Cuando la actual Constitución fue redactada y aprobada, la democracia española daba sus primeros pasos y, después de cuatro décadas de Franquismo, confiaba plenamente en la bondad de los partidos políticos. En consecuencia, España asumió una Constitución que entregaba a los partidos políticos demasiado poder y representación, más del que era prudente, según ha demostrado la historia.
Hoy, aquellos partidos políticos a los que la Constitución otrogó tanto poder y representatividad, incluso el derecho a intervenir en la Justicia y a mediatizar los grandes tribunales, ya no son de fiar, tras haberse convertido en maquinarias implacables de poder y de clientelismo, más fieles a sus propios intereses que al bien común y a los intereses de la nación.
Amaparados en las ventajas y poderes que les otorgaron los incautos españoles, los partidos han reforzado su poder, se han acorazado de inmunidad e impunidad y han invadido demasiados espacios de la sociedad, incluso aquellos que les están vedados en democracia: universidades, sindicatos, religiones, empresas, instituciones, asociaciones, cajas de ahorro, medios de comunicación, etc., acabando así con la independencia y colocando en coma profundo una sociedad civil española que, en democracia, debe ejercer como firme contrapeso independiente del poder político y como fuerza controladora del poder del Estado.
En consecuencia, la Constitución debe ser reformada si se quiere limpiar España de escoria corrupta e instaurar en serio una verdadera democracia.
Se habla desde hace meses de un cambio en la orientación del poder y en posibles pactos entre el PSOE y el PP para consensuar políticas como la Justicia y la lucha contra el terrorismo. Desgraciadamente, esos pactos no van a solucionar el problema porque el problema son los partidos políticos, que, sin controles ciudadanos y dueños absolutos del Estado, se han transformado en el peor enemigo de la democracia y en el mayor obstáculo para que se termine la degradación de la política española.
Un ejemplo claro del descontrol antridemocrático reinante en España es las reformas que propone la Fiscalía General del Estado, orientadas a convertir a los fiscales en una especie de custodios de los jueces, una medida que encadena todavía más el poder Judicial a la política de partidos y que se orienta justo en el sentido contrario del que establece la verdadera democracia.
Encomendar a los partidos políticos españoles la regeneración de la democracia española es como pedir a la zorra que cuide de las gallinas. ¿Quien puede ser tan imbecil para creer que los partidos políticos, que son auténticas organizaciones autoritarias, verticales y antidemocráticas, siempre sometidas al poder y al capricho de las élites, en cuyo interior se imponen el sometimiento al lider y el miedo a debatir libremente, puedan democratizar este país?
La unica regeneración auténtica y saludable de la democracia española pasa, inevitablemente, por limitar el poder de los partidos políticos y por restaurar los controles ciudadanos al poder, controles que obliguen a los poderes a competir entre sí, a que los representantes rindan cuentas a los ciudadanos, no a los partidos, como ahora hacen, y a restaurar el protagonismo que el ciudadano y la sociedad civil deben tener en el sistema, el cual les ha sido ilegítimamente arrebatado por los insaciables y degenerados partidos políticos.
Cualquier reforma debe partir de cambios profundos en la injusta y antidemocrática Ley Electoral española, cambios que eliminen las listas cerradas y bloqueadas que confeccionan los partidos y ante las que los ciudadanos únicamente pueden decir "sí" o "no", sin poder elegir a sus preferidos. No menos urgente es garantizar el valor igual de los votos, evitando que unos partidos necesiten 50.000 votos para lograr un diputado y otros casi 400.000. Y sin olvidar la que quizás sea la reforma más urgente y necesaria, la de conseguir que los políticos electos respondan ante los ciudadanos que los eligen, no ante las élites de sus respectivos partidos, como ahora ocurre en esta democracia española sin entrañas, sin justicia y sin ciudadanos soberanos.
Hoy, aquellos partidos políticos a los que la Constitución otrogó tanto poder y representatividad, incluso el derecho a intervenir en la Justicia y a mediatizar los grandes tribunales, ya no son de fiar, tras haberse convertido en maquinarias implacables de poder y de clientelismo, más fieles a sus propios intereses que al bien común y a los intereses de la nación.
Amaparados en las ventajas y poderes que les otorgaron los incautos españoles, los partidos han reforzado su poder, se han acorazado de inmunidad e impunidad y han invadido demasiados espacios de la sociedad, incluso aquellos que les están vedados en democracia: universidades, sindicatos, religiones, empresas, instituciones, asociaciones, cajas de ahorro, medios de comunicación, etc., acabando así con la independencia y colocando en coma profundo una sociedad civil española que, en democracia, debe ejercer como firme contrapeso independiente del poder político y como fuerza controladora del poder del Estado.
En consecuencia, la Constitución debe ser reformada si se quiere limpiar España de escoria corrupta e instaurar en serio una verdadera democracia.
Se habla desde hace meses de un cambio en la orientación del poder y en posibles pactos entre el PSOE y el PP para consensuar políticas como la Justicia y la lucha contra el terrorismo. Desgraciadamente, esos pactos no van a solucionar el problema porque el problema son los partidos políticos, que, sin controles ciudadanos y dueños absolutos del Estado, se han transformado en el peor enemigo de la democracia y en el mayor obstáculo para que se termine la degradación de la política española.
Un ejemplo claro del descontrol antridemocrático reinante en España es las reformas que propone la Fiscalía General del Estado, orientadas a convertir a los fiscales en una especie de custodios de los jueces, una medida que encadena todavía más el poder Judicial a la política de partidos y que se orienta justo en el sentido contrario del que establece la verdadera democracia.
Encomendar a los partidos políticos españoles la regeneración de la democracia española es como pedir a la zorra que cuide de las gallinas. ¿Quien puede ser tan imbecil para creer que los partidos políticos, que son auténticas organizaciones autoritarias, verticales y antidemocráticas, siempre sometidas al poder y al capricho de las élites, en cuyo interior se imponen el sometimiento al lider y el miedo a debatir libremente, puedan democratizar este país?
La unica regeneración auténtica y saludable de la democracia española pasa, inevitablemente, por limitar el poder de los partidos políticos y por restaurar los controles ciudadanos al poder, controles que obliguen a los poderes a competir entre sí, a que los representantes rindan cuentas a los ciudadanos, no a los partidos, como ahora hacen, y a restaurar el protagonismo que el ciudadano y la sociedad civil deben tener en el sistema, el cual les ha sido ilegítimamente arrebatado por los insaciables y degenerados partidos políticos.
Cualquier reforma debe partir de cambios profundos en la injusta y antidemocrática Ley Electoral española, cambios que eliminen las listas cerradas y bloqueadas que confeccionan los partidos y ante las que los ciudadanos únicamente pueden decir "sí" o "no", sin poder elegir a sus preferidos. No menos urgente es garantizar el valor igual de los votos, evitando que unos partidos necesiten 50.000 votos para lograr un diputado y otros casi 400.000. Y sin olvidar la que quizás sea la reforma más urgente y necesaria, la de conseguir que los políticos electos respondan ante los ciudadanos que los eligen, no ante las élites de sus respectivos partidos, como ahora ocurre en esta democracia española sin entrañas, sin justicia y sin ciudadanos soberanos.
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