Sevilla, que ya es, probablemente, la capital europea con mayor densidad de funcionarios, gerentes, asesores, directores y todo tipo de enchufados del poder político, pagados con el dinero de los ciudadanos, creará una docena más de organismos y entes autónomos, según decisión del nuevo gobierno municipal, la coalición del PSOE e Izquierda Unida que encabeza el alcalde socialista Sánchez Monteseirín.
La ciudad tiene ya más de 125.000 funcionarios y "colocados" en las administraciones públicas, a los que se agregarán algunos centenares más, designados por socialistas y comunistas para que ocupen plazas en esos nuevos organismos descentralizados, con oficinas y presupuestos propios, que se agregarán a los veinte que crearon en los últimos ocho años.
Tal densidad significa que Sevilla tiene un número de funcionarios y de empleados públicos similar al que estaba al servicio de la Corona (sin contar los militares), en todos los dominios del emperador Felipe II, en los que "nunca se ponía el sol". También significa que la mitad de la economía local depende, directa o indirectamente, de las administraciones públicas y del poder político.
La primera empresa de la ciudad en presupuesto y en número de empleos no es Abengoa, Renault o Heineken, sino el Hospital Virgen del Rocío, del sistema público de salud.
Si también se toman en consideración los empleos de las empresas proveedoras o que prestan servicios a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento, puede afirmarse que la economía de más de medio millón de sevillanos depende, de algún modo, del poder político.
Sevilla es hoy, probablemente, el territorio europeo donde es mayor la presencia del poder político. La política no sólo ocupa las delegaciones, consejerías, empresas e instituciones públicas, sino que también ocupa gran parte de la sociedad civil e influye en otros muchos ámbitos de la economía a través de contratos, concursos, convenios y subvenciones de todo tipo. Los políticos están en las universidades, cajas de ahorro y en miles de instituciones y empresas dependientes del poder público, mientras controlan, a través del dinero, a sindicatos, patronal y una legión de fundaciones, asociaciones, comisiones, instituciones y empresas.
Para encontrar un peso político de similar densidad en una sociedad europea habría que buscar en las antiguas repúblicas soviéticas, en tiempos de Leónidas Breznev.
Sólo Bruselas podría competir hoy con Sevilla en densidad de funcionarios y empleados del poder público, pero la "anomalía" de Bruselas se justifica porque, además de ser la capital de Bélgica, también es la capital burocrática de toda la Unión Europea, mientras que Sevilla es sólo la capital de dos gobiernos, el autonómico y el municipal, enfermizamente inclinados a la burocracia y al clientelismo.
Muchos analistas y observadores achacan a la desproporcionada densidad de empleados públicos el atraso económico de la ciudad, situada en la cola de las capitales andaluzas y sobrepasada en velocidad de crecimiento y modernización por Valencia, Bilbao, Zaragoza, Murcia y Málaga, entre otras.
La ciudad tiene ya más de 125.000 funcionarios y "colocados" en las administraciones públicas, a los que se agregarán algunos centenares más, designados por socialistas y comunistas para que ocupen plazas en esos nuevos organismos descentralizados, con oficinas y presupuestos propios, que se agregarán a los veinte que crearon en los últimos ocho años.
Tal densidad significa que Sevilla tiene un número de funcionarios y de empleados públicos similar al que estaba al servicio de la Corona (sin contar los militares), en todos los dominios del emperador Felipe II, en los que "nunca se ponía el sol". También significa que la mitad de la economía local depende, directa o indirectamente, de las administraciones públicas y del poder político.
La primera empresa de la ciudad en presupuesto y en número de empleos no es Abengoa, Renault o Heineken, sino el Hospital Virgen del Rocío, del sistema público de salud.
Si también se toman en consideración los empleos de las empresas proveedoras o que prestan servicios a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento, puede afirmarse que la economía de más de medio millón de sevillanos depende, de algún modo, del poder político.
Sevilla es hoy, probablemente, el territorio europeo donde es mayor la presencia del poder político. La política no sólo ocupa las delegaciones, consejerías, empresas e instituciones públicas, sino que también ocupa gran parte de la sociedad civil e influye en otros muchos ámbitos de la economía a través de contratos, concursos, convenios y subvenciones de todo tipo. Los políticos están en las universidades, cajas de ahorro y en miles de instituciones y empresas dependientes del poder público, mientras controlan, a través del dinero, a sindicatos, patronal y una legión de fundaciones, asociaciones, comisiones, instituciones y empresas.
Para encontrar un peso político de similar densidad en una sociedad europea habría que buscar en las antiguas repúblicas soviéticas, en tiempos de Leónidas Breznev.
Sólo Bruselas podría competir hoy con Sevilla en densidad de funcionarios y empleados del poder público, pero la "anomalía" de Bruselas se justifica porque, además de ser la capital de Bélgica, también es la capital burocrática de toda la Unión Europea, mientras que Sevilla es sólo la capital de dos gobiernos, el autonómico y el municipal, enfermizamente inclinados a la burocracia y al clientelismo.
Muchos analistas y observadores achacan a la desproporcionada densidad de empleados públicos el atraso económico de la ciudad, situada en la cola de las capitales andaluzas y sobrepasada en velocidad de crecimiento y modernización por Valencia, Bilbao, Zaragoza, Murcia y Málaga, entre otras.