La Iglesia católica española se resiste a ser recluída, quiere salir de la sacristía y prepara una manifestación masiva contra el gobierno español para el próximo mes de noviembre.
La manifestación es un proyecto firme, pero todavía sin fecha, que refleja los sentimientos de inquietud, debate y rebeldía que envuelven a una Iglesia española que no está dispuesta a ser retirada de la vida pública, ni domesticada por un gobierno como el socialista de Rodríguez Zapatero, que no quiere competencia alguna en la sociedad y que mira a la Iglesia con recelo por ser la única gran institución de la sociedad civil española que todavía resiste en la independencia.
Esa visión de la Iglesia como último reducto de la independencia en la sociedad civil española, despues de que el gobierno haya conseguido comprar o domeñar a sindicatos, patronal, universidades y un largo etcétera que incluye a instituciones, fundaciones, asociaciones, clubes, colegios y empresas, es la que defienden los obispos conservadores, capitaneados por el cardenal de Madrid, Rouco Varela, que quieren echarle un pulso al Ejecutivo en la calle, ayudados por el PP.
Otra parte de la Conferencia Episcopal Española, más moderada y capitaneada por el presidente del Episcopado, monseñor Blázquez, y por los obispos nacionalistas, apuesta por el diálogo con el partido socialista porque temen que el Gobierno decida revisar los Acuerdos Iglesia-Estado, de donde emanan muchos privilegios para la Iglesia Católica.
Además de la defensa de la Iglesia como último reducto de la libertad de pensamiento y de la disidencia en la sociedad española, otros argumentos que otorgan fuerza y atractivo a la manifestación es que la Ley Orgánica de Educación (LOE) «pone seriamente en peligro la enseñanza de la Religión» y que los padres católicos no están dispuestos a tragar con este «ataque» del Gobierno «laicista» del PSOE.
Después del éxito de la manifestación del 18 de junio contra las bodas gays, en la que participaron, por vez primera en la Historia, una veintena de obispos -entre ellos el cardenal de Madrid, Antonio María Rouco Varela-, muchos católicos quieren abandonar de nuevo su tradicional «silencio» y hacer oír su voz.
Los católicos pretenden sacar a la calle a más de un millón de personas y cuentan para ello con el apoyo del Partido Popular, que está convencido de que el voto de los católicos españoles es vital para recuperar el poder.
La Conferencia Episcopal analizará el proyecto de manifestación en su reunión del próximo jueves día 15 de septiembre, donde muchos obispos defenderán la tesis de que la clase de religión a los niños en las escuelas públicas es vital para conservar su hegemonía cultural. Sin embargo, el núcleo del debate será hasta que punto está en peligro la capacidad de la Iglesia para influir en la sociedad española, como defienden algunos obispos, que ven en el actual gobierno "relativista y laicista" de Zapatero la clara intención de sacar a la Iglesia de la sociedad, encerrarla en la sacristía y, sobre todo, impedir que siga influyendo y apoyando la disidencia y la resistencia al dominio político.
La batalla no es baladí porque, en un país en el que la familia ya no educa religiosamente y la catequesis se ha convertido en un mero trámite, el único lugar que le queda a la Iglesia para «adoctrinar» a la infancia y sembrar su semilla en las futuras generaciones es la escuela.
El problema es que la Iglesia no termina de asumir todos los riesgos que trae consigo la decisión de echarle un pulso al cada día más poderoso gobierno español, única fuerza dominante y cohesionada en una sociedad civil que está desmembrada y sin apenas influencia que oponer a un Estado español que no para de engordar.
La manifestación es un proyecto firme, pero todavía sin fecha, que refleja los sentimientos de inquietud, debate y rebeldía que envuelven a una Iglesia española que no está dispuesta a ser retirada de la vida pública, ni domesticada por un gobierno como el socialista de Rodríguez Zapatero, que no quiere competencia alguna en la sociedad y que mira a la Iglesia con recelo por ser la única gran institución de la sociedad civil española que todavía resiste en la independencia.
Esa visión de la Iglesia como último reducto de la independencia en la sociedad civil española, despues de que el gobierno haya conseguido comprar o domeñar a sindicatos, patronal, universidades y un largo etcétera que incluye a instituciones, fundaciones, asociaciones, clubes, colegios y empresas, es la que defienden los obispos conservadores, capitaneados por el cardenal de Madrid, Rouco Varela, que quieren echarle un pulso al Ejecutivo en la calle, ayudados por el PP.
Otra parte de la Conferencia Episcopal Española, más moderada y capitaneada por el presidente del Episcopado, monseñor Blázquez, y por los obispos nacionalistas, apuesta por el diálogo con el partido socialista porque temen que el Gobierno decida revisar los Acuerdos Iglesia-Estado, de donde emanan muchos privilegios para la Iglesia Católica.
Además de la defensa de la Iglesia como último reducto de la libertad de pensamiento y de la disidencia en la sociedad española, otros argumentos que otorgan fuerza y atractivo a la manifestación es que la Ley Orgánica de Educación (LOE) «pone seriamente en peligro la enseñanza de la Religión» y que los padres católicos no están dispuestos a tragar con este «ataque» del Gobierno «laicista» del PSOE.
Después del éxito de la manifestación del 18 de junio contra las bodas gays, en la que participaron, por vez primera en la Historia, una veintena de obispos -entre ellos el cardenal de Madrid, Antonio María Rouco Varela-, muchos católicos quieren abandonar de nuevo su tradicional «silencio» y hacer oír su voz.
Los católicos pretenden sacar a la calle a más de un millón de personas y cuentan para ello con el apoyo del Partido Popular, que está convencido de que el voto de los católicos españoles es vital para recuperar el poder.
La Conferencia Episcopal analizará el proyecto de manifestación en su reunión del próximo jueves día 15 de septiembre, donde muchos obispos defenderán la tesis de que la clase de religión a los niños en las escuelas públicas es vital para conservar su hegemonía cultural. Sin embargo, el núcleo del debate será hasta que punto está en peligro la capacidad de la Iglesia para influir en la sociedad española, como defienden algunos obispos, que ven en el actual gobierno "relativista y laicista" de Zapatero la clara intención de sacar a la Iglesia de la sociedad, encerrarla en la sacristía y, sobre todo, impedir que siga influyendo y apoyando la disidencia y la resistencia al dominio político.
La batalla no es baladí porque, en un país en el que la familia ya no educa religiosamente y la catequesis se ha convertido en un mero trámite, el único lugar que le queda a la Iglesia para «adoctrinar» a la infancia y sembrar su semilla en las futuras generaciones es la escuela.
El problema es que la Iglesia no termina de asumir todos los riesgos que trae consigo la decisión de echarle un pulso al cada día más poderoso gobierno español, única fuerza dominante y cohesionada en una sociedad civil que está desmembrada y sin apenas influencia que oponer a un Estado español que no para de engordar.