El 31 de enero de 1980 la embajada de España en Guatemala fue asaltada e incendiada. Durante el asalto fueron asesinadas 34 personas, entre ellas el cónsul español Jaime Ruiz del Arbol y Vicente Menchú, padre de Rigoberta Menchú, premio Nobel de la Paz años más tarde.
La mayoría de los allí presentes ese día eran campesinos guatemaltecos que se habían presentado en la legación española para protestar y buscar refugio ante el criminal acoso de las autoridades del país contra ellos, en el marco de la guerra abierta entre el Gobierno y las guerrilla guatemalteca.
Están acusados de esta matanza –con cargos de genocidio, terrorismo de Estado, asesinatos y torturas-, entre otros, ocho ex altos cargos o militares de máxima graduación. La querella la presentó, ante la Audiencia Nacional española, Ribogerta Menchú en 1999 (siguiendo el precedente establecido por el juez Garzón en sus actuaciones contra Augusto Pinochet y los militares argentinos), ante el “escaso entusiasmo” de la justicia del país centroamericano por esclarecer los hechos.
Uno de los acusados, el general y ex presidente Romeo Lucas (1978-1982) murió en mayo pasado y otro, el ex ministro de Gobernación Donaldo Alvarez está “desaparecido” (parece que por voluntad propia). También están acusados los ex presidentes Efraín Ríos Montt (1982-1983) y Oscar Humberto Mejía Víctores; los generales Aníbal Guevara y Benedicto Lucdas, además de los jefes policiales Germán Chupina y Pedro García Arredondo.
De estos “próceres”, casi todo el mundo recordará a Ríos Montt, genocida y dictador reconvertido en político y máximo árbitro de la política guatemalteca desde 1974, cuando apareció como candidato de una alianza de centro izquierda, ganó las elecciones aunque .sus compañeros militares desconocieron su triunfo, hasta fines de 2003. En 1982, en plena guerra civil, la misma cúpula militar que lo había vetado lo llevó al poder mediante un golpe de Estado. Entonces, ya reclutado por una secta religiosa evangelista estadounidense, y durante los 18 meses que duró su mandato fue el responsable de ordenar el asesinato de decenas de miles de guatemaltecos, muchos de ellos indígenas y supuestos simpatizantes de las organizaciones insurgentes. Desde luego, su biografía es más extensa, pero no “más cristiana”, en realidad todo lo contrario.
A este “insigne” grupo de guatemaltecos pretendía interrogar en Guatemala Santiago Pedraz, el magistrado de la Audiencia Nacional responsable del caso, que llegó hace unos días al país centroamericano acompañado por seis guardias civiles y cinco miembros de la Policía Nacional, algo inusual en una comisión rogatoria, aunque necesario en este caso ante las directas amenazas recibidas de la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (Avemilgua). “Haremos lo que esté en nuestra mano”, aseguró su presidente, José Luis Quilo Ayuso, “para evitar que los españoles juzguen a los acusados en Guatemala. No queremos mover aguas que no convienen. Pero este caso puede traer acciones trágicas”. Más claro, imposible.
De momento el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción de Guatemala aceptó un recurso –interpuesto por el abogado de Ríos Montt- contra estas diligencias judiciales y las ha suspendido por “tiempo indefinido”. Mientras tanto, diferentes organizaciones guatemaltecas de defensa de los Derechos humanos se manifestaron frente a la Embajada de España a favor de la actuación del juez Pedraz, solicitándole que “si los interrogatorios no pueden llevarse a cabo en el Tribunal Supremo de Justicia guatemalteco constituya dicho Tribunal en la Embajada española”.
No será fácil desenredar esta madeja (el viernes 7 de julio, el juez Pedraz, ya en España, ordenó la detención del ex dictador guatemalteco, emitiendo una orden nacional e internacional de busca y captura de Ríos Montt) pero será necesario insistir todo lo que haga falta porque en Guatemala se está librando, nada más ni nada menos, otra batalla trascendental contra una de las mayores lacras que sufre el subcontinente: el de la impunidad. Por un lado un grupo de cavernarios militares, que siguen considerando a Guatemala como su “cortijo particular”, en el que creen que es posible hacer lo que quieran sin tener que rendir cuentas. Por el otro, la sociedad en general y muy especialmente los defensores de los Derechos Humanos, entre los que se encuentra Rigoberta Menchú, con quién no siempre coincidimos en sus posturas políticas, pero a la que en esta ocasión le asiste la razón.
eduardo caldarola de bello
La mayoría de los allí presentes ese día eran campesinos guatemaltecos que se habían presentado en la legación española para protestar y buscar refugio ante el criminal acoso de las autoridades del país contra ellos, en el marco de la guerra abierta entre el Gobierno y las guerrilla guatemalteca.
Están acusados de esta matanza –con cargos de genocidio, terrorismo de Estado, asesinatos y torturas-, entre otros, ocho ex altos cargos o militares de máxima graduación. La querella la presentó, ante la Audiencia Nacional española, Ribogerta Menchú en 1999 (siguiendo el precedente establecido por el juez Garzón en sus actuaciones contra Augusto Pinochet y los militares argentinos), ante el “escaso entusiasmo” de la justicia del país centroamericano por esclarecer los hechos.
Uno de los acusados, el general y ex presidente Romeo Lucas (1978-1982) murió en mayo pasado y otro, el ex ministro de Gobernación Donaldo Alvarez está “desaparecido” (parece que por voluntad propia). También están acusados los ex presidentes Efraín Ríos Montt (1982-1983) y Oscar Humberto Mejía Víctores; los generales Aníbal Guevara y Benedicto Lucdas, además de los jefes policiales Germán Chupina y Pedro García Arredondo.
De estos “próceres”, casi todo el mundo recordará a Ríos Montt, genocida y dictador reconvertido en político y máximo árbitro de la política guatemalteca desde 1974, cuando apareció como candidato de una alianza de centro izquierda, ganó las elecciones aunque .sus compañeros militares desconocieron su triunfo, hasta fines de 2003. En 1982, en plena guerra civil, la misma cúpula militar que lo había vetado lo llevó al poder mediante un golpe de Estado. Entonces, ya reclutado por una secta religiosa evangelista estadounidense, y durante los 18 meses que duró su mandato fue el responsable de ordenar el asesinato de decenas de miles de guatemaltecos, muchos de ellos indígenas y supuestos simpatizantes de las organizaciones insurgentes. Desde luego, su biografía es más extensa, pero no “más cristiana”, en realidad todo lo contrario.
A este “insigne” grupo de guatemaltecos pretendía interrogar en Guatemala Santiago Pedraz, el magistrado de la Audiencia Nacional responsable del caso, que llegó hace unos días al país centroamericano acompañado por seis guardias civiles y cinco miembros de la Policía Nacional, algo inusual en una comisión rogatoria, aunque necesario en este caso ante las directas amenazas recibidas de la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (Avemilgua). “Haremos lo que esté en nuestra mano”, aseguró su presidente, José Luis Quilo Ayuso, “para evitar que los españoles juzguen a los acusados en Guatemala. No queremos mover aguas que no convienen. Pero este caso puede traer acciones trágicas”. Más claro, imposible.
De momento el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción de Guatemala aceptó un recurso –interpuesto por el abogado de Ríos Montt- contra estas diligencias judiciales y las ha suspendido por “tiempo indefinido”. Mientras tanto, diferentes organizaciones guatemaltecas de defensa de los Derechos humanos se manifestaron frente a la Embajada de España a favor de la actuación del juez Pedraz, solicitándole que “si los interrogatorios no pueden llevarse a cabo en el Tribunal Supremo de Justicia guatemalteco constituya dicho Tribunal en la Embajada española”.
No será fácil desenredar esta madeja (el viernes 7 de julio, el juez Pedraz, ya en España, ordenó la detención del ex dictador guatemalteco, emitiendo una orden nacional e internacional de busca y captura de Ríos Montt) pero será necesario insistir todo lo que haga falta porque en Guatemala se está librando, nada más ni nada menos, otra batalla trascendental contra una de las mayores lacras que sufre el subcontinente: el de la impunidad. Por un lado un grupo de cavernarios militares, que siguen considerando a Guatemala como su “cortijo particular”, en el que creen que es posible hacer lo que quieran sin tener que rendir cuentas. Por el otro, la sociedad en general y muy especialmente los defensores de los Derechos Humanos, entre los que se encuentra Rigoberta Menchú, con quién no siempre coincidimos en sus posturas políticas, pero a la que en esta ocasión le asiste la razón.
eduardo caldarola de bello