Los insensatos del PP, con el ministro Montoro a la cabeza, no paran de amenazar y presionar a los que se han refugiado en la economía sumergida para sobrevivir, ignorando que gracias a esa economía que funciona al margen de la acuciante e injusta presión fiscal del gobierno, España se mantiene en paz y las calles no están llenas de barricadas.
La voracidad recaudadora del gobierno es indigna e insultante. Cualquier día pretenderán cobrarle impuestos a los que comen de los contenedores. Son como fieras insaciables y su fanatismo recaudador puede acabar con la gallina de los huevos de oro, que, contrariamente a lo que afirma la propaganda, es la floreciente y dinámica economía de subsistencia española, la que permite a miles de empresas sobrevivir, empresas que habrían muerto si se hubieran sometido a las exigencia del gobierno recaudador.
La economía sumergida española representa hoy mas del 20 por ciento del PIB, pero ese dato puede pecar de conservador y quedarse corto hasta en un diez por ciento. Millones de operaciones se realizan "sin IVA" y miles de trabajadores no cotizan porque someterse a las leyes del gobierno representaría la muerte.
Aunque en una mínima parte, la economía clandestina también es un acto de rebelión frente al abuso de poder que significa que un pueblo como el español, arruinado y diezmado por el desempleo y la pobreza, tenga que pagar a un gobierno insensato y despilfarrador los impuestos mas elevados y desproporcionados de toda Europa, sin que el Estado voraz se sienta obligado a devolver al ciudadano su dinero en servicios eficaces.
Muchos españoles eluden pagar impuestos porque no se fían del destino de su dinero y piensan que para que terminen en la cuenta suiza de Bárcenas, el ex tesorero del PP, mejor está en el bolsillo de su dueño. Hay millones de españoles que piensan que los últimos gobiernos de España, infectados de corrupción, abuso y antidemocracia, no tienen autoridad moral alguna para pedir a los ciudadanos el sometimiento a una legalidad que la misma clase política burla y desprecia.
El simple argumento de que el gobierno actual está empobreciendo a las clases medias y cerrando miles de empresas cada mes como consecuencia de su voracidad fiscal, sin que haya cerrado antes una sola televisión autonómica o eliminado las odiadas subvenciones a los partidos políticos, sindicatos y organizaciones patronales basta para disuadir a millones de ciudadanos del pago voluntario de impuestos solidarios.
Mientras la injusticia y la corrupción aniden y florezcan en la clase política, el cobro de impuestos tendrá que realizarse con métodos coercitivos y bajo la amenaza de castigos y penas, pues sería ridículo esperar que los ciudadanos fueran ejemplares allí donde los políticos son asquerosamente corruptos e insolidarios.
La voracidad recaudadora del gobierno es indigna e insultante. Cualquier día pretenderán cobrarle impuestos a los que comen de los contenedores. Son como fieras insaciables y su fanatismo recaudador puede acabar con la gallina de los huevos de oro, que, contrariamente a lo que afirma la propaganda, es la floreciente y dinámica economía de subsistencia española, la que permite a miles de empresas sobrevivir, empresas que habrían muerto si se hubieran sometido a las exigencia del gobierno recaudador.
La economía sumergida española representa hoy mas del 20 por ciento del PIB, pero ese dato puede pecar de conservador y quedarse corto hasta en un diez por ciento. Millones de operaciones se realizan "sin IVA" y miles de trabajadores no cotizan porque someterse a las leyes del gobierno representaría la muerte.
Aunque en una mínima parte, la economía clandestina también es un acto de rebelión frente al abuso de poder que significa que un pueblo como el español, arruinado y diezmado por el desempleo y la pobreza, tenga que pagar a un gobierno insensato y despilfarrador los impuestos mas elevados y desproporcionados de toda Europa, sin que el Estado voraz se sienta obligado a devolver al ciudadano su dinero en servicios eficaces.
Muchos españoles eluden pagar impuestos porque no se fían del destino de su dinero y piensan que para que terminen en la cuenta suiza de Bárcenas, el ex tesorero del PP, mejor está en el bolsillo de su dueño. Hay millones de españoles que piensan que los últimos gobiernos de España, infectados de corrupción, abuso y antidemocracia, no tienen autoridad moral alguna para pedir a los ciudadanos el sometimiento a una legalidad que la misma clase política burla y desprecia.
El simple argumento de que el gobierno actual está empobreciendo a las clases medias y cerrando miles de empresas cada mes como consecuencia de su voracidad fiscal, sin que haya cerrado antes una sola televisión autonómica o eliminado las odiadas subvenciones a los partidos políticos, sindicatos y organizaciones patronales basta para disuadir a millones de ciudadanos del pago voluntario de impuestos solidarios.
Mientras la injusticia y la corrupción aniden y florezcan en la clase política, el cobro de impuestos tendrá que realizarse con métodos coercitivos y bajo la amenaza de castigos y penas, pues sería ridículo esperar que los ciudadanos fueran ejemplares allí donde los políticos son asquerosamente corruptos e insolidarios.