Los jueces quieren ir a la huelga, pero no se atreven a explicar por qué lo hacen. Detrás de la rebeldía de las togas hay muchos argumentos, pero casi todos confusos e incompletos, que esconden el verdadero motivo: cansada de ser el más desprestigiado, pobre, ineficaz y menos independiente de los poderes del Estado, la Justicia quiere regenerarse.
He preguntado a jueces, fiscales y abogados por las claves de la rebelión y mi conclusión es que la Justicia española es tan ineficaz y está tan falta de recursos, colapsada y desprestigiada que le ha llegado la hora de la regeneración o de la crisis total. Afortunadamente, en ese momento de extrema gravedad, está reaccionando con la paradoja de rebelarse contra un Estado del que la Justicia es parte fundamental.
Empezaron reclamando más recursos y modernización, pero ahora quieren también sacudirse a los políticos, que son como una plaga y que nombran magistrados en los grandes tribunales, manosean el Consejo General del Poder Judicial, órgano de gobierno de los jueces y tienen infiltrado el sistema judicial con fiscales, jueces y funcionarios politizados hasta la médula.
Hay millones de delitos en espera de sentencia y miles de delitos están siendo despachados sin juicio porque no hay recursos. Los ciudadanos ya apenas presentan denuncias, salvo que el delito sea muy grave, porque saben que denunciar muchas veces es inutil. La sociedad española, según revelan las encuestas, cree que la Justicia no funciona y que está polítizada hasta el tuétano. La ley se aplica muchas veces según los intereses de los poderosos, generalmente con benevolencia para los amigos y con furia para los adversarios. Ante el estupor de los demócratas y los profesionales de la justicia, el actual ministro de Justicia llegó a reconocer publicamente que la ley se aplica "según convenga a la jugada". Los ciudadanos se sienten cada día más inseguros al comprobar que cada día crecen los asaltos, secuestros, violaciones y asesinatos. La población inmigrante, intensamente delictiva, ha complicado la situación y muchos delincuentes extranjeros pillados por la policía están siendo repatriados en lugar de ser juzgados. Aunque los extranjeros son sólo el 12 por ciento de la población, constituyen el 40 por ciento de la población reclusa. Las cárceles españolas están abarrotadas, con casi 70.000 delincuentes, sin que quepa uno sólo más, lo que obliga a dejar libres y sin castigo a demasiados tipos peligrosos. El cuadro dramático de la Justicia española se completa con una casi impunidad práctica de delincuentes de guante blanco, de los más ricos y de los políticos y sus amigos. Por último, la aplicación de las fianzas es un escándalo porque gracias al pago de dinero, aquellos que pueden pagar evitan la cárcel. Es como si el delito y la justicia pudieran comprarse y como si la maquinaria de la Justicia admitiera ser sobornada con dinero.
Entre los rebeldes del sistema judicial hay gente de todo tipo. la mayoría está en la huelga para dejar de ser la "Cenicienta" del Estado, para reclamar ordenadores, personal y mejores sueldos, pero cada día son más los que quieren aprovechar la coyuntura para lograr que la Constitución española se cumpla y conseguir el saludable objetivo de que la Justicia deje de ser un poder ocupado por los insaciables partidos políticos.
Los ciudadanos, desesperanzados e indignados con el sistema judicial, contemplan con agrado el movimiento huelguístico, quizás porque intuyen que detrás de él nace un espíritu saludable de regeneración de la democracia.
A los demócratas españoles nos gustaría contemplar ese mismo espiritu de regeneración en los restantes ámbitos del Estado, convertido, por obra del mal gobierno y de una partitocracia indigna y nada democrática, en un monstruo de casi tres millones y medio de miembros, enfermo de obesidad mórbida, integrado por presidentes, diputados senadores, alcaldes, concejales, asesores, enchufados, amigos del partido, colocados, funcionarios y mantenidos, todos ellos distribuidos en 17 gobiernos regionales inmensos y casi 9.000 ayuntamientos, todo un aparato de poder, dinero y privilegios fuera de control e imposible de financiar, a no ser que se esquilme a los ciudadanos con impuestos y tasas cada día más injustas y onerosas.
He preguntado a jueces, fiscales y abogados por las claves de la rebelión y mi conclusión es que la Justicia española es tan ineficaz y está tan falta de recursos, colapsada y desprestigiada que le ha llegado la hora de la regeneración o de la crisis total. Afortunadamente, en ese momento de extrema gravedad, está reaccionando con la paradoja de rebelarse contra un Estado del que la Justicia es parte fundamental.
Empezaron reclamando más recursos y modernización, pero ahora quieren también sacudirse a los políticos, que son como una plaga y que nombran magistrados en los grandes tribunales, manosean el Consejo General del Poder Judicial, órgano de gobierno de los jueces y tienen infiltrado el sistema judicial con fiscales, jueces y funcionarios politizados hasta la médula.
Hay millones de delitos en espera de sentencia y miles de delitos están siendo despachados sin juicio porque no hay recursos. Los ciudadanos ya apenas presentan denuncias, salvo que el delito sea muy grave, porque saben que denunciar muchas veces es inutil. La sociedad española, según revelan las encuestas, cree que la Justicia no funciona y que está polítizada hasta el tuétano. La ley se aplica muchas veces según los intereses de los poderosos, generalmente con benevolencia para los amigos y con furia para los adversarios. Ante el estupor de los demócratas y los profesionales de la justicia, el actual ministro de Justicia llegó a reconocer publicamente que la ley se aplica "según convenga a la jugada". Los ciudadanos se sienten cada día más inseguros al comprobar que cada día crecen los asaltos, secuestros, violaciones y asesinatos. La población inmigrante, intensamente delictiva, ha complicado la situación y muchos delincuentes extranjeros pillados por la policía están siendo repatriados en lugar de ser juzgados. Aunque los extranjeros son sólo el 12 por ciento de la población, constituyen el 40 por ciento de la población reclusa. Las cárceles españolas están abarrotadas, con casi 70.000 delincuentes, sin que quepa uno sólo más, lo que obliga a dejar libres y sin castigo a demasiados tipos peligrosos. El cuadro dramático de la Justicia española se completa con una casi impunidad práctica de delincuentes de guante blanco, de los más ricos y de los políticos y sus amigos. Por último, la aplicación de las fianzas es un escándalo porque gracias al pago de dinero, aquellos que pueden pagar evitan la cárcel. Es como si el delito y la justicia pudieran comprarse y como si la maquinaria de la Justicia admitiera ser sobornada con dinero.
Entre los rebeldes del sistema judicial hay gente de todo tipo. la mayoría está en la huelga para dejar de ser la "Cenicienta" del Estado, para reclamar ordenadores, personal y mejores sueldos, pero cada día son más los que quieren aprovechar la coyuntura para lograr que la Constitución española se cumpla y conseguir el saludable objetivo de que la Justicia deje de ser un poder ocupado por los insaciables partidos políticos.
Los ciudadanos, desesperanzados e indignados con el sistema judicial, contemplan con agrado el movimiento huelguístico, quizás porque intuyen que detrás de él nace un espíritu saludable de regeneración de la democracia.
A los demócratas españoles nos gustaría contemplar ese mismo espiritu de regeneración en los restantes ámbitos del Estado, convertido, por obra del mal gobierno y de una partitocracia indigna y nada democrática, en un monstruo de casi tres millones y medio de miembros, enfermo de obesidad mórbida, integrado por presidentes, diputados senadores, alcaldes, concejales, asesores, enchufados, amigos del partido, colocados, funcionarios y mantenidos, todos ellos distribuidos en 17 gobiernos regionales inmensos y casi 9.000 ayuntamientos, todo un aparato de poder, dinero y privilegios fuera de control e imposible de financiar, a no ser que se esquilme a los ciudadanos con impuestos y tasas cada día más injustas y onerosas.