La salida del gobierno de José Bono y el inicio de su nueva etapa en la vida privada han servido al menos para que los ciudadanos españoles descubran hasta que punto los políticos son la nueva clase dominante y hasta donde llegan unos privilegios "de casta" que escandalizan a los trabajadores y avergüenzan a los verdaderos demócratas.
A los privilegios que le corresponden como ministro, Bono agrega los que le tocan por haber sido presidente de la comunidad de Castilla la Mancha. Tres leyes de esa comunidad autónoma -aprobadas por unanimidad- permitirán a José Bono disfrutar de una oficina perfectamente dotada, con con dos secretarias, un conductor, un automóvil del parque público, un servicio de seguridad y protección personal y un sueldo, similar al de Presidente autonómico o ministro, garantizado de por vida, entre otras muchas ventajas y privilegios.
Bono tendrá el tratamiento de "excelencia" durante el resto de sus días y un tratamiento protocolario muy destacado, inmediatamente detrás de los miembros del Consejo de Gobierno.
Recibirá como indemnización dos años casi completos (80%) de su actual sueldo (más de un cuarto de millón de euros netos).
El Estado es generoso con sus servidores, más que cualquier empresa privada con sus directivos, y ha previsto también otras ventajas y privilegios que, por no haber sido suficientemente publicados, no están demasiado claros, que se refieren a pensiones, protocolo, créditos y equipamientos para su oficina y representación pública.
Los privilegios y ventajas de los políticos, especialmente de las élites de los partidos que resultan elegidos u ocupan cargos públicos, no han cesado de incrementarse durante los últimos años, impulsados tanto por la izquierda como por la derecha y casi siempre aprobados con sospechosa unanimidad en los parlamentos (nacional y autonómicos), generalmente con escasa publicidad.
A los privilegios que le corresponden como ministro, Bono agrega los que le tocan por haber sido presidente de la comunidad de Castilla la Mancha. Tres leyes de esa comunidad autónoma -aprobadas por unanimidad- permitirán a José Bono disfrutar de una oficina perfectamente dotada, con con dos secretarias, un conductor, un automóvil del parque público, un servicio de seguridad y protección personal y un sueldo, similar al de Presidente autonómico o ministro, garantizado de por vida, entre otras muchas ventajas y privilegios.
Bono tendrá el tratamiento de "excelencia" durante el resto de sus días y un tratamiento protocolario muy destacado, inmediatamente detrás de los miembros del Consejo de Gobierno.
Recibirá como indemnización dos años casi completos (80%) de su actual sueldo (más de un cuarto de millón de euros netos).
El Estado es generoso con sus servidores, más que cualquier empresa privada con sus directivos, y ha previsto también otras ventajas y privilegios que, por no haber sido suficientemente publicados, no están demasiado claros, que se refieren a pensiones, protocolo, créditos y equipamientos para su oficina y representación pública.
Los privilegios y ventajas de los políticos, especialmente de las élites de los partidos que resultan elegidos u ocupan cargos públicos, no han cesado de incrementarse durante los últimos años, impulsados tanto por la izquierda como por la derecha y casi siempre aprobados con sospechosa unanimidad en los parlamentos (nacional y autonómicos), generalmente con escasa publicidad.