Información y Opinión

La negligencia y la torpeza del gobierno han causado miles de muertes en España



Amnistía Internacional ha denunciado a España por haber vulnerado el derecho a la salud física y mental durante la pandemia y por haber desoído las recomendaciones de los expertos, que aconsejaron inútilmente, durante 12 años, reforzar la atención primaria, lo que ha causado muertes y profundos daños a la población.

La condena de Amnistía es sólo una de las muchas que el actual gobierno recibe, incluyendo advertencias, reproches y llamadas de atención de organizaciones e instituciones internacionales. Asuntos como la creciente censura y la ocultación por el gobierno del informe del Consejo de Estado que criticaba el plan para repartir, de manera arbitraria, el dinero especial que llegará de Europa para combatir la crisis del coronavirus son dos ejemplos del mal gobierno que envuelve y pone de rodillas a la vieja España.

Algunos juristas creen que si se aplicara la ley con rigor el gobierno de España podría ser condenado por haber causado excesivo daño y demasiadas muertes por negligencia y por su pésima gestión de la pandemia. Miles de personas no habrían muerto si el gobierno hubiera sido más ágil, eficiente y decente y no tan inactivo y autor de retrasos, imprevisiones, desorganización del sistema sanitario, compras opacas y erróneas de suministros y abandono de las residencias de ancianos, sin médicos, sin medicamentos adecuados y sin acceso a la red de hospitales.

A los muchos miles que murieron innecesariamente por la pandemia hay que agregar los muchos miles que están muriendo como consecuencia de fallos organizativos y decisiones estúpidas en el sistema sanitario, el peor de los cuales es la falta de atención presencial a otras enfermedades graves como el cáncer, las afecciones renales, el corazón y otras. De manera estúpida y sin sentido, muchos ambulatorios de atención primaria han cerrado y los médicos han sustituido las vitales consultas presenciales por absurdos diagnósticos y recetas por vía telefónica.
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Los ciudadanos españoles están descubriendo con terror, gracias a la pandemia del COVID-19, que el sistema no sabe defenderles adecuadamente de la enfermedad y de la muerte y que la sanidad pública española, de la que los políticos alardeaban diciendo que era de las mejores del mundo, es en realidad un desastre, del que sólo se salvan los estupendos profesionales, todo por culpa, precisamente, de la politización del sistema y de los hospitales, muchas veces en manos de tipos cuyo única mérito es tener un carné del partido gobernante.

Fruto de este desastre sanitario absurdo y letal ha nacido la campaña "Por teléfono no se cura", con cientos de miles de firmas acumuladas, puesta en marcha por Lydia Sainz-Maza, la hermana de la mujer de Espinosa de los Monteros (Burgos) fallecida de cáncer en agosto sin recibir atención médica presencial. La hermana de Lydia Sainz-Maza estuvo tres meses siendo atendida de forma recurrente, por teléfono, sin ser explorada ni una sola vez en Atención Primaria y sin que se le realizase una analista, hasta que ella, agotada y ya al borde de la muerte, la solicitó por su debilidad extrema. Pocos días después de ser atendida, murió de cáncer de colon. Los especialistas aseguran que esa muerte pudo evitarse, como otras miles que han sufrido un trato parecido.

Es imposible calcular con precisión cuantas muertes innecesarias debemos al gobierno de Pedro Sánchez, pero algunos expertos hablan de no menos de 20.000, un número aterrador que podría haberse evitado si los políticos españoles fueran menos ineptos.

Los gobernantes han cometido una cadena insólita de fallos y errores que han costado no sólo muchas vidas sino también desempleo, ruina económica, desesperación y una angustia indescriptible que, acompañada de inseguridad y miedo, envuelve a la población española, todo por causa del mal gobierno y de la ineptitud de los gobernantes y del sistema.

La economía está por los suelos y hay muchas decenas de miles de negocios cerrados, pero el gobierno, inexplicablemente, sigue cobrando impuestos a los que ni siquiera pueden trabajar, demostrando no sólo ineptitud sino una codicia digna de ser castigada por la Justicia. España es el único país de nuestro entorno europeo que sigue cobrando impuestos a los que se están arruinando, demostrando así crueldad innecesaria y una codicia propia de avaros sin alma.

El gobierno sólo ha demostrado eficacia y diligencia encerrando a la gente en sus hogares y suprimiendo toda la actividad económica, mientras incrementaba su poder y pedía dinero sin parar a los mercados, generando una deuda que ya es impagable. Ni un sólo gramo de sofisticación ni pericia a la hora de salvar la actividad económica, como si deseara ver al país arruinado y lleno de hambrientos, algo que ya se refleja en las famosas "colas del hambre" españolas, de cientos de metros, ocultadas por las televisiones y medios españoles sometidos y comprados, pero televisadas para el mundo por los corresponsales extranjeros, colas siniestras a las que las familias acuden para poder comer.

España está siendo pésimamente gobernada y esa es la más dura realidad del presente. Ese mal gobierno aplasta la realidad presente y llena de sombras el futuro. No se trata de una interpretación sesgada o de un diagnóstico pesimista, sino de pura realidad. Miren, si no lo creen, a Barcelona y verán a una ciudad que era alegre y pujante convertida hoy en capital europea de la decadencia, el odio y la violencia callejera, o miren los datos de la pandemia y contemplen con estupor como España ha sido el país más dañado del mundo desarrollado en la primera, la segunda y la tercera ola, Miren la economía, el endeudamiento, el cierre de empresas, la asfixia de los autónomos, el cobro codicioso y brutal de impuestos y el crecimiento del desempleo, el miedo y la tristeza.

Algunos deberían pagar por lo que están haciendo, en lugar de seguir mal gobernando la nación o retirarse después con pagas vitalicias de lujo.

Francisco Rubiales

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Martes, 2 de Marzo 2021
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