El lehendakari derrotado, Juan José Ibarretxe, en su último consejo de gobierno, celebrado el pasado miércoles, a menos de una semana de ser sustituido por el socialista Patxi López, comprometió partidas por un montante de 118 millones de euros, entre las que destacan subvenciones a colectivos afines al PNV.
Esa actuación, que hipoteca el presupuesto del nuevo gobierno elegido por los ciudadanos, refleja la antidemocrática actitud del lehendakari, su escaso valor político y, sobre todo, las cerencias enormes de la legislación española, que permite a los gobiernos provisionales adoptar en sus últimos días decisiones que no les corresponden, acordes, sin embargo, con la habitual impunidad que disfrutan los políticos en la degradada "democracia" española.
Ese falta de control y de limitación de los poderes de los gobiernos provisionales es una de las muchas perversiones e irregularidades de la legislación española, que en lugar de defender y fortalecer la democracia parece redactada para permitir el poder casi plenamente impune e ilimitado de los distintos gobiernos españoles.
La Constitución Española, presentada ante el ciudadano como un modelo de consenso y de sabiduría democrática, es un adefesio que ha permitido éste y otros muchos abusos e irregularidades, todos ellos reñidos con la limpieza de la democracia.
Las leyes españoles impiden la separación y funcionamiento independiente de los grandes poderes del Estado (Legislativo, Ejecutivo y Judicial), desequilibrados a favor del ejecutivo y todos ellos dominados por el poder de los partidos. Las leyes impiden también el ejercicio del sufragio universal y libre, ya que no son los ciudadanos quienes eligen a sus representantes, sino que lo hacen los partidos en listas cerradas y bloqueadas. Además, existen centenares de carencias e irregularidades, todas ellas contrarias a la democracia, entre las que pueden destacarse las siguientes:
Los representantes no se relacionan con sus votantes, ni rinden cuentas a sus representados, sino a los partidos políticos; los medios de comunicación pueden ser impunemente controlados por el poder político, privandose a la ciudadanía de la información libre e independiente que necesita; los cargos políticos sólo dimiten cuando quieren o lo desean sus propios partidos, aunque sus errores y faltas sean de extrema gravedad; la sociedad civil ha sido ocupada y casi exterminada por el poder político, impidiéndosele que ejerza su papel de contrapeso del Estado; la ley no se aplica por igual a todos los ciudadanos; los gobiernos burlan y violan derechos constitucionales tan fundamentales como la igualdad de oportunidades al disponer de listas negras de adversarios a los que se les acosa y ni siquiera se les permite recibir subvenciones o ganar concursos públicos; los ciudadanos, soberanos y protagonistas de la auténtica democracia, están marginados en España y sólo se recurre a ellos cuando se abren las urnas, cada cuatro años; la corrupción, la deslealtad, el abuso de poder, la venganza, la arbitrariedad, la injusticia, la marginación, el enchufismo, el amiguismo, el nepotismo, el despilfarro y un largo etcéterta que abarca a casi todos los pecados y vicios imaginables del poder están entronizados y gozan de práctica impunidad en la política española.
Esa actuación, que hipoteca el presupuesto del nuevo gobierno elegido por los ciudadanos, refleja la antidemocrática actitud del lehendakari, su escaso valor político y, sobre todo, las cerencias enormes de la legislación española, que permite a los gobiernos provisionales adoptar en sus últimos días decisiones que no les corresponden, acordes, sin embargo, con la habitual impunidad que disfrutan los políticos en la degradada "democracia" española.
Ese falta de control y de limitación de los poderes de los gobiernos provisionales es una de las muchas perversiones e irregularidades de la legislación española, que en lugar de defender y fortalecer la democracia parece redactada para permitir el poder casi plenamente impune e ilimitado de los distintos gobiernos españoles.
La Constitución Española, presentada ante el ciudadano como un modelo de consenso y de sabiduría democrática, es un adefesio que ha permitido éste y otros muchos abusos e irregularidades, todos ellos reñidos con la limpieza de la democracia.
Las leyes españoles impiden la separación y funcionamiento independiente de los grandes poderes del Estado (Legislativo, Ejecutivo y Judicial), desequilibrados a favor del ejecutivo y todos ellos dominados por el poder de los partidos. Las leyes impiden también el ejercicio del sufragio universal y libre, ya que no son los ciudadanos quienes eligen a sus representantes, sino que lo hacen los partidos en listas cerradas y bloqueadas. Además, existen centenares de carencias e irregularidades, todas ellas contrarias a la democracia, entre las que pueden destacarse las siguientes:
Los representantes no se relacionan con sus votantes, ni rinden cuentas a sus representados, sino a los partidos políticos; los medios de comunicación pueden ser impunemente controlados por el poder político, privandose a la ciudadanía de la información libre e independiente que necesita; los cargos políticos sólo dimiten cuando quieren o lo desean sus propios partidos, aunque sus errores y faltas sean de extrema gravedad; la sociedad civil ha sido ocupada y casi exterminada por el poder político, impidiéndosele que ejerza su papel de contrapeso del Estado; la ley no se aplica por igual a todos los ciudadanos; los gobiernos burlan y violan derechos constitucionales tan fundamentales como la igualdad de oportunidades al disponer de listas negras de adversarios a los que se les acosa y ni siquiera se les permite recibir subvenciones o ganar concursos públicos; los ciudadanos, soberanos y protagonistas de la auténtica democracia, están marginados en España y sólo se recurre a ellos cuando se abren las urnas, cada cuatro años; la corrupción, la deslealtad, el abuso de poder, la venganza, la arbitrariedad, la injusticia, la marginación, el enchufismo, el amiguismo, el nepotismo, el despilfarro y un largo etcéterta que abarca a casi todos los pecados y vicios imaginables del poder están entronizados y gozan de práctica impunidad en la política española.