No tenemos constancia de que la noticia sea cierta, pero tampoco ha sido desmentida formalmente. El periodista Carlos Cuesta, sin duda uno de los mejor conectados con las altas esferas de Moncloa, publicaba el lunes que Mariano Rajoy ofreció a Carles Puigdemont, a través de intermediarios, una reforma constitucional extremadamente favorable para Cataluña si renunciaba a la declaración de independencia, o bien su procesamiento.
Este es el contenido de la propuesta de reforma constitucional ofrecida a Puigdemont, que cuenta con el visto bueno del PSOE, en el caso de que se retracte de la declaración de independencia:
- Cataluña es una nación constituida como estado libre asociado al reino de España para seguir en la Unión Europea y no perder sus privilegios.
- Nuevo modelo de financiación similar al cupo vasco-navarro. Agencia Tributaria, Seguridad Social y Sistema de Pensiones propios. Las ventajas fiscales supondrían al resto de España un déficit de 60.000 millones de euros anuales.
- Representación exterior propia con embajadas catalanas independientes de las de España en todos los países y organismos internacionales. Cataluña sería una nación diferente de España a estos efectos.
Si Rajoy ha sido capaz de ofrecer esas concesiones a un delincuente como Puigdemont y a una Cataluña dominada por sediciosos y traidores, entonces no es de fiar y permitirle que cambie la Constitución, junto con el PSOE, es todo un suicidio para España.
Otorgar a dos partidos como el PP y el PSOE, inmersos en la corrupción y culpables de haber construido una España nada ejemplar, injusta, desigual y con gravísimos deficits democráticos es un privilegio que no merecen.
La Constitución de 1978 fue el resultado de compromisos y acuerdos difíciles y complejos y fue redactada por políticos que amaban a España mucho más que los actuales e impulsada por partidos que todavía no estaban podridos por la corrupción y el abuso de poder. De aquel debate, en el que no se permitió la participación de los ciudadanos y de la sociedad civil, surgió un documento que al menos es garantista y que, aunque no se cumpla, es democrático, equilibrado y homologable con las constituciones de nuestro entorno.
Pero una Constitución redactada por los actuales grandes partidos, dos organizaciones habituales en los banquillos de los tribunales, con tantos delitos acumulados y políticos imputados y condenados que se han convertido en las organizaciones más delictivas del país, junto con la extinta ETA, no sólo no representa una esperanza y una ilusión sino un verdadero peligro de muerte para España.
No es la Constitución de 1978 la que ha llenado España de corruptos, la que nos ha impuesto un Estado tan lleno de políticos y de privilegios que es imposible de financiar, ni la que ha permitido que los impuestos sean agobiantes, que la desigualdad sea hiriente y que los partidos lo dominen todo, incluyendo una Justicia politizada y una ciudadanía marginada, sino que fueron los gobiernos de los dos partidos que ahora quieren reformar la Constitución, toda una amenaza que debería causarnos estremecimiento y pánico.
La única manera de reformar la Constitución sería abrir un periodo de libertad constituyente en el que intervinieran cabezas decentes e independientes, al margen de los actuales partidos políticos, y en la que la voz de los ciudadanos tuviera cauces reales para influir.
Si los únicos que van a imponer los cambios son el PSOE y el PP, tendremos una nueva Constitución más partitocrática, con menos defensas civiles, con menos protagonismo de la ciudadanía, con los poderes básicos del Estado y todos los recursos en manos de los partidos y en la que la unidad de España quede debilitada por un "sistema federal" que constituye la más absurda obsesión del PSOE que controla Pedro Sánchez.
Francisco Rubiales
Este es el contenido de la propuesta de reforma constitucional ofrecida a Puigdemont, que cuenta con el visto bueno del PSOE, en el caso de que se retracte de la declaración de independencia:
- Cataluña es una nación constituida como estado libre asociado al reino de España para seguir en la Unión Europea y no perder sus privilegios.
- Nuevo modelo de financiación similar al cupo vasco-navarro. Agencia Tributaria, Seguridad Social y Sistema de Pensiones propios. Las ventajas fiscales supondrían al resto de España un déficit de 60.000 millones de euros anuales.
- Representación exterior propia con embajadas catalanas independientes de las de España en todos los países y organismos internacionales. Cataluña sería una nación diferente de España a estos efectos.
Si Rajoy ha sido capaz de ofrecer esas concesiones a un delincuente como Puigdemont y a una Cataluña dominada por sediciosos y traidores, entonces no es de fiar y permitirle que cambie la Constitución, junto con el PSOE, es todo un suicidio para España.
Otorgar a dos partidos como el PP y el PSOE, inmersos en la corrupción y culpables de haber construido una España nada ejemplar, injusta, desigual y con gravísimos deficits democráticos es un privilegio que no merecen.
La Constitución de 1978 fue el resultado de compromisos y acuerdos difíciles y complejos y fue redactada por políticos que amaban a España mucho más que los actuales e impulsada por partidos que todavía no estaban podridos por la corrupción y el abuso de poder. De aquel debate, en el que no se permitió la participación de los ciudadanos y de la sociedad civil, surgió un documento que al menos es garantista y que, aunque no se cumpla, es democrático, equilibrado y homologable con las constituciones de nuestro entorno.
Pero una Constitución redactada por los actuales grandes partidos, dos organizaciones habituales en los banquillos de los tribunales, con tantos delitos acumulados y políticos imputados y condenados que se han convertido en las organizaciones más delictivas del país, junto con la extinta ETA, no sólo no representa una esperanza y una ilusión sino un verdadero peligro de muerte para España.
No es la Constitución de 1978 la que ha llenado España de corruptos, la que nos ha impuesto un Estado tan lleno de políticos y de privilegios que es imposible de financiar, ni la que ha permitido que los impuestos sean agobiantes, que la desigualdad sea hiriente y que los partidos lo dominen todo, incluyendo una Justicia politizada y una ciudadanía marginada, sino que fueron los gobiernos de los dos partidos que ahora quieren reformar la Constitución, toda una amenaza que debería causarnos estremecimiento y pánico.
La única manera de reformar la Constitución sería abrir un periodo de libertad constituyente en el que intervinieran cabezas decentes e independientes, al margen de los actuales partidos políticos, y en la que la voz de los ciudadanos tuviera cauces reales para influir.
Si los únicos que van a imponer los cambios son el PSOE y el PP, tendremos una nueva Constitución más partitocrática, con menos defensas civiles, con menos protagonismo de la ciudadanía, con los poderes básicos del Estado y todos los recursos en manos de los partidos y en la que la unidad de España quede debilitada por un "sistema federal" que constituye la más absurda obsesión del PSOE que controla Pedro Sánchez.
Francisco Rubiales
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