La gran reforma que España necesita es la ilegalización de los actuales partidos políticos y su sustitución por un sistema donde los cargos públicos sean elegidos directamente por los ciudadanos, sin las interferencias y servidumbres antidemocráticas que imponen hoy los partidos y sus élites de políticos profesionales.
Todos los problemas actuales de la democracia española, que son muchos y enormes, quedarían situados en vías de solución si desaparecieran los actuales partidos políticos, verdaderas mafias profesionales obsesionadas por el poder, incapaces de formar a dirigentes éticos y democráticos para que gestionen con dignidad y eficacia la democracia, y habituados ya a anteponer los intereses propios al bien común y al intereses general .
Ante el fracaso comprobado de los partidos políticos, que nos han conducido hasta la presente situación de quiebra económica, corrupción salvaje, sufrimiento y hundimiento moral de la nación, los ciudadanos españoles deberían ir pensando en sustituir a los políticos profesionales actuales, fracasados e inservibles, por técnicos preparados, de moral garantizada, que sepan gestionar el poder de acuerdo con la voluntad popular, sin relegar el bien común a un segundo plano y sin servidumbres inconfesables a sus propios partidos políticos.
Si en España existiera un juez valiente, riguroso y realmente justo, ese juez tendría razones más que suficientes para sentar en el banquillo a los grandes partidos y juzgarlos como presuntas asociaciones de malhechores, tras analizar el inmenso elenco de fechorías, arbitrariedades y corrupciones perpetradas por los grandes partidos políticos españoles, que van desde el terrorismo de Estado representado por los GAL a la corrupción pública, el urbanismo salvaje, el enriquecimiento ilícito y el despilfarro irracional, sin olvidar el expolio, el abuso de poder y el incomplimiento reiterado de las leyes y normas de la democracia.
Muchos se equivocan al pensar que los partidos políticos son parte sustancial de la democracia. De hecho, cuando la democracia era forjada y nacía cargada de limpieza, controles e ilusiones, los partidos políticos estaban mal vistos o prohibidos. Ni los grandes teóricos de la Revolución Francesa, ni los padres fundadores de los Estados Unidos de América, primera gran democracia del planeta, creían en los partidos políticos, a los que consideraban organizaciones mafiosas, incapaces por definición de anteponer el bien común y el interés general a sus propios intereses y conveniencias.
Los partidos entraron en la democracia impuestos por la ideología alemana, que, sin dejar de ver los riesgos que esas agrupaciones representaban para el sistema, valoraron que podrían garantizar un cierto orden en la sociedad. Pero, para blindar la democracia ante los predadores políticos profesionales organizados en partidos, el sistema se cargó de cautelas y contrapesos, todos ellos ideados para impedir a los partidos que se adueñaran del Estado y convirtieran la democracia en una sucia oligocracia, un temor que se confirmó muy pronto.
Los partidos, ideados para que actuaran a mitad de camino, entre el pueblo y el Estado, con el fin de elevar la voluntad popular hasta los centros de poder, pronto se distanciaron del pueblo y se adueñaron del Estado, considerándose los representantes legítimos de la voluntad popular, lo que, de hecho, significó, la adulteración de la democracia y la anulación del protagonismo del ciudadano, que debería ser el verdadero "soberano" del sistema.
Los partidos han convertido nuestras democracias en oligocracias, suprimiendo todos sus cautelas y contrapesos. Con esos partidos en el poder, han sido trucados y adulterados elementos sustanciales de la democracia como el protagonismo de los ciudadanos, el respeto a la voluntad popular, la separación efectiva de los tres grandes poderes del Estado, la existencia de una ley igual para todos, el derecho ciudadano a elegir libremente a sus representantes y toda una batería de controles y cautelas destinada a impedir que los políticos profesionales se apropiaran del poder político y sojuzgaran al Estado y al ciudadano.
Nuestras democracia, por culpa de los partidos políticos, han quedado desvirtuadas y degradadas. En algunos países se conservan todavía algunos rasgos fundamentales del sistema, pero en otros, entre los que figura España por méritos propios, la degradación es dramática, sin los poderes separados, con el sistema Judicial bajo control político, sin igualdad ante la ley, sin el derecho ciudadano a elegir, suplantado por los partidos, que son los que elaboran las listas electorales, sin defensas ante la corrupción y la inmoralidad, sin una sociedad civil fuerte e independiente que sirva de contrapeso al poder, sin freno alguno capaz de impedir que los políticos profesionales se atiborren de arrogancia y privilegios, sin castigo para los delincuentes que actuan en política, sojuzgando al verdadero dueño del sistema, que es el ciudadano.
Ante la degradación existente y dominados por esas implacables y antidemocráticas mafias partidarias, la única regeneración posible del sistema pasa por la sustitución de los actuales partidos por organizaciones de ciudadanos bajo controles férreos, por un sistema donde los ciudadanos puedan elegir a políticos de moral y preparación garantizadas, juzgados y filtrados previamente por comisiones ciudadanas independientes, con periodos cortos de permanencia en los cargos, vigilados constantemente por la ciudadanía organizada, sometidos permanentemente a la voluntad popular y obligados y gobernar bajo el imperio de la ley, del bien común y del interés general, sin corrupciones, sin amiguismos, sin esa obsesión actual de los partidos, enferma e inmoral, por legislar en beneficio propio y por colocar a los familiares, amigos y militantes del partido en el poder, aunque no tengan preparación alguna, aunque sean chorizos sin ética ni decencia.
Todos los problemas actuales de la democracia española, que son muchos y enormes, quedarían situados en vías de solución si desaparecieran los actuales partidos políticos, verdaderas mafias profesionales obsesionadas por el poder, incapaces de formar a dirigentes éticos y democráticos para que gestionen con dignidad y eficacia la democracia, y habituados ya a anteponer los intereses propios al bien común y al intereses general .
Ante el fracaso comprobado de los partidos políticos, que nos han conducido hasta la presente situación de quiebra económica, corrupción salvaje, sufrimiento y hundimiento moral de la nación, los ciudadanos españoles deberían ir pensando en sustituir a los políticos profesionales actuales, fracasados e inservibles, por técnicos preparados, de moral garantizada, que sepan gestionar el poder de acuerdo con la voluntad popular, sin relegar el bien común a un segundo plano y sin servidumbres inconfesables a sus propios partidos políticos.
Si en España existiera un juez valiente, riguroso y realmente justo, ese juez tendría razones más que suficientes para sentar en el banquillo a los grandes partidos y juzgarlos como presuntas asociaciones de malhechores, tras analizar el inmenso elenco de fechorías, arbitrariedades y corrupciones perpetradas por los grandes partidos políticos españoles, que van desde el terrorismo de Estado representado por los GAL a la corrupción pública, el urbanismo salvaje, el enriquecimiento ilícito y el despilfarro irracional, sin olvidar el expolio, el abuso de poder y el incomplimiento reiterado de las leyes y normas de la democracia.
Muchos se equivocan al pensar que los partidos políticos son parte sustancial de la democracia. De hecho, cuando la democracia era forjada y nacía cargada de limpieza, controles e ilusiones, los partidos políticos estaban mal vistos o prohibidos. Ni los grandes teóricos de la Revolución Francesa, ni los padres fundadores de los Estados Unidos de América, primera gran democracia del planeta, creían en los partidos políticos, a los que consideraban organizaciones mafiosas, incapaces por definición de anteponer el bien común y el interés general a sus propios intereses y conveniencias.
Los partidos entraron en la democracia impuestos por la ideología alemana, que, sin dejar de ver los riesgos que esas agrupaciones representaban para el sistema, valoraron que podrían garantizar un cierto orden en la sociedad. Pero, para blindar la democracia ante los predadores políticos profesionales organizados en partidos, el sistema se cargó de cautelas y contrapesos, todos ellos ideados para impedir a los partidos que se adueñaran del Estado y convirtieran la democracia en una sucia oligocracia, un temor que se confirmó muy pronto.
Los partidos, ideados para que actuaran a mitad de camino, entre el pueblo y el Estado, con el fin de elevar la voluntad popular hasta los centros de poder, pronto se distanciaron del pueblo y se adueñaron del Estado, considerándose los representantes legítimos de la voluntad popular, lo que, de hecho, significó, la adulteración de la democracia y la anulación del protagonismo del ciudadano, que debería ser el verdadero "soberano" del sistema.
Los partidos han convertido nuestras democracias en oligocracias, suprimiendo todos sus cautelas y contrapesos. Con esos partidos en el poder, han sido trucados y adulterados elementos sustanciales de la democracia como el protagonismo de los ciudadanos, el respeto a la voluntad popular, la separación efectiva de los tres grandes poderes del Estado, la existencia de una ley igual para todos, el derecho ciudadano a elegir libremente a sus representantes y toda una batería de controles y cautelas destinada a impedir que los políticos profesionales se apropiaran del poder político y sojuzgaran al Estado y al ciudadano.
Nuestras democracia, por culpa de los partidos políticos, han quedado desvirtuadas y degradadas. En algunos países se conservan todavía algunos rasgos fundamentales del sistema, pero en otros, entre los que figura España por méritos propios, la degradación es dramática, sin los poderes separados, con el sistema Judicial bajo control político, sin igualdad ante la ley, sin el derecho ciudadano a elegir, suplantado por los partidos, que son los que elaboran las listas electorales, sin defensas ante la corrupción y la inmoralidad, sin una sociedad civil fuerte e independiente que sirva de contrapeso al poder, sin freno alguno capaz de impedir que los políticos profesionales se atiborren de arrogancia y privilegios, sin castigo para los delincuentes que actuan en política, sojuzgando al verdadero dueño del sistema, que es el ciudadano.
Ante la degradación existente y dominados por esas implacables y antidemocráticas mafias partidarias, la única regeneración posible del sistema pasa por la sustitución de los actuales partidos por organizaciones de ciudadanos bajo controles férreos, por un sistema donde los ciudadanos puedan elegir a políticos de moral y preparación garantizadas, juzgados y filtrados previamente por comisiones ciudadanas independientes, con periodos cortos de permanencia en los cargos, vigilados constantemente por la ciudadanía organizada, sometidos permanentemente a la voluntad popular y obligados y gobernar bajo el imperio de la ley, del bien común y del interés general, sin corrupciones, sin amiguismos, sin esa obsesión actual de los partidos, enferma e inmoral, por legislar en beneficio propio y por colocar a los familiares, amigos y militantes del partido en el poder, aunque no tengan preparación alguna, aunque sean chorizos sin ética ni decencia.