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Es tan escasa la confianza que los ciudadanos tienen en los políticos que ha bastado que Solbes dijera el martes 30 de septiembre que los ahorros de los españoles están garantizados para que miles de ciudadanos acudieran a los bancos para retirar sus fondos. Todavía no es una estampida, pero se ha notado, según nos lo han confirmado en numerosas instituciones financieras, donde saben que los políticos, como los banqueros, han perdido ya todo el crédito ante la ciudadanía.
Durante la otra gran crisis económica, la de los años treinta del pasado siglo, los políticos perdieron también su prestigio y credibilidad, aunque el deterioro de su imagen no llegó a ser tan grave como ahora. El desprecio de los ciudadanos a los políticos llegó a ser tan intenso que el presidente de Estados Unidos, F.D. Rooselvet, se vio obligado a salir al paso con esta recomendación: “Tenemos que luchar para que la palabra político deje de ser un insulto”.
En España, el gobierno está llegando a extremos inéditos y hace méritos para ser considerado por muchos ciudadanos como un adversario. Falta poco para que lo consideremos como nuestro peor enemigo. La última prueba: Zapatero beneficia con más dinero a las autonomías gobernadas por el PSOE y penaliza con menos inversiones a las gobernadas por el PP. También sirve como ejemplo el que Rubalcaba aumente un 20 por ciento los "fondos reservados", a pesar de la crisis, mientras que las empresas están asfixiadas y a Solbes no se le ocurre otra cosa que ordenar a Hacienda inspecciones a malsalva. Algunos empresarios, desesperados por el acoso de los impuestos en estos tiempos de angustia, piensan en la objección fiscal o en cerrar sus empresas.
Las víctimas, como siempre, son los más débiles. Cada día, quinientos jóvenes pasan a engrosar el paro, mientras que Zapatero ni siquiera es capaz, como han hecho otros países, de garantizar los depósitos bancarios o de subir el mínimo garantizado para los ahorradores, que en España es de 20.000 euros, uno de los más bajos del mundo desarrollado. El presidente, alienado y víctima del famoso "síndrome de la Moncloa", que hace de los presidentes ineptos arrogantes en su segundo mandato, habla ahora del sentido del humor y sigue alardeando de la fortaleza de un país que, mal gobernado, cada días es más pobre, más desigual y más injusto.
En España sobran dos millones de funcionarios y empleados públicos. Hace dos década, el número de funcionarios y cargos cobrando del Estado en España se acercaba al millón, mienttas que hoy son casi tres millones. Ha engordado tanto el Estado que tiene obesidad mórbida y se ha convertido en insaciable y en ingobernable. Necesita tanto dinero para subsistir, que en tiempos de crisis sólo puede hacerlo esquilmando al ciudadano, algo que ya han empezado a hacer los dirigentes más irresponsables e indecentes.
Las administraciones públicas, sin excepción, acostumbradas a vivir en la opulencia y sobrecargadas sus plantillas de enchufados, compañeros, parientes y amigos, no están dispuestas a practicar la austeridad y sus líderes parecen preferir que se hunda la sociedad antes que renunciar a sus lujos y privilegios. Muchos gobiernos autonómicos y alcaldes, al igual que Solbes, han ordenado a sus fuerzas policiales y de inspección que abrasen al ciudadano a denuncias y multas. Proliferan por doquier las sanciones urbanísticas, las de tráfico, las de Hacienda y los aumentos silenciosos de todo tipo de tasas. El gobierno se ha convertido en un recaudador furtivo que actúa cobardemente, desde en la sombra, para no perder votos, una actitud que le distancia todavía más del ciudadano y de la legitimidad democrática.
De esta crisis tiene que surgir un nuevo sistema financiero, porque el actual ha sido prostituido por los tiburones y los malos profesionales, pero también debe surgir una nueva forma de hacer política, con respeto al ciudadano y a las reglas de la democracia, porque la clase política ha fracasado, porque los partidos políticos se han convertido en el mayor obstáculo para la democracia y porque la "casta" política sólo es sensible ya al poder, a los privilegios y al dinero.
Durante la otra gran crisis económica, la de los años treinta del pasado siglo, los políticos perdieron también su prestigio y credibilidad, aunque el deterioro de su imagen no llegó a ser tan grave como ahora. El desprecio de los ciudadanos a los políticos llegó a ser tan intenso que el presidente de Estados Unidos, F.D. Rooselvet, se vio obligado a salir al paso con esta recomendación: “Tenemos que luchar para que la palabra político deje de ser un insulto”.
En España, el gobierno está llegando a extremos inéditos y hace méritos para ser considerado por muchos ciudadanos como un adversario. Falta poco para que lo consideremos como nuestro peor enemigo. La última prueba: Zapatero beneficia con más dinero a las autonomías gobernadas por el PSOE y penaliza con menos inversiones a las gobernadas por el PP. También sirve como ejemplo el que Rubalcaba aumente un 20 por ciento los "fondos reservados", a pesar de la crisis, mientras que las empresas están asfixiadas y a Solbes no se le ocurre otra cosa que ordenar a Hacienda inspecciones a malsalva. Algunos empresarios, desesperados por el acoso de los impuestos en estos tiempos de angustia, piensan en la objección fiscal o en cerrar sus empresas.
Las víctimas, como siempre, son los más débiles. Cada día, quinientos jóvenes pasan a engrosar el paro, mientras que Zapatero ni siquiera es capaz, como han hecho otros países, de garantizar los depósitos bancarios o de subir el mínimo garantizado para los ahorradores, que en España es de 20.000 euros, uno de los más bajos del mundo desarrollado. El presidente, alienado y víctima del famoso "síndrome de la Moncloa", que hace de los presidentes ineptos arrogantes en su segundo mandato, habla ahora del sentido del humor y sigue alardeando de la fortaleza de un país que, mal gobernado, cada días es más pobre, más desigual y más injusto.
En España sobran dos millones de funcionarios y empleados públicos. Hace dos década, el número de funcionarios y cargos cobrando del Estado en España se acercaba al millón, mienttas que hoy son casi tres millones. Ha engordado tanto el Estado que tiene obesidad mórbida y se ha convertido en insaciable y en ingobernable. Necesita tanto dinero para subsistir, que en tiempos de crisis sólo puede hacerlo esquilmando al ciudadano, algo que ya han empezado a hacer los dirigentes más irresponsables e indecentes.
Las administraciones públicas, sin excepción, acostumbradas a vivir en la opulencia y sobrecargadas sus plantillas de enchufados, compañeros, parientes y amigos, no están dispuestas a practicar la austeridad y sus líderes parecen preferir que se hunda la sociedad antes que renunciar a sus lujos y privilegios. Muchos gobiernos autonómicos y alcaldes, al igual que Solbes, han ordenado a sus fuerzas policiales y de inspección que abrasen al ciudadano a denuncias y multas. Proliferan por doquier las sanciones urbanísticas, las de tráfico, las de Hacienda y los aumentos silenciosos de todo tipo de tasas. El gobierno se ha convertido en un recaudador furtivo que actúa cobardemente, desde en la sombra, para no perder votos, una actitud que le distancia todavía más del ciudadano y de la legitimidad democrática.
De esta crisis tiene que surgir un nuevo sistema financiero, porque el actual ha sido prostituido por los tiburones y los malos profesionales, pero también debe surgir una nueva forma de hacer política, con respeto al ciudadano y a las reglas de la democracia, porque la clase política ha fracasado, porque los partidos políticos se han convertido en el mayor obstáculo para la democracia y porque la "casta" política sólo es sensible ya al poder, a los privilegios y al dinero.
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