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Las grandes matanzas en Estados Unidos, especialmente la ocurrida en el campus de Virginia Tech, cuyo balance fue de 33 muertos y al menos 15 heridos, ha servido a los "progres" de todo el mundo para reforzar sus tesis de que los ciudadanos nunca deben tener armas y que sólo debería poseerlas el Estado, que debe ejercer de manera rígida y radical el "monopolio de la violencia".
Sin embargo, la ineficiencia de los estados, la incompetencia de los políticos y la escasa ética del poder, que no está dispuesto a defender a sus ciudadanos, como es su deber en democracia, quitan razón a los que defienden el poder del Estado por encima del poder ciudadano y aconsejan un replanteamiento, un análisis serio y un repaso a algunas tesis contrarias:
La principal de todas es que el Estado tiene derecho a existir sólo porque ha suscrito un contrato con los ciudadanos, que le entregan el poder acambio de ciertos deberes ineludibles, entre los que destaca la seguridad. Si el Estado no garantiza esa seguridad de los ciudadanos, no tiene sentido y debe ser rechazado y reformado por sus legítimos dueños, que son los individuos.
Pero las cosas han cambiado porque los políticos se han adueñado del Estado y en lugar de servir a sus creadores originales, los ciudadanos, muchas veces los aplasta.
El ciudadano renuncia a portar armas y a utilizarlas en su defensa porque el Estado se compromete a garantizar su seguridad, lo que significa no sólo perseguir y encarcelar a los delincuentes, sino prevenir y evitar que la gente sea asaltada y masacrada. Si, como ocurre en muchas de nuestras sociedades, entre ellas la española, que el Estado también fracasa en ese compromiso y lo incumple manifiestamente, el ciudadano debe recuperar su derecho a tener y usar armas para defenderse.
La clave de esta tesis es la evidencia de que el Estado incumple su parte del contrato y es tan ineficaz que los ciudadanos sufren atracos, asaltos y asesinatos, incluso en sus propios hogares, como está ocurriendo en España, con una frecuencia alarmante, mientras que los índices de delincuencia se incrementan en las ciudades. Los defensores de esta tesis afirman que, como el Estado es incapaz de defender a sus ciudadanos, el "monopolio estatal de la violencia" carece ya de sentido y los ciudadanos, para no morir como corderos frente a las bandas armadas y criminales, debe armarse y, al menos, defenderse por su cuenta, ya que la policía no lo hace.
Otra tesis que cuestiona la obsesión "progre" del monopolio estatal de las armas es el caso de Suiza, donde los ciudadanos reciben armamento y munición por parte del Estado y lo conservan en sus casas. En Suiza hay al menos dos millones de armas de guerra, más otras muchas cortas, en una población de seis millones de personas, que acuden un par de semanas cada año para recibir "preparación militar". Los índices de delincuencia en Suiza son ejemplarmente bajos y la seguridad ciudadana es, probablemente, de las más elevadas del mundo. De manera contundente, Suiza desmiente los tópicos “progres” sobre las armas.
Estados Unidos, que es un país muy permisivo en lo que se refiere a la tenencia de armas por parte de los ciudadanos, tras las últimas matanzas, especialmente la de Virginia, que impactó profundamente en la opinión pública, está en pleno debate sobre el derecho a portar armas. Ese derecho, constitucional y basado en las convicciones liberales y en las tradiciones más arraigadas, está siendo cuestionado por la "pregresía", que también hace mella en la sociedad americana, aunque, por fortuna, todavúa de manera minoritaria. Sin embargo, por ahora, la tesis que parece ganar es que las matanzas en universidades y escuelas, demasiado frecuentes, se producen no porque existan armas sino porque esos centros carecen de seguridad y controles adecuados. La mayoría de los norteamericanos prefiere culpar al Estado, que no cumple con su compromiso de cuidar el orden público y la seguridad, antes que renunciar al derecho a defenderse que posee todo ciudadano en ese país.
En los últimos diez años, se han producido 23 masacres en escuelas y universidades de Estados Unidos, con un balance de más de 90 muertos. Algo no funciona en el paraíso capitalista.
La respuesta ante un problema de esas características en una sociedad avanzada es el debate sereno, no la imposición por la fuerza de leyes estatales no compartidas por los ciudadanos. Algunos afirman que sería suficiente con colocar detectores de metales y reforzar con guardias los centros de enseñanza, mientras que otros apuntan a que deben replantearse las políticas de control y admisión a las universidades. Las teorías "progres" europeas se consideran igualmente simplistas, como lo demuestran las estadísticas de criminalidad en Europa, que no son mejores. Otros se niegan en redondo a entregar las armas al Estado porque entonces podría ocurrir como en muchos países, entre ellos España, donde sólo poseen armas los criminales y el Estado, que es incapaz de defender a los ciudadanos pacíficos y decentes.
Muchos intelectuales y ciudadanos norteamericanos expresan que la mayoría de los Estados que se oponen a que sus ciudadanos posean armas lo hacen porque tienen miedo al propio pueblo que malgobiernan y porque en el fondo temen una rebelión de sus ciudadanos. Por eso -dicen- esos gobiernos sólo otorgan "permisos de armas" a gente de confianza, a la gente cercana al poder.
Un debate, sin duda, apasionante, del que estamos y estaremos pendientes porque en España, un país que se dirige, bajo el mandato deleznable de Zapatero, hacia los seis millones de parados reales, hacia la desesperación de los pobres y tal vez la violencia callejera, la cuestión del armamento individual pronto será acuciante.
Sin embargo, la ineficiencia de los estados, la incompetencia de los políticos y la escasa ética del poder, que no está dispuesto a defender a sus ciudadanos, como es su deber en democracia, quitan razón a los que defienden el poder del Estado por encima del poder ciudadano y aconsejan un replanteamiento, un análisis serio y un repaso a algunas tesis contrarias:
La principal de todas es que el Estado tiene derecho a existir sólo porque ha suscrito un contrato con los ciudadanos, que le entregan el poder acambio de ciertos deberes ineludibles, entre los que destaca la seguridad. Si el Estado no garantiza esa seguridad de los ciudadanos, no tiene sentido y debe ser rechazado y reformado por sus legítimos dueños, que son los individuos.
Pero las cosas han cambiado porque los políticos se han adueñado del Estado y en lugar de servir a sus creadores originales, los ciudadanos, muchas veces los aplasta.
El ciudadano renuncia a portar armas y a utilizarlas en su defensa porque el Estado se compromete a garantizar su seguridad, lo que significa no sólo perseguir y encarcelar a los delincuentes, sino prevenir y evitar que la gente sea asaltada y masacrada. Si, como ocurre en muchas de nuestras sociedades, entre ellas la española, que el Estado también fracasa en ese compromiso y lo incumple manifiestamente, el ciudadano debe recuperar su derecho a tener y usar armas para defenderse.
La clave de esta tesis es la evidencia de que el Estado incumple su parte del contrato y es tan ineficaz que los ciudadanos sufren atracos, asaltos y asesinatos, incluso en sus propios hogares, como está ocurriendo en España, con una frecuencia alarmante, mientras que los índices de delincuencia se incrementan en las ciudades. Los defensores de esta tesis afirman que, como el Estado es incapaz de defender a sus ciudadanos, el "monopolio estatal de la violencia" carece ya de sentido y los ciudadanos, para no morir como corderos frente a las bandas armadas y criminales, debe armarse y, al menos, defenderse por su cuenta, ya que la policía no lo hace.
Otra tesis que cuestiona la obsesión "progre" del monopolio estatal de las armas es el caso de Suiza, donde los ciudadanos reciben armamento y munición por parte del Estado y lo conservan en sus casas. En Suiza hay al menos dos millones de armas de guerra, más otras muchas cortas, en una población de seis millones de personas, que acuden un par de semanas cada año para recibir "preparación militar". Los índices de delincuencia en Suiza son ejemplarmente bajos y la seguridad ciudadana es, probablemente, de las más elevadas del mundo. De manera contundente, Suiza desmiente los tópicos “progres” sobre las armas.
Estados Unidos, que es un país muy permisivo en lo que se refiere a la tenencia de armas por parte de los ciudadanos, tras las últimas matanzas, especialmente la de Virginia, que impactó profundamente en la opinión pública, está en pleno debate sobre el derecho a portar armas. Ese derecho, constitucional y basado en las convicciones liberales y en las tradiciones más arraigadas, está siendo cuestionado por la "pregresía", que también hace mella en la sociedad americana, aunque, por fortuna, todavúa de manera minoritaria. Sin embargo, por ahora, la tesis que parece ganar es que las matanzas en universidades y escuelas, demasiado frecuentes, se producen no porque existan armas sino porque esos centros carecen de seguridad y controles adecuados. La mayoría de los norteamericanos prefiere culpar al Estado, que no cumple con su compromiso de cuidar el orden público y la seguridad, antes que renunciar al derecho a defenderse que posee todo ciudadano en ese país.
En los últimos diez años, se han producido 23 masacres en escuelas y universidades de Estados Unidos, con un balance de más de 90 muertos. Algo no funciona en el paraíso capitalista.
La respuesta ante un problema de esas características en una sociedad avanzada es el debate sereno, no la imposición por la fuerza de leyes estatales no compartidas por los ciudadanos. Algunos afirman que sería suficiente con colocar detectores de metales y reforzar con guardias los centros de enseñanza, mientras que otros apuntan a que deben replantearse las políticas de control y admisión a las universidades. Las teorías "progres" europeas se consideran igualmente simplistas, como lo demuestran las estadísticas de criminalidad en Europa, que no son mejores. Otros se niegan en redondo a entregar las armas al Estado porque entonces podría ocurrir como en muchos países, entre ellos España, donde sólo poseen armas los criminales y el Estado, que es incapaz de defender a los ciudadanos pacíficos y decentes.
Muchos intelectuales y ciudadanos norteamericanos expresan que la mayoría de los Estados que se oponen a que sus ciudadanos posean armas lo hacen porque tienen miedo al propio pueblo que malgobiernan y porque en el fondo temen una rebelión de sus ciudadanos. Por eso -dicen- esos gobiernos sólo otorgan "permisos de armas" a gente de confianza, a la gente cercana al poder.
Un debate, sin duda, apasionante, del que estamos y estaremos pendientes porque en España, un país que se dirige, bajo el mandato deleznable de Zapatero, hacia los seis millones de parados reales, hacia la desesperación de los pobres y tal vez la violencia callejera, la cuestión del armamento individual pronto será acuciante.