Pedro Pacheco, eterno alcalde de Jerez de la Frontera, alcanzó la fama en los años ochenta tras pronunciar la frase "La Justicia es un cachondeo". Aquella sentencia, oportuna en su momento, tiene hoy más actualidad y precisión que nunca, a juzgar por las ventajas y privilegios que la Justicia otorga a los etarras, por lo que está ocurriendo en el juicio del 11 M y por otras muchas actuaciones que sorprenden e inquietan a la ciudadanía española.
Entre esas actuaciones destacan con especial alarma la excarcelación del asesino en serie etarra De Juana Chaos y la retirada de la acusación contra el proetarra Arnaldo Otegui, medidas que demuestran que el Estado es más benevolente con los miembros de ETA que con cualquier otro español.
Para hay otras actuaciones de la Justicia que, aunque menos espectaculares, no son menos graves, como la "sumisión" aparente de los Fiscales al poder Ejecutivo, la pésima calidad de algunas instrucciones, entre ellas la del importante asunto de los atentados del 11 de marzo de 2004 y toda la batería de "chapuzas" de las fuerzas de seguridad, aireadas por la prensa, provocando escándalo y desasosiego en los ciudadanos, que incluye declaraciones contradictorias, manipulación de pruebas, aparentes falsificaciones de pruebas e indicios y una falta de profesionalidad general en los cuerpos de seguridad que causa inseguridad y miedo.
Sin embargo, lo que más inquieta a los demócratas es la invasión generalizada del Poder Judicial por parte del Poder Ejecutivo y de los partidos políticos, una invasión que, en buena ley, debería estar penada con la cárcel, para preservar la limpieza del sistema, pero que los políticos perpetran sin pudor, invalidando así el funcionamiento independiente de la Justicia, imprescindible en democracia.
La batería de escándalos y comportamientos antidemocráticos es sobrecogedora: aplicación de dos varas de medir, una flexible y blanda para los amigos y otra rígida y dura para los enemigos; favores judiciales a los amigos del poder; ensañamiento con los adversarios; detenciones de alcaldes de la oposición, acusados de corrupción, sin que ninguno de los centenares de corruptos adscritos al poder padezcan similar trato; y el nulo pudor que demuestran los partidos y el gobierno a la hora de nombrar magistrados o de influir y controlar las deliberaciones y decisiones de órganos tan vitales para la Justicia y la democracia como el Consejo General del Poder Judicial, los tribunales Supremo y Constitucional y otros.
Pero de todos los escándolos y dramas que rodean a la Justicia, ninguno es hoy comparable al que rodea al juicio del 11 M, un espectáculo rico en rasgos vergonzantes, con parte del sistema mediático defendiendo la tesis de la conspiración mientras que la otra parte la ignora, donde algunos sugieren la autoría de ETA y otros la niegan, donde las pruebas se desmoronan y donde los testimonios de los testigos y peritos entran en colisión, provocando que la justicia sea considerada por la sociedad como poco fiable y, sobre todo, que la versión oficial sobre los atentados más importantes de la historia de la democracia española se perciba como frágil, inconsistente y hasta engañosa.
La Justicia y la misma democracia se basan en la confianza de los ciudadanos en el sistema, una confianza que se encuentra, evidentemente, en plena crisis.
Si tuvieramos que actualizar a nuestra epoca la famosa frase del alcalde Pacheco, en lugar de "La Justicia es un cachondeo" tendríamos que afirmar, quizás, que en España "La Justicia es un atentado" (contra el Estado de Derecho).
Entre esas actuaciones destacan con especial alarma la excarcelación del asesino en serie etarra De Juana Chaos y la retirada de la acusación contra el proetarra Arnaldo Otegui, medidas que demuestran que el Estado es más benevolente con los miembros de ETA que con cualquier otro español.
Para hay otras actuaciones de la Justicia que, aunque menos espectaculares, no son menos graves, como la "sumisión" aparente de los Fiscales al poder Ejecutivo, la pésima calidad de algunas instrucciones, entre ellas la del importante asunto de los atentados del 11 de marzo de 2004 y toda la batería de "chapuzas" de las fuerzas de seguridad, aireadas por la prensa, provocando escándalo y desasosiego en los ciudadanos, que incluye declaraciones contradictorias, manipulación de pruebas, aparentes falsificaciones de pruebas e indicios y una falta de profesionalidad general en los cuerpos de seguridad que causa inseguridad y miedo.
Sin embargo, lo que más inquieta a los demócratas es la invasión generalizada del Poder Judicial por parte del Poder Ejecutivo y de los partidos políticos, una invasión que, en buena ley, debería estar penada con la cárcel, para preservar la limpieza del sistema, pero que los políticos perpetran sin pudor, invalidando así el funcionamiento independiente de la Justicia, imprescindible en democracia.
La batería de escándalos y comportamientos antidemocráticos es sobrecogedora: aplicación de dos varas de medir, una flexible y blanda para los amigos y otra rígida y dura para los enemigos; favores judiciales a los amigos del poder; ensañamiento con los adversarios; detenciones de alcaldes de la oposición, acusados de corrupción, sin que ninguno de los centenares de corruptos adscritos al poder padezcan similar trato; y el nulo pudor que demuestran los partidos y el gobierno a la hora de nombrar magistrados o de influir y controlar las deliberaciones y decisiones de órganos tan vitales para la Justicia y la democracia como el Consejo General del Poder Judicial, los tribunales Supremo y Constitucional y otros.
Pero de todos los escándolos y dramas que rodean a la Justicia, ninguno es hoy comparable al que rodea al juicio del 11 M, un espectáculo rico en rasgos vergonzantes, con parte del sistema mediático defendiendo la tesis de la conspiración mientras que la otra parte la ignora, donde algunos sugieren la autoría de ETA y otros la niegan, donde las pruebas se desmoronan y donde los testimonios de los testigos y peritos entran en colisión, provocando que la justicia sea considerada por la sociedad como poco fiable y, sobre todo, que la versión oficial sobre los atentados más importantes de la historia de la democracia española se perciba como frágil, inconsistente y hasta engañosa.
La Justicia y la misma democracia se basan en la confianza de los ciudadanos en el sistema, una confianza que se encuentra, evidentemente, en plena crisis.
Si tuvieramos que actualizar a nuestra epoca la famosa frase del alcalde Pacheco, en lugar de "La Justicia es un cachondeo" tendríamos que afirmar, quizás, que en España "La Justicia es un atentado" (contra el Estado de Derecho).