar las responsabilidades de los antiguos consejeros. Se sabe que ningún ministro tuvo que ir a Barcelona a ocupar el despacho y el asiento del antiguo responsable del gobierno catalán. También se sabe que en Cataluña están funcionando con total normalidad los hospitales, los transportes públicos, los colegios, se ejecutan las obras que estaban programadas y los proveedores están cobrando con total normalidad. Es un dato cierto que la Administración pública catalana funciona normalmente y sin problemas.
Entonces, como personas inteligentes que somos, nos preguntamos ¿Para que sirve tener esos consejeros, asesores y la inmensa corte de enchufados que el gobierno autónomo catalán trae consigo? Si desde Madrid se consigue que toda una región como Cataluña, la más rica de España y la segunda más poblada, funcione como un reloj y sin incidente alguno y sin que haya un ministro que esté físicamente allí ¿Para qué necesitamos tanta parafernalia de organización autonómica?
Si Cataluña funciona estupendamente sin Consellers ni Parlament, las demás autonomías también pueden funcionar del mismo modo.
La conclusión es que todo el sistema autonómico hipertrofiado que posee España es prescindible y que con la supresión de las autonomías se ahorraría tal cantidad de dinero que habría suficiente para asegurar las pensiones y incrementar, de manera sustancial, los presupuestos de Sanidad, Educación, Defensa y de todos los servicios y ministerios.
Los 17 gobiernos autonómicos son el cáncer de España y se mantienen únicamente porque los políticos quieren, por pura opresión y abuso de poder. La supresión de la parafernalia autonómica, intensa y crecientemente deseada por los españoles, es una reivindicación decente y justa que debe convertirse en la primera exigencia a sus gobernantes de un pueblo indignado y cansado de suportar abusos, impuestos desproporcionados e imposiciones de unos partidos políticos y de unos políticos profesionales que cada día se alejan más del servicio al pueblo y de la defensa del bien común para centrarse en sus propios intereses y en las distintas facetas de la corrupción y el oprobio.
Los españoles recuerdan el Franquismo cada día con más respeto y admiración, cansados de soportar los abusos y mentiras de los falsos demócratas que gobiernan España para su propio beneficio. En los tiempos de la dictadura sólo existía un gobierno central y era tan austero que no necesitaba cobrar impuestos a los ciudadanos y que tenía menos personal a sueldo del Estado de el que tienen hoy Cataluña, Andalucía y otras comunidades autónomas españolas.
El balance de las autonomías después de cuatro décadas de funcionamiento es tan nefasto que a los políticos cada día les resultará más difícil mantener ese sistema forzoso de abuso y derroche. Los españoles ya hemos comprobado que el sistema autonómico solo beneficia a los políticos y que nos conduce a la desigualdad, a pagar más impuestos, a soportar reyezuelos en cada autonomía que compiten unos con otros, al incremento de las corrientes nacionalistas e independentistas, al mantenimiento de un Estado que es el mas costoso de Europa, con más políticos cobrando del Estado que en Francia, Alemania y Gran Bretaña juntos y al crecimiento de fuerzas disgregadoras que pueden terminar provocando una guerra civil y la desmembración de España. Somos y seremos cada día más conscientes de que mantener este sistema no sólo es perjudicial, sino también injusto y canalla.
Francisco Rubiales