Si existiera la justicia en el deporte español, se castigaría a un árbitro como Rubino Pérez, que anoche, en el encuentro celebrado en Sevilla entre Betis y Villareal, acosó al Betis con sus arbitrariedades y le robó el partido con una actitud chulesca, prepotente y arbitraria. Si existiera justicia, ese árbitro no debería volver a pisar un campo de fútbol, no porque se haya equivocado, sino porque ha exhibido su poder como un pequeño dictador enrabietado, ha humillado a un equipo y ha hecho todo lo posible por extraer de la afición bética presente en el estadio toda la indignación y la rabia que los hombres libres experimentan ante la injusticia y la prepotencia.
Hace 20 años, el entonces alcalde de Jerez, Pedro Pacheco, hizo famosa la frase "La Justicia es un cachondeo". Aquella denuncia sirvió para que la democracia española se planteara la necesidad de crear una justicia más justa y eficiente. Hoy, aunque parezca increíble, aquella vieja sentencia sigue teniendo vigencia, al menos en lo que se refiere a la justicia deportiva.
La justicia deportiva (al menos para el Betis) es un auténtico cachondeo. En la noche del martes le pitaron un panalti que no existió, repitieron el penalti sólo porque el portero bético lo había parado, le expulsaron a dos jugadores (Joaquín y Melli) y le anularon un gol perfectamente legal.
Lo grave del caso es que todo indica que el árbitro no se equivocó, sino que ejerció la prepotencia y la venganza, desbordado de soberbia.
Pero lo más grave es que quien debía administrar justicia sobre el terreno, no sólo no lo hizo, sino que, además, hizo todo lo que pudo por generar una explosión de indignación y violencia en un estadio lleno de aficionados impotentes y humillados por la saña de un personajillo enrabietado y mediocre, vestido de negro.
Pero no es esta la primera vez que el Betis es masacrado por la injusticia y la propotencia arbitral. Oliveira, por aplaudir al árbitro, sufrió no hace mucho un partido de suspensión; Beckan, por el mismo "delito", recibió el perdón del Comité. El Betis (y también el Sevilla) tuvo que cerrar su estadio por castigo federativo; el Barcelona, el club rey de la impunidad, por un "delito" mayor, es perdonado. La igualdad ante la ley que garantiza la Constitución Española y cualquier Estado democrático salta por los aires en el deporte español, que funciona como un feudo en el que el gobierno, obligado a cumplir y hacer cumplir la ley, parece vergonzosamente ausente.
Algunos piensan que las injusticias, en el deporte, son más soportables que en otros ámbitos de la vida, pero no es así. El deporte, sobre todo el fútbol, es hoy la gran pasión nacional, más popular y más creíble que la desprestigiada política, lo que hace que cualquier escándalo o signo que se produzca en el fútbol tenga una intensa y profunda repercusión en la ciudadanía.
Que la justicia deportiva destroce y castigue al Betis y a otros equipos débiles y, al mismo tiempo, permita que los equipos poderosos como el Barcelona y el Madrid resulten beneficiados y escapen al castigo no es, en modo alguno, un asunto superficial, competencia sólo del ámbito deportivo. En buena ley y en un país auténticamente democrático y justo, esa exaltación pública y vergonzante de la desigualdad debería interesar al gobierno de la nación, al gobierno autonómico, al Poder Judicial y a la sociedad civil.
Que nadie olvide aquello que dijo Rousseau, que quien tolera la injusticia sin rebelarse tiene alma de esclavo.
Hace 20 años, el entonces alcalde de Jerez, Pedro Pacheco, hizo famosa la frase "La Justicia es un cachondeo". Aquella denuncia sirvió para que la democracia española se planteara la necesidad de crear una justicia más justa y eficiente. Hoy, aunque parezca increíble, aquella vieja sentencia sigue teniendo vigencia, al menos en lo que se refiere a la justicia deportiva.
La justicia deportiva (al menos para el Betis) es un auténtico cachondeo. En la noche del martes le pitaron un panalti que no existió, repitieron el penalti sólo porque el portero bético lo había parado, le expulsaron a dos jugadores (Joaquín y Melli) y le anularon un gol perfectamente legal.
Lo grave del caso es que todo indica que el árbitro no se equivocó, sino que ejerció la prepotencia y la venganza, desbordado de soberbia.
Pero lo más grave es que quien debía administrar justicia sobre el terreno, no sólo no lo hizo, sino que, además, hizo todo lo que pudo por generar una explosión de indignación y violencia en un estadio lleno de aficionados impotentes y humillados por la saña de un personajillo enrabietado y mediocre, vestido de negro.
Pero no es esta la primera vez que el Betis es masacrado por la injusticia y la propotencia arbitral. Oliveira, por aplaudir al árbitro, sufrió no hace mucho un partido de suspensión; Beckan, por el mismo "delito", recibió el perdón del Comité. El Betis (y también el Sevilla) tuvo que cerrar su estadio por castigo federativo; el Barcelona, el club rey de la impunidad, por un "delito" mayor, es perdonado. La igualdad ante la ley que garantiza la Constitución Española y cualquier Estado democrático salta por los aires en el deporte español, que funciona como un feudo en el que el gobierno, obligado a cumplir y hacer cumplir la ley, parece vergonzosamente ausente.
Algunos piensan que las injusticias, en el deporte, son más soportables que en otros ámbitos de la vida, pero no es así. El deporte, sobre todo el fútbol, es hoy la gran pasión nacional, más popular y más creíble que la desprestigiada política, lo que hace que cualquier escándalo o signo que se produzca en el fútbol tenga una intensa y profunda repercusión en la ciudadanía.
Que la justicia deportiva destroce y castigue al Betis y a otros equipos débiles y, al mismo tiempo, permita que los equipos poderosos como el Barcelona y el Madrid resulten beneficiados y escapen al castigo no es, en modo alguno, un asunto superficial, competencia sólo del ámbito deportivo. En buena ley y en un país auténticamente democrático y justo, esa exaltación pública y vergonzante de la desigualdad debería interesar al gobierno de la nación, al gobierno autonómico, al Poder Judicial y a la sociedad civil.
Que nadie olvide aquello que dijo Rousseau, que quien tolera la injusticia sin rebelarse tiene alma de esclavo.