En la imagen, uno de esos juicios de residencia que padecieron personajes de tanto poder en España como Hernán Cortés
VOX debe aprovechar su influencia y creciente poder para imponer una rotunda “Damnatio memoriae” contra los ex presidentes y altos cargos del Estado culpables del deterioro de España: entre ellos González, Aznar, Zapatero, Rajoy y el campeón de todas las traiciones, Pedro Sánchez. Esos personajes y otros, culpables de causar a España daños brutales y casi irreparables, no sólo deben perder los enormes privilegios que disfrutan en la actualidad, con sueldos elevados, pensiones vitalicias, escoltas, coches oficiales y funcionarios a su servicio, sino que deben ser también públicamente acusados y castigados por su mal gobierno.
Mientras se siga mintiendo al afirmar que la historia de la política española tras la muerte de Franco ha sido ejemplar y digna de elogio, España estará castrada y lastrada. Si no se reconocen y condenan los grandes errores cometidos, el país nunca despegará. La impunidad de los miserables con poder causa a más daño moral y destruye más esperanzas e ilusiones en España que la misma corrupción.
Junto a la condena del sucio pasado reciente y de sus principales culpables, España necesita una auditoria profunda de lo ocurrido, cuyos resultados, debatidos por toda la sociedad, sirvan para tomar nota de los grandes errores e introducir los cambios legales necesarios para evitar en el futuro que impresentables y miserables alcancen las altas esferas del Estado, llenándolas de corrupción y mal gobierno.
La “damnatio memoriae” es una locución latina que significa literalmente «condena de la memoria». Era una práctica de la antigua Roma consistente en condenar el recuerdo de un enemigo del Estado tras su caída o muerte.
Para la regeneración y renacimiento de España es vital la condena pública de los máximos responsables de la corrupción, el abuso de poder y las enormes y numerosas injusticias y traiciones que han hecho de la España actual un país moral y políticamente dañado, a punto de romperse, decadente, injusto y víctima de dos terribles dramas que amenazan su existencia: la corrupción y una clase política incapaz y seriamente deficiente, ajena a la democracia y divorciada de un pueblo que cada día odia más a sus políticos.
La condena de la memoria de estos sátrapas sin decencia conecta con una de las tradiciones más gloriosas de la política española, por desgracia abandonada, la de los "Juicios de Residencia", procedimientos de revisión de toda la labor pública de personajes con poder, obligados a rendir cuenta de sus actos cuando se terminaban sus mandatos. El juicio de residencia fue un procedimiento judicial del derecho castellano e indiano, que consistía en que al término del desempeño del funcionario público se sometían a revisión sus actuaciones y se escuchaban todos los cargos que hubiese en su contra.
Esa condena de la memoria de los últimos sátrapas debe incluir la revocación de los privilegios que les corresponden como ex presidentes y la supresión de las leyes que convierten a esos políticos en los seres más importantes y respetados del país. Solo aquellos que hayan demostrado lucidez, honradez y acierto a su misión política y hayan contribuido al bien común merecen esos premios, pero no aquellos que han cerrado los ojos ante el delito, han potenciado la división, dado alas al nacionalismo más feroz y pactado con canallas, entre otras muchas brutalidades y aberraciones cometidas por algunos de los últimos altos dirigentes de la nación.
La regeneración con la que sueñan millones de españoles y el castigo de los culpables del desastre de la política española presente serán imposibles mientras personajes como Zapatero, Pedro Sánchez y otros altísimos cargos del Estado, conocidos por sus prácticas corruptas, no sean públicamente condenados y despojados de sus privilegios actuales. El hecho de que los peores sinvergüenzas del país y los políticos más dañinos sigan disfrutando de los mayores privilegios, recibiendo altos sueldos públicos y todo tipo de privilegios a pesar de sus abusos e iniquidades resta credibilidad y firmeza a todo proceso de regeneración y a toda posibilidad de resurgimiento.
Francisco Rubiales
Mientras se siga mintiendo al afirmar que la historia de la política española tras la muerte de Franco ha sido ejemplar y digna de elogio, España estará castrada y lastrada. Si no se reconocen y condenan los grandes errores cometidos, el país nunca despegará. La impunidad de los miserables con poder causa a más daño moral y destruye más esperanzas e ilusiones en España que la misma corrupción.
Junto a la condena del sucio pasado reciente y de sus principales culpables, España necesita una auditoria profunda de lo ocurrido, cuyos resultados, debatidos por toda la sociedad, sirvan para tomar nota de los grandes errores e introducir los cambios legales necesarios para evitar en el futuro que impresentables y miserables alcancen las altas esferas del Estado, llenándolas de corrupción y mal gobierno.
La “damnatio memoriae” es una locución latina que significa literalmente «condena de la memoria». Era una práctica de la antigua Roma consistente en condenar el recuerdo de un enemigo del Estado tras su caída o muerte.
Para la regeneración y renacimiento de España es vital la condena pública de los máximos responsables de la corrupción, el abuso de poder y las enormes y numerosas injusticias y traiciones que han hecho de la España actual un país moral y políticamente dañado, a punto de romperse, decadente, injusto y víctima de dos terribles dramas que amenazan su existencia: la corrupción y una clase política incapaz y seriamente deficiente, ajena a la democracia y divorciada de un pueblo que cada día odia más a sus políticos.
La condena de la memoria de estos sátrapas sin decencia conecta con una de las tradiciones más gloriosas de la política española, por desgracia abandonada, la de los "Juicios de Residencia", procedimientos de revisión de toda la labor pública de personajes con poder, obligados a rendir cuenta de sus actos cuando se terminaban sus mandatos. El juicio de residencia fue un procedimiento judicial del derecho castellano e indiano, que consistía en que al término del desempeño del funcionario público se sometían a revisión sus actuaciones y se escuchaban todos los cargos que hubiese en su contra.
Esa condena de la memoria de los últimos sátrapas debe incluir la revocación de los privilegios que les corresponden como ex presidentes y la supresión de las leyes que convierten a esos políticos en los seres más importantes y respetados del país. Solo aquellos que hayan demostrado lucidez, honradez y acierto a su misión política y hayan contribuido al bien común merecen esos premios, pero no aquellos que han cerrado los ojos ante el delito, han potenciado la división, dado alas al nacionalismo más feroz y pactado con canallas, entre otras muchas brutalidades y aberraciones cometidas por algunos de los últimos altos dirigentes de la nación.
La regeneración con la que sueñan millones de españoles y el castigo de los culpables del desastre de la política española presente serán imposibles mientras personajes como Zapatero, Pedro Sánchez y otros altísimos cargos del Estado, conocidos por sus prácticas corruptas, no sean públicamente condenados y despojados de sus privilegios actuales. El hecho de que los peores sinvergüenzas del país y los políticos más dañinos sigan disfrutando de los mayores privilegios, recibiendo altos sueldos públicos y todo tipo de privilegios a pesar de sus abusos e iniquidades resta credibilidad y firmeza a todo proceso de regeneración y a toda posibilidad de resurgimiento.
Francisco Rubiales