Este sistema de Autonomías es preciso suprimirlo. El derroche y el desbarajuste administrativo de las CCAA las hace insostenibles y, a la vez, imposibilitan que España cumpla sus objetivos de déficit presupuestario y lastran su desarrollo. Nunca de debieron de transferir las competencias de Educación, Sanidad y Justicia y policiales. Actualmente, la mayoría de los españoles, según las diversas encuestas, opta por la eliminación. Sin embargo, los políticos, por su propio interés, se obstinan en mantener un modelo autonómico que es ruinoso para la Nación, pero muy provechoso para la clase política y sus allegados.
La persistencia de la recesión y de la enorme cantidad de parados harán que el propio Gobierno y Europa nos obligue a clausurar el entramado de las ruinosas autonomías o salir de la desarrollada Europa. En efecto, si rápidamente no se reduce de modo drástico el gasto y la estructura político-administrativa de las CCAA, la desaparición del Estado Autonómico será algo inevitable, simplemente, por la supervivencia colectiva; ese costosísimo fluir de millones y el elevado endeudamiento conduce cada vez más a la insolvencia de España; la financiación de las Autonomías ha obligado a subir los impuestos, hacer recortes sociales y establecer copagos en la prestación de ciertos servicios; y esta enorme estructura político-administrativa de las CCAA, ha hecho preciso el adelgazar aún más el ya debilitado Estado del Bienestar; es un modelo inviable por sus altísimos costes y sus exigencias financieras, que contractan con su escasa eficiencia en la prestación de servicios al ciudadano. El Estado de las Autonomías ha resultado un enorme fracaso político, económico y social; rompiendo la unidad, ha fragmentado España y avivado la secesión y el virus nacionalista; ha supuesto el deterioro de España y, suscitando el egoísmo y la ambición, ha inundado los despachos de corrupción; la bancarrota parece inevitable: el Estado autonómico es un deseo fallido.
Las autonomías nacieron para integrar los nacionalismos en el marco constitucional del 1978, pero los nacionalistas enardecidos hoy no acatan con la debida lealtad esa Constitución; rechazan el Estado autonómico, más o menos explícitamente, del que se aprovechan y lucran; y, con su prurito independentista, conculcan las leyes nacionales, expresan agravios ofensivos y nos cansan hasta la saciedad sin respeto ni reparo alguno. Y precisamente, gozan de una amplia autonomía y provechosos privilegios, que otros desearían. Se añade a ello, que las 'autonosuyas' han quebrado la unidad normativa nacional con la consiguiente quiebra de la unidad de mercado que encarece nuestros productos hasta hacerlos no competitivos; han provocado el desbarajuste al eliminar también la unidad educativa y cultural, así como el fomento de la lengua castellana. La leyenda de las ventajas de las 'autonosuyas' para la ciudadanía se ha desvanecido en las brumas del trinque y la corrupción.
La extirpación o la reforma sustancial del Estado de las Autonomías exige una modificación esencial de nuestra Constitución del 1978, que reconoce a “las nacionalidades y regiones” el derecho a la autonomía política. Es preciso salir voluntariamente del ruinoso tinglado, por el bien de España. Ante tal fracaso e inviabilidad, la salida óptima es volver a implantar el Estado Central y Único, lo que requiere que se firme previamente un acuerdo entre PP y PSOE que permita modificar el Título VIII de la Constitución; y, pues existe un número creciente de españoles partidarios de la plena recentralización política, habrá que celebrar elecciones a Cortes Constituyentes. Pero, si no se quiere modificar la actual Constitución, la única salida, pero factible, se halla en que, como la autonomía es un derecho renunciable, las CCAA, que lo acordasen, devolvieran al Estado todas sus competencias a cambio de grandes incentivos o ventajas, como pago de sus deudas públicas y la concesión de voluminosas inversiones creadoras de puestos de trabajo. Sin embargo, es la ciudadanía y no solamente los partidos políticos, la que, al ejercer la soberanía popular, ha de realiza la reforma estructural del Estado Español.
C. Mudarra
La persistencia de la recesión y de la enorme cantidad de parados harán que el propio Gobierno y Europa nos obligue a clausurar el entramado de las ruinosas autonomías o salir de la desarrollada Europa. En efecto, si rápidamente no se reduce de modo drástico el gasto y la estructura político-administrativa de las CCAA, la desaparición del Estado Autonómico será algo inevitable, simplemente, por la supervivencia colectiva; ese costosísimo fluir de millones y el elevado endeudamiento conduce cada vez más a la insolvencia de España; la financiación de las Autonomías ha obligado a subir los impuestos, hacer recortes sociales y establecer copagos en la prestación de ciertos servicios; y esta enorme estructura político-administrativa de las CCAA, ha hecho preciso el adelgazar aún más el ya debilitado Estado del Bienestar; es un modelo inviable por sus altísimos costes y sus exigencias financieras, que contractan con su escasa eficiencia en la prestación de servicios al ciudadano. El Estado de las Autonomías ha resultado un enorme fracaso político, económico y social; rompiendo la unidad, ha fragmentado España y avivado la secesión y el virus nacionalista; ha supuesto el deterioro de España y, suscitando el egoísmo y la ambición, ha inundado los despachos de corrupción; la bancarrota parece inevitable: el Estado autonómico es un deseo fallido.
Las autonomías nacieron para integrar los nacionalismos en el marco constitucional del 1978, pero los nacionalistas enardecidos hoy no acatan con la debida lealtad esa Constitución; rechazan el Estado autonómico, más o menos explícitamente, del que se aprovechan y lucran; y, con su prurito independentista, conculcan las leyes nacionales, expresan agravios ofensivos y nos cansan hasta la saciedad sin respeto ni reparo alguno. Y precisamente, gozan de una amplia autonomía y provechosos privilegios, que otros desearían. Se añade a ello, que las 'autonosuyas' han quebrado la unidad normativa nacional con la consiguiente quiebra de la unidad de mercado que encarece nuestros productos hasta hacerlos no competitivos; han provocado el desbarajuste al eliminar también la unidad educativa y cultural, así como el fomento de la lengua castellana. La leyenda de las ventajas de las 'autonosuyas' para la ciudadanía se ha desvanecido en las brumas del trinque y la corrupción.
La extirpación o la reforma sustancial del Estado de las Autonomías exige una modificación esencial de nuestra Constitución del 1978, que reconoce a “las nacionalidades y regiones” el derecho a la autonomía política. Es preciso salir voluntariamente del ruinoso tinglado, por el bien de España. Ante tal fracaso e inviabilidad, la salida óptima es volver a implantar el Estado Central y Único, lo que requiere que se firme previamente un acuerdo entre PP y PSOE que permita modificar el Título VIII de la Constitución; y, pues existe un número creciente de españoles partidarios de la plena recentralización política, habrá que celebrar elecciones a Cortes Constituyentes. Pero, si no se quiere modificar la actual Constitución, la única salida, pero factible, se halla en que, como la autonomía es un derecho renunciable, las CCAA, que lo acordasen, devolvieran al Estado todas sus competencias a cambio de grandes incentivos o ventajas, como pago de sus deudas públicas y la concesión de voluminosas inversiones creadoras de puestos de trabajo. Sin embargo, es la ciudadanía y no solamente los partidos políticos, la que, al ejercer la soberanía popular, ha de realiza la reforma estructural del Estado Español.
C. Mudarra