El doctor "Spiriman", azote de la decadente sanidad andaluza
La sociedad civil andaluza se moviliza contra dos abusos insoportables de la Junta de Andalucía: el Impuesto de Sucesiones y los duros recortes en la Sanidad Andaluza, un servicio básico que antes era ejemplar pero que ahora, por culpa del gobierno, está perdiendo cada día más calidad y solvencia.
Estos dos fenómenos, en apariencia menores, le llegan a la presidenta Susana Díaz en el peor momento, restándole fuerza como líder del socialismo, precisamente cuando aspira a conquistar la secretaría general del PSOE, y están desgastando más a la Junta de Andalucía y al PSOE que los gigantescos escándalos de corrupción en torno a los falsos EREs, los cursos de formación y otros dramas éticos y políticos.
Lo del impuesto de sucesiones andaluz es un verdadero escándalo, tan injusto y lamentable que ha conseguido que los sectores más diversos de la sociedad unan sus fuerzas para protestar. Miles de familias andaluzas renuncian a cobrar su herencias porque la Junta, enferma de codicia, se lleva un trozo inmenso de esos bienes heredados, por los que sus fallecidos dueños ya pagaron impuestos en su día. Se trata de un impuesto confiscatorio y abusivo, de dudosa legalidad y sin ninguna cobertura ética, que la Junta se empeña en mantener a pesar de las protestas que le llueven de los ciudadanos y de numerosas asociaciones e instituciones independientes, con gran presencia en las redes sociales y en la prensa tradicional.
Las protestas ciudadanas contra los recortes y la pérdida de calidad de la Sanidad Pública Andaluza han congregado a decenas de miles de manifestantes en las calles andaluzas, algo insólito en estas tierras, donde, para vergüenza de todos, los ciudadanos sólo se movilizan para ir de fiesta y para defender a sus equipos de fútbol. Capitaneados por el médico activista Jesús Candel, al que han bautizado como "Spiriman", muchos ciudadanos se han lanzado a las calles de todas las capitales andaluzas, acorralando a una Junta que ha hecho todo lo posible por silenciar la protesta, a la que, a pesar de su enorme popularidad e incidencia social, ha negado la cobertura que merece en ese inútil Canal Sur pagado con el dinero de los impuestos andaluces.
Son claros síntomas de un despertar, aunque lento y desesperante, pero sobre todo son síntomas de agotamiento y de abotargamiento de un poder político socialista que, tras cuatro décadas en el poder, más de lo que duró el Franquismo, está sin ideas, sin lucidez y sin fuelle, manteniendo a Andalucía, año tras año, en la cola de Europa y de España, como campeona del retraso, la debilidad económica, el fracaso escolar y la somnolencia ante el progreso.
La Junta, ante las manifestaciones callejeras contra el deterioro de la Sanidad Pública, ha reaccionado y ha movido pieza, induciendo la dimisión de la cúpula dirigente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), mientras que se mantiene enconchada e insensible ante la protesta masiva de los ciudadanos y de numerosos colectivos profesionales y técnicos, que lo consideran contrario a la Constitución y un verdadero abuso fiscal, demostrando su lejanía de la voluntad popular y de la democracia verdadera, en la que los ciudadanos y no los políticos deben ser los soberanos indiscutibles.
Ha tenido que ser la sociedad civil la que, al lanzarse a las calles con su protesta, ha hecho temblar al poderoso y denso gobierno andaluz, sin que a la oposición del PP, débil y sin liderazgo, haya que reconocerle mérito alguno.
Francisco Rubiales
Estos dos fenómenos, en apariencia menores, le llegan a la presidenta Susana Díaz en el peor momento, restándole fuerza como líder del socialismo, precisamente cuando aspira a conquistar la secretaría general del PSOE, y están desgastando más a la Junta de Andalucía y al PSOE que los gigantescos escándalos de corrupción en torno a los falsos EREs, los cursos de formación y otros dramas éticos y políticos.
Lo del impuesto de sucesiones andaluz es un verdadero escándalo, tan injusto y lamentable que ha conseguido que los sectores más diversos de la sociedad unan sus fuerzas para protestar. Miles de familias andaluzas renuncian a cobrar su herencias porque la Junta, enferma de codicia, se lleva un trozo inmenso de esos bienes heredados, por los que sus fallecidos dueños ya pagaron impuestos en su día. Se trata de un impuesto confiscatorio y abusivo, de dudosa legalidad y sin ninguna cobertura ética, que la Junta se empeña en mantener a pesar de las protestas que le llueven de los ciudadanos y de numerosas asociaciones e instituciones independientes, con gran presencia en las redes sociales y en la prensa tradicional.
Las protestas ciudadanas contra los recortes y la pérdida de calidad de la Sanidad Pública Andaluza han congregado a decenas de miles de manifestantes en las calles andaluzas, algo insólito en estas tierras, donde, para vergüenza de todos, los ciudadanos sólo se movilizan para ir de fiesta y para defender a sus equipos de fútbol. Capitaneados por el médico activista Jesús Candel, al que han bautizado como "Spiriman", muchos ciudadanos se han lanzado a las calles de todas las capitales andaluzas, acorralando a una Junta que ha hecho todo lo posible por silenciar la protesta, a la que, a pesar de su enorme popularidad e incidencia social, ha negado la cobertura que merece en ese inútil Canal Sur pagado con el dinero de los impuestos andaluces.
Son claros síntomas de un despertar, aunque lento y desesperante, pero sobre todo son síntomas de agotamiento y de abotargamiento de un poder político socialista que, tras cuatro décadas en el poder, más de lo que duró el Franquismo, está sin ideas, sin lucidez y sin fuelle, manteniendo a Andalucía, año tras año, en la cola de Europa y de España, como campeona del retraso, la debilidad económica, el fracaso escolar y la somnolencia ante el progreso.
La Junta, ante las manifestaciones callejeras contra el deterioro de la Sanidad Pública, ha reaccionado y ha movido pieza, induciendo la dimisión de la cúpula dirigente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), mientras que se mantiene enconchada e insensible ante la protesta masiva de los ciudadanos y de numerosos colectivos profesionales y técnicos, que lo consideran contrario a la Constitución y un verdadero abuso fiscal, demostrando su lejanía de la voluntad popular y de la democracia verdadera, en la que los ciudadanos y no los políticos deben ser los soberanos indiscutibles.
Ha tenido que ser la sociedad civil la que, al lanzarse a las calles con su protesta, ha hecho temblar al poderoso y denso gobierno andaluz, sin que a la oposición del PP, débil y sin liderazgo, haya que reconocerle mérito alguno.
Francisco Rubiales