La condena por el Supremo y por unanimidad del juez Baltasar Garzón tiene gran importancia y podría representar un antes y un después en la Justicia española. Gracias a esa sentencia, quedan claras varias cosas en la Justicia española: que gran parte del sistema está contaminado y es incapaz de defender principios básicos de la Justicia y que, a partir de ahora, tienen vigencia principios fundamentales del sistema, como el de que el fin, en Justicia, no justifica los medios, que la Justicia a cualquier precio no es Justicia y que los procedimientos, para que exista Justicia, tienen que ser impecables.
En adelante es posible esperar que los principios fundamentales de la Justicia democrática se fortalezcan en España y que los tribunales ganen en independencia y rigor. Es de esperar también que, a partir de este momento, los jueces más decentes y sujetos al derecho se atrevan a procesar a los muchos canallas y sinvergüenzas que han puesto de rodillas a España y cuya persistencia en la rapiña, el abuso y la arbitrariedad ha llevado a este país hasta el borde de la ruina, el hundimiento moral y la derrota como nación.
El juicio del juez estelar Garzón es un inmenso espejo que refleja con claridad nítida la esencia del sistema judicial español. La querella fue puesta en marcha por el abogado Ignacio Pelaez, defensor de uno de los implicados en el caso Gürtel, que acusaba a Garzón de haber ordenado la escucha y grabación de todas las conversaciones de los implicados con sus abogados defensores, un paso de enorme gravedad que viola claramente el derecho de todo acusado a hablar en libertad con sus abogados.
Lo curioso del caso es que el juez más famoso y poderoso de España ha sido destituido y humillado por el Supremo no porque los grandes tribunales, ni la Fiscalía, ni el órgano de gobierno judicial lo acusaran para pararle los pies, sino porque un simple abogado defensor se atrevió a denunciar su abuso de poder y la violación de un derecho básico.
La sentencia condenatoria a un juez que tiene a la opinión pública de su parte y que cuenta con el apoyo de muchos políticos con poder en España es ejemplar y constituye un acto de soberanía y rigor judicial de gran trascendencia, que pone de relieve la debilidad y falta de solvencia que ha tenido el sistema judicial español hasta ahora.
Ha sido un simple abogado el que se ha atrevido a denunciar la violación de un principio básico en Justicia, lo que coloca en situación incómoda y deja fuera de lugar a los muchos que no se atrevieron a denunciarlo, entre ellos el propio Consejo del Poder Judicial, los grandes tribunales, los colegios de abogados, las asociaciones de jueces, que funcionan casi como partidos políticos dentro del sistema judicial, y otras instancias que, a juzgar por lo ocurrido y por su vergonzoso silencio, podrían estar claramente contaminadas de cobardía, de miedo y, en algunos casos, hasta de complicidad con lo mucho de sucio que anda suelto por España.
Simplificando, la condena de Baltasar Garzón representa la caída de un poderoso que parecía intocable; la desautorización y condena de prácticas impropias de la democracia y propias de totalitarismos; la condena de la cobardía y el sometimiento de una parte importante del sistema judicial; el retorno del respeto a las reglas y garantías que permiten administrar Justicia; y la esperanza de que ese sistema sea capaz ahora de arremeter contra los delincuentes y canallas incrustados en las administraciones e instituciones del Estado.
En adelante es posible esperar que los principios fundamentales de la Justicia democrática se fortalezcan en España y que los tribunales ganen en independencia y rigor. Es de esperar también que, a partir de este momento, los jueces más decentes y sujetos al derecho se atrevan a procesar a los muchos canallas y sinvergüenzas que han puesto de rodillas a España y cuya persistencia en la rapiña, el abuso y la arbitrariedad ha llevado a este país hasta el borde de la ruina, el hundimiento moral y la derrota como nación.
El juicio del juez estelar Garzón es un inmenso espejo que refleja con claridad nítida la esencia del sistema judicial español. La querella fue puesta en marcha por el abogado Ignacio Pelaez, defensor de uno de los implicados en el caso Gürtel, que acusaba a Garzón de haber ordenado la escucha y grabación de todas las conversaciones de los implicados con sus abogados defensores, un paso de enorme gravedad que viola claramente el derecho de todo acusado a hablar en libertad con sus abogados.
Lo curioso del caso es que el juez más famoso y poderoso de España ha sido destituido y humillado por el Supremo no porque los grandes tribunales, ni la Fiscalía, ni el órgano de gobierno judicial lo acusaran para pararle los pies, sino porque un simple abogado defensor se atrevió a denunciar su abuso de poder y la violación de un derecho básico.
La sentencia condenatoria a un juez que tiene a la opinión pública de su parte y que cuenta con el apoyo de muchos políticos con poder en España es ejemplar y constituye un acto de soberanía y rigor judicial de gran trascendencia, que pone de relieve la debilidad y falta de solvencia que ha tenido el sistema judicial español hasta ahora.
Ha sido un simple abogado el que se ha atrevido a denunciar la violación de un principio básico en Justicia, lo que coloca en situación incómoda y deja fuera de lugar a los muchos que no se atrevieron a denunciarlo, entre ellos el propio Consejo del Poder Judicial, los grandes tribunales, los colegios de abogados, las asociaciones de jueces, que funcionan casi como partidos políticos dentro del sistema judicial, y otras instancias que, a juzgar por lo ocurrido y por su vergonzoso silencio, podrían estar claramente contaminadas de cobardía, de miedo y, en algunos casos, hasta de complicidad con lo mucho de sucio que anda suelto por España.
Simplificando, la condena de Baltasar Garzón representa la caída de un poderoso que parecía intocable; la desautorización y condena de prácticas impropias de la democracia y propias de totalitarismos; la condena de la cobardía y el sometimiento de una parte importante del sistema judicial; el retorno del respeto a las reglas y garantías que permiten administrar Justicia; y la esperanza de que ese sistema sea capaz ahora de arremeter contra los delincuentes y canallas incrustados en las administraciones e instituciones del Estado.