Chaves y Griñán, dos ex presidentes de Andalucía condenados por corrupción, gran signo visible de la podredumbre del socialismo andaluz
La falta de contundencia contra la corrupción es la principal lacra del actual gobierno andaluz, que, por otra parte, está funcionando con algunos indiscutibles valores desplegados, como la prudencia, el apoyo a las empresas, la creación de prosperidad y una sensibilidad ante el dolor y las carencias del pueblo dignas de reconocimiento, que contrastan con el comportamiento arrogante y corrupto de los anteriores "dueños" de Andalucía.
Los que de verdad conocen lo que aquí ocurría durante el poder socialista se desesperan ante la falta de dureza en la denuncia y el castigo de los abusos e iniquidades y se indignan cuando comprueban que muchos chorizos se están escapando porque sus delitos prescriben y porque la Junta no es lo bastante diligente en las demandas y en la búsqueda de justicia contra la suciedad del pasado.
El pasado andaluz es tan terrible que da miedo. Desde el ámbito de las inversiones, se manejaban cientos de millones de euros de una forma más que arbitraria con el fin de beneficiar escandalosamente, en demasiados casos, a empresas amigas del régimen. La suciedad era tan intensa y pestilentre que para ganar un concurso público era imprescindible contratar, como asesores y valedores, a familiares y testaferros de las familias de Chaves, Felipe González y otras que se dedicaban a ese negocio sucio de mover expedientes y decidir el destino del dinero público.
Pero el balance de la corrupción fue cien veces más amplio y estremecedor, practicada desde la más insultante impunidad, sin miedo a la ley.
Era tanta la arrogancia y el abuso de poder que los que denunciaban la corrupción o se convertían en obstáculos del poder socialista eran casi masacrados con una crueldad inaudita.
En un artículo del periodista Pedro de Tena, uno de los pocos que ha luchado contra el abuso socialista durante años y ha sufrido en sus carnes las represalias, titulado "Los valerosos denunciantes de la corrupción andaluza", se cita el rosario de represalias que el poder socialista lanzaba contra quienes se atrevían a cuestionar sus barbaridades:
"Si nos denunciáis, lo primero que perderéis es el trabajo porque os vamos a despedir (lo que hicieron con Cantos). Lo segundo, perderéis la tranquilidad personal y familiar porque os freiremos a demandas judiciales, penales y civiles, como hicieron con Cantos. Lo tercero, os arrancaremos de las entrañas el horizonte profesional impidiendo que encontréis un trabajo digno. Y lo cumplió. Cuando Cantos encontró un puesto de trabajo tras años de paro, el PSOE pidió que que lo echasen.
Y continúa la amenaza: "Lo cuarto, lograremos vuestra imputación y si es posible, vuestra condena por no haber denunciado antes los hechos o haberlos denunciado tímidamente. (En el caso de Cristóbal Cantos, se encontraron motivos de imputación en que el perseguido sólo dedicó medio folio a descalificar unas inversiones que luego Invercaria promovió desoyendo sus advertencias. Cantos fue efectivamente imputado".
Al articulo de Pedro de Tena está dedicado a contar los sufrimientos y final feliz, con absolución judicial, experimentado por Cristóbal Cantos Sánchez de Ibargüen, un profesional jerezano que hace diez años decidió denunciar el comportamiento amoral e ilegal de los directivos de Invercaria, una de las empresas públicas señeras del régimen socialista instalado en Andalucía desde 1982. Esa empresa pertenecía al entramado administrativo externo de la Junta que se conoce como Administración paralela, que había logrado colocar en su seno a 35.000 personas, según la UGT, sin que hubieran tenido que pasar por las exigencias habituales a que son sometidos los funcionarios de carrera, a veces cobrando mucho más que ellos.
Pero la historia de Andalucía está plagada de casos como el de Invercaria. Una jueza me comentó hace un año que había miles de socialistas en Andalucía incapaces de justificar sus patrimonios, todos ellos conseguidos aprovechándose del poder y con la ayuda de los gobernantes socialistas, que han "beneficiado" a los suyos con todo tipo de arbitrariedades, como ayudas públicas, subvenciones, contratos públicos, filtraciones, olvidos en el cobro de impuestos y el permanente cierre de ojos y oídos ante abusos, irregularidades y hasta delitos.
Es cierto que la Junta actual, la que preside Juanma Moreno, está luchando contra el pasado nefasto y corrupto del socialismo andaluz, pero lo hace tan lenta y tímidamente que desespera e indigna. Algunos creen que el grueso de la información surgida de las auditorias practicadas y de las revelaciones y denuncias no irá al cubo de la basura, sino que irá apareciendo y aireándose en los próximos meses, cuando las elecciones estén cerca, que es cuando hacen más daño, pero otros muchos creemos que el PP no tiene la suficiente solvencia moral y limpieza para tirar de la manta con todas las consecuencias porque el socialismo español tiene también, en sus archivos, toneladas de asuntos sucios protagonizados por una derecha española que es cualquier cosa menos ejemplar.
Francisco Rubiales
Los que de verdad conocen lo que aquí ocurría durante el poder socialista se desesperan ante la falta de dureza en la denuncia y el castigo de los abusos e iniquidades y se indignan cuando comprueban que muchos chorizos se están escapando porque sus delitos prescriben y porque la Junta no es lo bastante diligente en las demandas y en la búsqueda de justicia contra la suciedad del pasado.
El pasado andaluz es tan terrible que da miedo. Desde el ámbito de las inversiones, se manejaban cientos de millones de euros de una forma más que arbitraria con el fin de beneficiar escandalosamente, en demasiados casos, a empresas amigas del régimen. La suciedad era tan intensa y pestilentre que para ganar un concurso público era imprescindible contratar, como asesores y valedores, a familiares y testaferros de las familias de Chaves, Felipe González y otras que se dedicaban a ese negocio sucio de mover expedientes y decidir el destino del dinero público.
Pero el balance de la corrupción fue cien veces más amplio y estremecedor, practicada desde la más insultante impunidad, sin miedo a la ley.
Era tanta la arrogancia y el abuso de poder que los que denunciaban la corrupción o se convertían en obstáculos del poder socialista eran casi masacrados con una crueldad inaudita.
En un artículo del periodista Pedro de Tena, uno de los pocos que ha luchado contra el abuso socialista durante años y ha sufrido en sus carnes las represalias, titulado "Los valerosos denunciantes de la corrupción andaluza", se cita el rosario de represalias que el poder socialista lanzaba contra quienes se atrevían a cuestionar sus barbaridades:
"Si nos denunciáis, lo primero que perderéis es el trabajo porque os vamos a despedir (lo que hicieron con Cantos). Lo segundo, perderéis la tranquilidad personal y familiar porque os freiremos a demandas judiciales, penales y civiles, como hicieron con Cantos. Lo tercero, os arrancaremos de las entrañas el horizonte profesional impidiendo que encontréis un trabajo digno. Y lo cumplió. Cuando Cantos encontró un puesto de trabajo tras años de paro, el PSOE pidió que que lo echasen.
Y continúa la amenaza: "Lo cuarto, lograremos vuestra imputación y si es posible, vuestra condena por no haber denunciado antes los hechos o haberlos denunciado tímidamente. (En el caso de Cristóbal Cantos, se encontraron motivos de imputación en que el perseguido sólo dedicó medio folio a descalificar unas inversiones que luego Invercaria promovió desoyendo sus advertencias. Cantos fue efectivamente imputado".
Al articulo de Pedro de Tena está dedicado a contar los sufrimientos y final feliz, con absolución judicial, experimentado por Cristóbal Cantos Sánchez de Ibargüen, un profesional jerezano que hace diez años decidió denunciar el comportamiento amoral e ilegal de los directivos de Invercaria, una de las empresas públicas señeras del régimen socialista instalado en Andalucía desde 1982. Esa empresa pertenecía al entramado administrativo externo de la Junta que se conoce como Administración paralela, que había logrado colocar en su seno a 35.000 personas, según la UGT, sin que hubieran tenido que pasar por las exigencias habituales a que son sometidos los funcionarios de carrera, a veces cobrando mucho más que ellos.
Pero la historia de Andalucía está plagada de casos como el de Invercaria. Una jueza me comentó hace un año que había miles de socialistas en Andalucía incapaces de justificar sus patrimonios, todos ellos conseguidos aprovechándose del poder y con la ayuda de los gobernantes socialistas, que han "beneficiado" a los suyos con todo tipo de arbitrariedades, como ayudas públicas, subvenciones, contratos públicos, filtraciones, olvidos en el cobro de impuestos y el permanente cierre de ojos y oídos ante abusos, irregularidades y hasta delitos.
Es cierto que la Junta actual, la que preside Juanma Moreno, está luchando contra el pasado nefasto y corrupto del socialismo andaluz, pero lo hace tan lenta y tímidamente que desespera e indigna. Algunos creen que el grueso de la información surgida de las auditorias practicadas y de las revelaciones y denuncias no irá al cubo de la basura, sino que irá apareciendo y aireándose en los próximos meses, cuando las elecciones estén cerca, que es cuando hacen más daño, pero otros muchos creemos que el PP no tiene la suficiente solvencia moral y limpieza para tirar de la manta con todas las consecuencias porque el socialismo español tiene también, en sus archivos, toneladas de asuntos sucios protagonizados por una derecha española que es cualquier cosa menos ejemplar.
Francisco Rubiales