Tim Berners-Lee, creador de la WEB y director del Consorcio World Wide Web (W3C) del Instituto Tecnológico de Massachussets, cree que una de las vías más seguras para regenerar la democracia es preservar a toda costa la libertad en el ciberespacio.
Son muchos los expertos y politólogos que creen que un ciberespacio libre posibilita el verdadero debate, sin interferencias ni manipulaciones, el libre flujo de la información y la creación de inteligencia y criterio a través del intercambio de ideas e iniciativas. El ciberespacio debe permanecer libre, lejos del control de los gobiernos. Es una cuestión vital para la auténtica democracia.
Los verdaderos demócratas son conscientes de que deben democratizar el ciberespacio, facilitar a toda costa el acceso de los ciudadanos, incluso de los más pobres y con menos recursos, a las herramientas básicas del conocimiento, especialmente al software.
El software es ya vital para el desarrollo humano, pero en un futuro cercano lo será todavía más y no habrá posibilidad alguna de tener acceso franco al conocimiento si no se dispone del software apropiado. Pero el valor del software llegará más lejos con el tiempo y tendrá gran influencia en el desarrollo de la mente, de la ciencia, del progreso tecnológico, de las libertades y de la sociedad en general. Por consiguiente, es necesario evitar, desde la verdadera democracia, que con los bienes culturales y con las herramientas básicas del conocimiento y de la nueva cultura suceda lo mismo que ha ocurrido en la historia con la riqueza económica, que está mal distribuida, controlada por los poderosos, en manos sólo de unos pocos.
Somos muchos los que creemos ya que herramientas como el software deben estar disponibles para todos. Muchos jueces empiezan a pesar eso mismo y consideran el libre acceso al software como un valor irrenunciable de la democracia, comparable a la libertad de expresión o al derecho a la intimidad.
El concepto "open source" es de un gran valor simbólico y en torno a ese concepto va a producirse un gran debate en este siglo. Los hackers son hoy considerados criminales, pero no está claro que lo sean en el futuro, siempre que no pirateen por lucro, siempre que se muevan con los enfoques propios de Robin Hood, que con su actividad contribuyan a generar software libre para todos. Nadie puede asegurar que dentro de diez o quince años pueda considerarse delito publicar en Internet los códigos fuente de un software propiedad de Microsoft o de otra gran empresa, a las que, seguramente, los estados tendrán que compensar por sus esfuerzos investigadores.
Ante nosotros se abre un debate apasionante, decisivo para el futuro de la Humanidad, que va a girar sobre la propiedad de los bienes de la cultura y la propiedad intelectual privada. El resultado va a depender del esfuerzo que hagamos para que triunfen los auténticos valores de la democracia y de la libertad. Hay muchas piezas y argumentos en el tablero de juego, algunos tan importantes como el derecho de la sociedad a beneficiarse de los conocimientos y avances y la consecuente obligación de las instituciones y empresas a poner esos bienes a disposición de todos. Es muy probable que el concepto de responsabilidad social avance y consiga incorporar el criterio de que los bienes culturales y, sobre todo, las herramientas del conocimiento, sean patrimonio universal de la raza humana.
Algún día, los gobiernos estarán obligados por ley a facilitar a los ciudadanos el acceso a esa gran biblioteca de la Humanidad que será Internet. Entonces, todo el software imprescindible deberá ser libre y ocurrirá con esa herramienta básica lo mismo que hoy con los museos y bibliotecas, que los políticos se han visto obligados abrirlos gratuitamente, o a precios simbólicos, para que los ciudadanos disfruten de la cultura y el arte universal.
Son muchos los expertos y politólogos que creen que un ciberespacio libre posibilita el verdadero debate, sin interferencias ni manipulaciones, el libre flujo de la información y la creación de inteligencia y criterio a través del intercambio de ideas e iniciativas. El ciberespacio debe permanecer libre, lejos del control de los gobiernos. Es una cuestión vital para la auténtica democracia.
Los verdaderos demócratas son conscientes de que deben democratizar el ciberespacio, facilitar a toda costa el acceso de los ciudadanos, incluso de los más pobres y con menos recursos, a las herramientas básicas del conocimiento, especialmente al software.
El software es ya vital para el desarrollo humano, pero en un futuro cercano lo será todavía más y no habrá posibilidad alguna de tener acceso franco al conocimiento si no se dispone del software apropiado. Pero el valor del software llegará más lejos con el tiempo y tendrá gran influencia en el desarrollo de la mente, de la ciencia, del progreso tecnológico, de las libertades y de la sociedad en general. Por consiguiente, es necesario evitar, desde la verdadera democracia, que con los bienes culturales y con las herramientas básicas del conocimiento y de la nueva cultura suceda lo mismo que ha ocurrido en la historia con la riqueza económica, que está mal distribuida, controlada por los poderosos, en manos sólo de unos pocos.
Somos muchos los que creemos ya que herramientas como el software deben estar disponibles para todos. Muchos jueces empiezan a pesar eso mismo y consideran el libre acceso al software como un valor irrenunciable de la democracia, comparable a la libertad de expresión o al derecho a la intimidad.
El concepto "open source" es de un gran valor simbólico y en torno a ese concepto va a producirse un gran debate en este siglo. Los hackers son hoy considerados criminales, pero no está claro que lo sean en el futuro, siempre que no pirateen por lucro, siempre que se muevan con los enfoques propios de Robin Hood, que con su actividad contribuyan a generar software libre para todos. Nadie puede asegurar que dentro de diez o quince años pueda considerarse delito publicar en Internet los códigos fuente de un software propiedad de Microsoft o de otra gran empresa, a las que, seguramente, los estados tendrán que compensar por sus esfuerzos investigadores.
Ante nosotros se abre un debate apasionante, decisivo para el futuro de la Humanidad, que va a girar sobre la propiedad de los bienes de la cultura y la propiedad intelectual privada. El resultado va a depender del esfuerzo que hagamos para que triunfen los auténticos valores de la democracia y de la libertad. Hay muchas piezas y argumentos en el tablero de juego, algunos tan importantes como el derecho de la sociedad a beneficiarse de los conocimientos y avances y la consecuente obligación de las instituciones y empresas a poner esos bienes a disposición de todos. Es muy probable que el concepto de responsabilidad social avance y consiga incorporar el criterio de que los bienes culturales y, sobre todo, las herramientas del conocimiento, sean patrimonio universal de la raza humana.
Algún día, los gobiernos estarán obligados por ley a facilitar a los ciudadanos el acceso a esa gran biblioteca de la Humanidad que será Internet. Entonces, todo el software imprescindible deberá ser libre y ocurrirá con esa herramienta básica lo mismo que hoy con los museos y bibliotecas, que los políticos se han visto obligados abrirlos gratuitamente, o a precios simbólicos, para que los ciudadanos disfruten de la cultura y el arte universal.