Los socialistas andaluces están desesperados y cargados de rencor contra la juez Mercedes Alaya, una mujer aparentemente frágil, pero fuerte y decidida a desnudar a la Junta de Andalucía, que ya no puede seguir ocultando sus comportamientos delictivos y la podredumbre que ha acumulado durante más de treinta años de gobierno. A la juez no le perdonan que siga investigando y actuando en vísperas de las elecciones del 25 de marzo, obligando al PSOE andaluz a hacer la campaña electoral en medio de una lluvia de excrementos.
La juez que investiga los EREs irregulares acaba de citar a declarar, como imputado, al ex consejero de Empleo de la Junta Antonio Fernández, que comparecerá el 19 de abril, y al ex delegado de la Consejería en Sevilla Antonio Rivas, que lo hará el 26 de julio.
Poco a poco, la implacable juez, a la que Griñán ya intentó desacreditar y apartar del caso, va desmontando la red de secretos, mentiras y complicidades que oculta el verdadero rostro de la Junta de Andalucía, cuyo comportamiento antidemocrático y nada ético ha convertido a Andalucía en la pocilga corrupta más maloliente de España y de Europa, mucho más, incluso, que la Valencia administrada por Camps.
Si la juez continúa su implacable labor de desenrollar la madeja, decubrirá que la Junta no sólo ha empleado delictivamente los fondos para empleo en beneficiar a los amigos del PSOE, sino que, además, ha impedido que empresarios determinidos, por ser críticos, reciban las subvenciones a las que tenían derecho, y quizás descubra también cosas que muchos andaluces conocen, entre ellas que hay recaudadores que han cobrado comisiones ilegales en nombre del PSOE, que se han falseado concursos públicos, que se han cobrado comisiones a los ganadores de esos concursos, cuidadosamente seleccionados para que fueran amigos del poder, y que existen miles de políticos y cargos públicos en Andalucía que son incapaces de explicar su abultada riqueza patrimonial.
También decubrirá que todos en el gobierno andaluz, empezando por los presidentes Chaves y Griñán, conocían las ilegalidades, arbitrariedades y hasta delitos cometidos por algunos de sus colaboradores, lo que les convierte en algo más que responsables políticos de esas canalladas corruptas.
Fuentes del caso han informado que la juez Mercedes Alaya continúa así las declaraciones de altos cargos de la Junta que inició la semana pasada con Francisco Javier Guerrero, director general de Trabajo entre 1999 y 2009, que ingresó en prisión sin fianza.
Entre otros, han sido ya imputados en la causa el viceconsejero de Empleo entre 2004 y 2010, Agustín Barberá,; el director general de Trabajo entre 2009 y 2010, Juan Márquez, y su sucesor y actual titular, Daniel Alberto Rivera.
En sus tres días de declaración, Guerrero implicó a Antonio Fernández y a otros consejeros y viceconsejeros de Empleo como presuntos conocedores de las irregularidades que investiga la juez, y además aseguró que Fernández se comprometió a dar tres millones de euros a empresas de Angel Rodríguez de la Borbolla, ex alcalde de Cazalla de la Sierra (Sevilla) y hermano del ex presidente de la Junta José Rodríguez de la Borbolla.
Fernández fue también viceconsejero de Empleo entre 1995 y 2004, se prejubiló en las bodegas González Byass, una de las varias decenas de empresas que están siendo investigadas, y en 2001, siendo presidente del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), firmó el convenio que permitió canalizar las ayudas objeto de la causa.
En cuanto a Antonio Rivas, delegado de la Consejería de Empleo en Sevilla entre 2004 y 2010, la Guardia Civil le ha implicado en las irregularidades del ERE de la empresa Calderinox, ya que fue "el primer eslabón de la cadena", tuvo "conocimiento de todo lo que sucedía y participó en la inclusión de los intrusos".
Rivas está imputado además en el sumario del caso Mercasevilla que dio origen a la actual investigación sobre los ERE, causa en la que el fiscal pide para él 21 meses de suspensión y 900.000 euros de multa.
Junto a los ex directivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce, Rivas será juzgado por un jurado popular por la presunta petición de una comisión ilegal de 450.000 euros a dos empresarios sevillanos como condición para ser adjudicatarios de la Escuela de Hostelería de Mercasevilla.
La juez anunció semanas atrás la imputación del ex viceconsejero Agustín Barberá, quien "tendría conocimiento a la vez que el consejero Antonio Fernández de la falta de legalidad de los procedimientos seguidos para la concesión de las ayudas directas a empresas".
En su comparecencia judicial, Guerrero señaló como artífice del sistema de ayudas investigado al exconsejero de Empleo José Antonio Viera, actual diputado en el Congreso, de quien la Guardia Civil destacó su "papel esencial" a la hora de "sacar adelante" las ayudas.
La juez que investiga los EREs irregulares acaba de citar a declarar, como imputado, al ex consejero de Empleo de la Junta Antonio Fernández, que comparecerá el 19 de abril, y al ex delegado de la Consejería en Sevilla Antonio Rivas, que lo hará el 26 de julio.
Poco a poco, la implacable juez, a la que Griñán ya intentó desacreditar y apartar del caso, va desmontando la red de secretos, mentiras y complicidades que oculta el verdadero rostro de la Junta de Andalucía, cuyo comportamiento antidemocrático y nada ético ha convertido a Andalucía en la pocilga corrupta más maloliente de España y de Europa, mucho más, incluso, que la Valencia administrada por Camps.
Si la juez continúa su implacable labor de desenrollar la madeja, decubrirá que la Junta no sólo ha empleado delictivamente los fondos para empleo en beneficiar a los amigos del PSOE, sino que, además, ha impedido que empresarios determinidos, por ser críticos, reciban las subvenciones a las que tenían derecho, y quizás descubra también cosas que muchos andaluces conocen, entre ellas que hay recaudadores que han cobrado comisiones ilegales en nombre del PSOE, que se han falseado concursos públicos, que se han cobrado comisiones a los ganadores de esos concursos, cuidadosamente seleccionados para que fueran amigos del poder, y que existen miles de políticos y cargos públicos en Andalucía que son incapaces de explicar su abultada riqueza patrimonial.
También decubrirá que todos en el gobierno andaluz, empezando por los presidentes Chaves y Griñán, conocían las ilegalidades, arbitrariedades y hasta delitos cometidos por algunos de sus colaboradores, lo que les convierte en algo más que responsables políticos de esas canalladas corruptas.
Fuentes del caso han informado que la juez Mercedes Alaya continúa así las declaraciones de altos cargos de la Junta que inició la semana pasada con Francisco Javier Guerrero, director general de Trabajo entre 1999 y 2009, que ingresó en prisión sin fianza.
Entre otros, han sido ya imputados en la causa el viceconsejero de Empleo entre 2004 y 2010, Agustín Barberá,; el director general de Trabajo entre 2009 y 2010, Juan Márquez, y su sucesor y actual titular, Daniel Alberto Rivera.
En sus tres días de declaración, Guerrero implicó a Antonio Fernández y a otros consejeros y viceconsejeros de Empleo como presuntos conocedores de las irregularidades que investiga la juez, y además aseguró que Fernández se comprometió a dar tres millones de euros a empresas de Angel Rodríguez de la Borbolla, ex alcalde de Cazalla de la Sierra (Sevilla) y hermano del ex presidente de la Junta José Rodríguez de la Borbolla.
Fernández fue también viceconsejero de Empleo entre 1995 y 2004, se prejubiló en las bodegas González Byass, una de las varias decenas de empresas que están siendo investigadas, y en 2001, siendo presidente del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), firmó el convenio que permitió canalizar las ayudas objeto de la causa.
En cuanto a Antonio Rivas, delegado de la Consejería de Empleo en Sevilla entre 2004 y 2010, la Guardia Civil le ha implicado en las irregularidades del ERE de la empresa Calderinox, ya que fue "el primer eslabón de la cadena", tuvo "conocimiento de todo lo que sucedía y participó en la inclusión de los intrusos".
Rivas está imputado además en el sumario del caso Mercasevilla que dio origen a la actual investigación sobre los ERE, causa en la que el fiscal pide para él 21 meses de suspensión y 900.000 euros de multa.
Junto a los ex directivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce, Rivas será juzgado por un jurado popular por la presunta petición de una comisión ilegal de 450.000 euros a dos empresarios sevillanos como condición para ser adjudicatarios de la Escuela de Hostelería de Mercasevilla.
La juez anunció semanas atrás la imputación del ex viceconsejero Agustín Barberá, quien "tendría conocimiento a la vez que el consejero Antonio Fernández de la falta de legalidad de los procedimientos seguidos para la concesión de las ayudas directas a empresas".
En su comparecencia judicial, Guerrero señaló como artífice del sistema de ayudas investigado al exconsejero de Empleo José Antonio Viera, actual diputado en el Congreso, de quien la Guardia Civil destacó su "papel esencial" a la hora de "sacar adelante" las ayudas.