El gobierno de Zapatero, presionado por sus socios nacionalistas, ha emprendido una macroreforma de la Justicia Española que creará jueces de proximidad y potenciará la justicia autonómica, pero, sin el menor pudor, opta por contaminar la justicia permitiendo que sean los partidos políticos los que elijan a la mayoría de los jueces en los Consejos autonómicos.
Los partidos políticos, que se sienten legitimados por el voto ciudadano para cualquier cosa, incluídas algunas terribles vejaciones a la auténtica democracia, siguen disparando contra Montequieu y nombrando jueces y representantes en los Tribunales, politizando así una justicia que tiene que ser independiente para que la democracia exista.
Lo grave de la reforma de la justicia en marcha no es que entregue una alta dosis de la administración de la justicia a las autonomías, algo comprensible desde un diseño descentralizado del estado, sino que politiza todavía más una justicia, que ya está contaminada por el nombramiento de jueces y representantes por parte de unos partidos políticos que, inexplicablemente, se sienten legitimados para invadir esos territorios sagrados, a pesar de que la auténtica democracia veta esa intromisión y exige un poder judicial independiente y a salvo del poder ejecutivo.
Los partidos políticos, que se sienten legitimados por el voto ciudadano para cualquier cosa, incluídas algunas terribles vejaciones a la auténtica democracia, siguen disparando contra Montequieu y nombrando jueces y representantes en los Tribunales, politizando así una justicia que tiene que ser independiente para que la democracia exista.
Lo grave de la reforma de la justicia en marcha no es que entregue una alta dosis de la administración de la justicia a las autonomías, algo comprensible desde un diseño descentralizado del estado, sino que politiza todavía más una justicia, que ya está contaminada por el nombramiento de jueces y representantes por parte de unos partidos políticos que, inexplicablemente, se sienten legitimados para invadir esos territorios sagrados, a pesar de que la auténtica democracia veta esa intromisión y exige un poder judicial independiente y a salvo del poder ejecutivo.