La España de Sánchez desprecia las reiteradas peticiones de Europa para que la Justicia sea reformada y los partidos políticos saquen de ella sus corruptas zarpas. A pesar de que Europa ha vuelto a advertir a España que son los jueces y no los partidos los que deben elegir a los miembros de los grandes tribunales y el órgano de gobierno judicial, el CGPJ, Sánchez acaba de aprobar una ley exprés que le permitirá controlar con sus jueces progresistas el Tribunal Constitucional para impedir que los indultos a los golpistas y leyes de la izquierda, como la eutanasia y el aborto, sean consideradas inconstitucionales.
El espectáculo de la Justicia española politizada con los partidos repartiéndose los sillones de los altos tribunales es bochornoso y refleja la enorme bajeza de nuestros sistema, manejado por partidos y gobiernos corrompidos hasta el tuétano, indignos de llamarse democráticos.
La tarea de prostituir la Justicia ha sido obra de los dos grandes partidos, PP y PSOE, con la habitual complicidad de los partidos nacionalista catalanes y vascos, todos ellos impregnados de corrupción y abuso de poder.
Bruselas acaba de amonestar a España por tercer año consecutivo por el bloqueo del Poder Judicial y le pide reformar su sistema de elección "inmediatamente después de su renovación" y recomienda también reforzar la independencia de la Fiscalía General del Estado, que en España está politizada y controlada por el PSOE a través de la exministra Dolores Delgado, contra la que hay una rebelión constante de fiscales que rechazan su parcialidad y sometimiento al gobierno.
La politización de la Justicia, al igual que la prostitución de la democracia, es obra de los partidos políticos españoles, carentes de los controles básicos que establece el sistema democrático para evitar que se conviertan en piezas tiránicas del sistema.
Los jueces españoles se agrupan en tres asociaciones que reproducen la vida política y sus partidos. Hay una asociación conservadora, cercana al PP, una progresista, dominada por la izquierda, y otra que se declara independiente, sin serlo del todo.
El resultado de todo este caos corrupto es una Justicia intervenida por los partidos, parcial, arbitraria y terriblemente lenta, impropia de una democracia y ajena a la decencia.
De hecho, VOX es el único partido en España que parece decidido a reformar el sistema y a permitir que sean los jueces los que controlen el poder judicial, en lugar de que la Justicia se convierta en una prolongación de la lucha ideológica por el poder. Los demás, pugnan por controlar jueces y obtener, gracias a la corrupción, sentencias favorables para sus temas sensibles y para sus propios casos de delitos y corrupciones.
La Comisión Europea ha reclamado este miércoles a las autoridades españolas proceder "con carácter prioritario" a la renovación del órgano de gobierno de los jueces, pendiente desde diciembre de 2018. Una renovación que debe hacerse con las reglas vigentes, pero que tiene que ir seguida "inmediatamente después" de una reforma del sistema de elección de sus miembros.
El último intento fallido de acuerdo entre el Gobierno y el PP para renovar el CGPJ se ha producido esta misma semana.
Pero el problema es que la reforma de la Justicia es sólo una pieza del inmenso mapa de la podredumbre
política e institucional de España, convertida por los partidos en una gran pocilga donde no funcionan correctamente ni la Justicia, ni la Monarquía, ni los sindicatos, ni la universidad, ni los partidos políticos, ni la sociedad civil y un larguísimo etcétera de irregularidades y podredumbres, todas ellas promovidas y protagonizadas por una clase política nauseabunda y sin ética democrática.
Francisco Rubiales
El espectáculo de la Justicia española politizada con los partidos repartiéndose los sillones de los altos tribunales es bochornoso y refleja la enorme bajeza de nuestros sistema, manejado por partidos y gobiernos corrompidos hasta el tuétano, indignos de llamarse democráticos.
La tarea de prostituir la Justicia ha sido obra de los dos grandes partidos, PP y PSOE, con la habitual complicidad de los partidos nacionalista catalanes y vascos, todos ellos impregnados de corrupción y abuso de poder.
Bruselas acaba de amonestar a España por tercer año consecutivo por el bloqueo del Poder Judicial y le pide reformar su sistema de elección "inmediatamente después de su renovación" y recomienda también reforzar la independencia de la Fiscalía General del Estado, que en España está politizada y controlada por el PSOE a través de la exministra Dolores Delgado, contra la que hay una rebelión constante de fiscales que rechazan su parcialidad y sometimiento al gobierno.
La politización de la Justicia, al igual que la prostitución de la democracia, es obra de los partidos políticos españoles, carentes de los controles básicos que establece el sistema democrático para evitar que se conviertan en piezas tiránicas del sistema.
Los jueces españoles se agrupan en tres asociaciones que reproducen la vida política y sus partidos. Hay una asociación conservadora, cercana al PP, una progresista, dominada por la izquierda, y otra que se declara independiente, sin serlo del todo.
El resultado de todo este caos corrupto es una Justicia intervenida por los partidos, parcial, arbitraria y terriblemente lenta, impropia de una democracia y ajena a la decencia.
De hecho, VOX es el único partido en España que parece decidido a reformar el sistema y a permitir que sean los jueces los que controlen el poder judicial, en lugar de que la Justicia se convierta en una prolongación de la lucha ideológica por el poder. Los demás, pugnan por controlar jueces y obtener, gracias a la corrupción, sentencias favorables para sus temas sensibles y para sus propios casos de delitos y corrupciones.
La Comisión Europea ha reclamado este miércoles a las autoridades españolas proceder "con carácter prioritario" a la renovación del órgano de gobierno de los jueces, pendiente desde diciembre de 2018. Una renovación que debe hacerse con las reglas vigentes, pero que tiene que ir seguida "inmediatamente después" de una reforma del sistema de elección de sus miembros.
El último intento fallido de acuerdo entre el Gobierno y el PP para renovar el CGPJ se ha producido esta misma semana.
Pero el problema es que la reforma de la Justicia es sólo una pieza del inmenso mapa de la podredumbre
política e institucional de España, convertida por los partidos en una gran pocilga donde no funcionan correctamente ni la Justicia, ni la Monarquía, ni los sindicatos, ni la universidad, ni los partidos políticos, ni la sociedad civil y un larguísimo etcétera de irregularidades y podredumbres, todas ellas promovidas y protagonizadas por una clase política nauseabunda y sin ética democrática.
Francisco Rubiales