Nuestra Constitución nació en un ambiente exultante y fue recibida con entusiasmo por el pueblo español, deseoso de democracia, pero también nació llena de carencias y trucos, traicionada desde sus orígenes por los que la historia demostraría después que eran el mayor problema de España y sus peores hijos: los políticos.
Toda Constitución no es un instrumento para gobernar al pueblo sino una herramienta para controlar a los gobiernos e impedir su peligrosa tendencia a acumular poder y a ser arbitrarios y tiranos. Sin embargo, la Constitución española fue enteramente redactada por los políticos, sin debate alguno que implicara a los ciudadanos y en lugar de crear las bases de una democracia moderna, como entonces se dijo, creó las más sólidas y perversas bases para una verdadera partitocracia, incluso de una dictadura de partidos, si los controles, contrapesos y cautelas suficientes, permisiva para que los políticos pudieran hacer lo que quisieran, casi sin límites.
Y ocurrió lo que en buena lógica cabía esperar de aquel texto viciado y tullido de nacimiento: los políticos y sus partidos la interpretaron a su gusto, neutralizaron los pocos controles que contenía y utilizaron la Constitución para establecer una auténtica y abusiva dictadura de políticos profesionales y de partidos con demasiado poder y sin controles suficientes, una aberración tiránica disfrazada de una democracia que nunca existió.
Esa Constitución que hoy sigue rigiendo los destinos de España sirvió para que el rey se hiciera multimillonario, para que los partidos se atiborraran de dinero y de privilegios, para hacer de España el país más corrupto de Europa y para que millones de ciudadanos, indignados ante los abusos y arbitrariedades de los políticos, sólo puedan lamerse las heridas y votar a cualquier partido que aparezca por el horizonte prometiendo mano dura, decencia y verdad.
La Carta Magna ha permitido que los gobiernos controlen a los medios de comunicación y establezcan una dura y antidemocrática tiranía mediática que desinforma y envilece al pueblo. Ha servido también para que la desigualdad se agrande cada día. para que los ciudadanos estén casi plenamente marginados del poder y de la influencia y para que España sea hoy el país de Europa donde el divorcio entre ciudadanos y políticos sea más intenso y profundo. Por último, la misma Carta Magna que hoy alabamos como guía de nuestra convivencia ha permitido la profundas vilezas del nacionalismo y de los grandes partidos españoles en Cataluña y el País Vasco, donde se haejercido la violencia impune, se han comprado votos a cambio de concesiones y permisividad, donde se han cerrado los ojos cuando cientos de miles de catalanes y vascos que se sentían españoles eran acosados, cuando los niños han sido adoctrinados en las mentiras y el odio y se han logrado, a base de estupideces y traiciones, que el independentismo, que contaba con apenas una docena de partidarios al morir Franco, sea hoy una plaga casi mayoritaria, dueña de los parlamentos catalán y vasco y dispuesto a hacer pedazos el país.
Es un "contra Dios" llamar constitucionalistas a partidos como el PSOE y el PP, con historiales cargados de delitos y con un número tan elevado de acusados, imputados y condenados que, si se hiciera justicia, tendrían que ser precintados e ilegalizados por haberse convertido en auténticas asociaciones de malhechores. Sin embargo, esos dos partidos se exhiben con arrogancia, ocupan los noticieros y telediarios, alardean de demócratas y campan a sus anchas por España, como si los españoles fueran tontos, sordos y ciegos, incapaces de ver y sopesar sus abusos, arbitrariedades y violaciones a las leyes.
Nadie en España atenta contra la Constitución con más fuerza y frecuencia que los grandes partidos políticos. Incumplir las promesas electorales es ir contra la Constitución, como también lo es gobernar Andalucía durante cuatro décadas robando y manteniendo al pueblo andaluz sometido, como líder del atraso, el desempleo y la pobreza en toda Europa.
Mentir es anticonstitucional y lo hacen ambos partidos a diario; acosar a los adversarios lo es también y organizar cordones sanitarios contra otros partidos es una de las violaciones más duras y vergonzantes de la Ley de Leyes.
Sin la menor duda, pactar con partidos que rechazan la Constitución para formar gobierno, como está haciendo Pedro Sánchez es una violación supina de la Constitución y no lo es menos defender a los chorizos que militan en sus filas y ocultar los delitos y documentos que demuestran la corrupción del sistema hasta el tuétano.
Controlar a los jueces y amordazar a los legisladores es anticonstitucional, como lo es también impedir que los partidos políticos funcionen con democracia interna.
Cualquier simple periodista investigador, como el autor de este artículo, que no es experto en leyes, puede detectar al menos un centenar de violaciones a la Constitución por parte de los dos grandes partidos y no menos en aquellos otros nacionalistas que tienen el odio como fuerza motriz. Imaginad lo que podría detectar un experto constitucionalista, si en España existieran constitucionalistas honrados, independientes y valientes.
Francisco Rubiales
Toda Constitución no es un instrumento para gobernar al pueblo sino una herramienta para controlar a los gobiernos e impedir su peligrosa tendencia a acumular poder y a ser arbitrarios y tiranos. Sin embargo, la Constitución española fue enteramente redactada por los políticos, sin debate alguno que implicara a los ciudadanos y en lugar de crear las bases de una democracia moderna, como entonces se dijo, creó las más sólidas y perversas bases para una verdadera partitocracia, incluso de una dictadura de partidos, si los controles, contrapesos y cautelas suficientes, permisiva para que los políticos pudieran hacer lo que quisieran, casi sin límites.
Y ocurrió lo que en buena lógica cabía esperar de aquel texto viciado y tullido de nacimiento: los políticos y sus partidos la interpretaron a su gusto, neutralizaron los pocos controles que contenía y utilizaron la Constitución para establecer una auténtica y abusiva dictadura de políticos profesionales y de partidos con demasiado poder y sin controles suficientes, una aberración tiránica disfrazada de una democracia que nunca existió.
Esa Constitución que hoy sigue rigiendo los destinos de España sirvió para que el rey se hiciera multimillonario, para que los partidos se atiborraran de dinero y de privilegios, para hacer de España el país más corrupto de Europa y para que millones de ciudadanos, indignados ante los abusos y arbitrariedades de los políticos, sólo puedan lamerse las heridas y votar a cualquier partido que aparezca por el horizonte prometiendo mano dura, decencia y verdad.
La Carta Magna ha permitido que los gobiernos controlen a los medios de comunicación y establezcan una dura y antidemocrática tiranía mediática que desinforma y envilece al pueblo. Ha servido también para que la desigualdad se agrande cada día. para que los ciudadanos estén casi plenamente marginados del poder y de la influencia y para que España sea hoy el país de Europa donde el divorcio entre ciudadanos y políticos sea más intenso y profundo. Por último, la misma Carta Magna que hoy alabamos como guía de nuestra convivencia ha permitido la profundas vilezas del nacionalismo y de los grandes partidos españoles en Cataluña y el País Vasco, donde se haejercido la violencia impune, se han comprado votos a cambio de concesiones y permisividad, donde se han cerrado los ojos cuando cientos de miles de catalanes y vascos que se sentían españoles eran acosados, cuando los niños han sido adoctrinados en las mentiras y el odio y se han logrado, a base de estupideces y traiciones, que el independentismo, que contaba con apenas una docena de partidarios al morir Franco, sea hoy una plaga casi mayoritaria, dueña de los parlamentos catalán y vasco y dispuesto a hacer pedazos el país.
Es un "contra Dios" llamar constitucionalistas a partidos como el PSOE y el PP, con historiales cargados de delitos y con un número tan elevado de acusados, imputados y condenados que, si se hiciera justicia, tendrían que ser precintados e ilegalizados por haberse convertido en auténticas asociaciones de malhechores. Sin embargo, esos dos partidos se exhiben con arrogancia, ocupan los noticieros y telediarios, alardean de demócratas y campan a sus anchas por España, como si los españoles fueran tontos, sordos y ciegos, incapaces de ver y sopesar sus abusos, arbitrariedades y violaciones a las leyes.
Nadie en España atenta contra la Constitución con más fuerza y frecuencia que los grandes partidos políticos. Incumplir las promesas electorales es ir contra la Constitución, como también lo es gobernar Andalucía durante cuatro décadas robando y manteniendo al pueblo andaluz sometido, como líder del atraso, el desempleo y la pobreza en toda Europa.
Mentir es anticonstitucional y lo hacen ambos partidos a diario; acosar a los adversarios lo es también y organizar cordones sanitarios contra otros partidos es una de las violaciones más duras y vergonzantes de la Ley de Leyes.
Sin la menor duda, pactar con partidos que rechazan la Constitución para formar gobierno, como está haciendo Pedro Sánchez es una violación supina de la Constitución y no lo es menos defender a los chorizos que militan en sus filas y ocultar los delitos y documentos que demuestran la corrupción del sistema hasta el tuétano.
Controlar a los jueces y amordazar a los legisladores es anticonstitucional, como lo es también impedir que los partidos políticos funcionen con democracia interna.
Cualquier simple periodista investigador, como el autor de este artículo, que no es experto en leyes, puede detectar al menos un centenar de violaciones a la Constitución por parte de los dos grandes partidos y no menos en aquellos otros nacionalistas que tienen el odio como fuerza motriz. Imaginad lo que podría detectar un experto constitucionalista, si en España existieran constitucionalistas honrados, independientes y valientes.
Francisco Rubiales