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La ley electoral se incumple para facilitar el fraude en España



España se encuentra en una situación de enorme gravedad, atravesada de parte a parte por sospechas y rumores de que la izquierda ha realizado un inmenso fraude electoral, arrebatando escaños a la derecha para que no pueda gobernar. Muchos sociólogos y expertos se extrañan de los datos del escrutinio y sostienen que es casi imposible que un partido obtenga mayoría absoluta en el Senado y que pierda cientos de miles de votos en el Congreso. Lo lógico es que quien vota a un partido en el Senado lo vote también en el Congreso.

Las sospechas señalan a las empresas que participan en el proceso electoral, una que transporta los votos y otra que realiza el cómputo. Esta última, INDRA, controlada por amigos de Pedro Sánchez, a los que él ha colocado allí, está altamente señalada como sospechosa de haber realizado el fraude.

La situación se agrava porque en España no se cumple la Ley Electoral, se destruyen las papeles y no se cuentan las actas manualmente, como manda la ley, lo que obliga a aceptar como buenos los datos que proporciona INDRA, a los que la ley considera "provisionales". Ese proceso, fraudulento e ilegal, es lo bastante grave para repetir las elecciones, que están seriamente bajo sospecha, ya que es imposible realizar, como demandan millones de españoles un recuento manual de papeletas que han sido destruidas con precipitación, como se destruyeron los trenes de los atentados de Atocha, en las elecciones que ganó sorprendentemente Zapatero.

Imponer un gobierno a una ciudadanía que no lo acepta y que sospecha, con indicios y datos sólidos, de un fraude es todo un suicidio para la democracia, un sistema que se basa, precisamente, en la confianza de los administrados en los administradores. El gobierno de Sánchez, si se consolida, será considerado ilegítimo y bastardo por muchos millones de ciudadanos, un dato lo bastante grave para que el mismo rey, encargado por la Constitución de cuidar la unidad y la solvencia legal de España, intervenga impidiendo que se culmine el abuso opresivo.

La España que ha surgido de las elecciones está más histérica, dividida y podrida que antes. El mandato de Pedro Sánchez, si se produce, será un infierno.

¿Que hará el rey Felipe? ¿Nombrará a Pedro Sánchez para que forme gobierno? Algunos constitucionalistas han expresado que designar a alguien que prepara un gobierno con enemigos de España podría ser traición, lo que complica todavía más el asunto.

Lo lógico, en las presentes circunstancias, sería repetir las elecciones, pero Pedro Sánchez, que es un enfermo obseso de poder, no quiere y pretende reconstruir su alianza de miserables, integrada por amigos del terrorismo, comunistas totalitarios, separatistas y golpistas, todos interesados en la destrucción de España.

Publicamos hoy párrafos significativos del artículo que publica hoy Carlos Aurelio Caldito Aunión en su blog VOZ Ibérica, titulado "Exijamos que se lleve a cabo el escrutinio general que establece la Ley Electoral para las elecciones del 23 de julio", en el que muchas incógnitas quedan aclaradas.
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Las papeletas de voto no se conservan, se destruyen o acaban en un contenedor… y nunca, desde hace años, se realiza el escrutinio general en cada junta electoral, que supondría abrir todos los sobres con las actas de cada colegio electoral, entregadas en el juzgado por cada presidente de mesa al final de la jornada de votaciones… Los datos que dan por definitivos son del Ministerio del Interior, suministrados por la empresa que lleva el asunto por concesión de Pedro Sánchez, exactamente Indra…

Lo cual implica que si las instrucciones que tienen los presidentes de mesa es entregar, en un sobre cerrado, las actas de la jornada electoral, en la junta electoral de zona, todo lo demás se destruye; de lo cual deriva que no cabe comprobación posterior.

Indra es la empresa, amiga de Pedro Sánchez, que tiene la concesión administrativa para hacer el escrutinio para el Ministerio del Interior, al margen de las Juntas Electorales Provinciales.

La costumbre, desde hace años para acá, es dar por válidos los resultados del Ministerio del Interior; o sea, se incurre en ilegalidad, pues la legislación electoral obliga a hacer un escrutinio general en cada junta electoral provincial, abriendo los sobres aportados por los presidentes de mesa y sumando los resultados recogidos en cada acta…

Se supone que los interventores de los partidos cogen una copia del acta de la mesa en la que han estado durante la jornada, firmada por los vocales y el presidente, y la llevan a la sede del partido; luego no van a la junta electoral el día que supuestamente se realiza el escrutinio general; en este caso el día 28 de julio, con entrada libre.

Lo que llama la atención es que los partidos de la oposición den por válidos los datos aportados por el gobierno, a través del Ministerio del Interior, o sea INDRA, la empresa amiga de Sánchez, y no acudan a la junta electoral el día del escrutinio general, que generalmente no se hace, incurriendo en ilegalidad…

Desde hace unos años, desde que se creó la asociación «Elecciones Transparentes», se está haciendo correctamente en algunos lugares de España, muy poquitos, en sitios en los que no se realiza el escrutinio general de forma correcta la asociación ha presentado demandas ante los tribunales, que los jueces se han pasado generalmente por la entrepierna…

Por supuesto, a «Elecciones Transparentes» apenas se le da la relevancia que merece,… sus integrantes empezaron a hacer ruido hace como cuatro o cinco años, pero, claro, como tocan el asunto que tocan, se ha decretado la «omerta», la ley del silencio, por parte de los medios de información, creadores de opinión y manipulación de masas.

Carlos Aurelio Caldito Aunión


Quien desee visitar el artículo en su blog original, que pulse AQUÍ


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Jueves, 27 de Julio 2023
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