Hay hechos que marcan épocas, este es uno. La osadía de A. Mas y su Parlamento es claramente un acto de sedición, un golpe de Estado. La detención del ímpetu independentista va a favorecer la unidad de actuación del Gobierno y del los partidos políticos y transmitirá al ciudadano la imagen de compromiso y unión en torno de la Constitución. La situación ha girado de golpe, para situarse ante el rostro herido de la unidad de España. Mariano atorado en el empeño de explicar sus éxitos en la economía, ve que la diosa fortuna le trae llovido el poder de la iniciativa, que ha de manejar con minucioso cuidado y medir la vehemencia en la respuesta.
La sedición hay que cortarla sin miramientos, la unidad de España es sagrada e intangible; no se debe tolerar este descabellado e insufrible sainete que nos traen unos chalados iluminados de obscuras sombras, que hacen dejación de sus funciones en la gestión de la Generalidad Catalana, mientras despilfarran los dineros del Estado, librados para el bienestar de los ciudadanos catalanes y no para jueguecitos secesionistas. La arrogancia insolente y la aberración desafiante de los sediciosos catalanes son delictivas; la democracia ha de preservar la integridad de España en el marco del Estado de Derecho y hacer cumplir la Ley. El tiempo apremia; los rebeldes independentistas, amparados en su desobediencia, proclaman que sólo van a obedecer las leyes de su Cámara.
El Nosotros, incluidos los españoles catalanes, tenemos la razón democrática; el Presidente Rajoy ha de entablar la ofensiva: legal, política, mediática y popular, para atajar, en el acto, este disparate, de unos rebeldes catalanes que ilusos se proponen la destrucción de la Patria Sacrosanta de todos los españoles. El minuto, en que proclamen la independencia, será el mismo en que el Gobierno de Rajoy cierre el suministro financiero, asuma la administración de los dineros, en prevención de que se sigan usando en la comisión de un delito y asegure a la ciudadanía que las nóminas de los funcionarios y pensionistas las abonará Madrid.
La derecha sociológica, cansada de respirar un clima de tensión secesionista, está clamando soluciones drásticas; el Gobierno Central debe alzarse y actuar. Llega la hora oportuna y es esta, ya no hay espera, se ha de defender España y aplicar el ordenamiento jurídico vigente, sin titubeos ni dilaciones; los españoles demócratas creen que ya no se puede frenar la secesión sin recurrir al Art. 155 de la Constitución, instrumento de que dispone el Gobierno, para atajar esto e intervenir la autonomía catalana, cuya aplicación sin más miramientos la exige la insurrección; ante la loca acometida sediciosa, que se muestra irreductible, habrá que emplear ese enérgico dispositivo constitucional. Parece que Rajoy se está vadeando entre la amenaza de lanzar esa bomba o seguir con el discurso de fortaleza contundente. Para España sería mejor que el Gobierno no tuviera que aplicar el art. e intervenir la Autonomía Catalana, así, una mayoría de españoles no quiere que se llegue a las medidas extremas, pero el impacto no dependerá de Rajoy, sino de la agitación y del alboroto que emprendan los insurrectos del independentismo; puede ser una tentación, pero hay que medir las secuelas; es un resorte jurídico demasiado expeditivo y de consecuencias desbordantes. Si se atreven, por fin, a declarar la independencia, si infringen las normas, el Gobierno ha de aplicar la ley sin titubeos, proteger el interés común y obligarlos al cumplimiento forzoso de la Carta Magna; las Fuerzas Armadas tienen también el deber de garantizar la soberanía de España y mantener el ordenamiento Constitucional según el art. 8 de la Constitución del 78 aprobada por los españoles, incluidos por abrumadora mayoría los catalanes.
Por otra parte, no es fácil que a los rebeldes secesionistas entren en cordura y prudencia, tal vez el jefecillo, A. Mas, busca no perder la poltrona de la Generalidad, no responder al pueblo de su gestión tan vacía y negativa; y, prolongando su impunidad, no dar cuenta tampoco de su responsabilidad en el caso de los Pujol y otros asuntos que implican su devastación personal y la amenaza del banquillo; y es que A. Mas se mantiene en la idiotez política, que será ruina suya y desastre para España; los gobernantes deben velar por el bien común. De ahí, que los españoles griten bien alto que están hartos, hastiados de tanta altanera matraca sediciosa, de mordidas del 3 ó 20% y de maniobras para eludir la jurisdicción penal española.
C. Mudarra
La sedición hay que cortarla sin miramientos, la unidad de España es sagrada e intangible; no se debe tolerar este descabellado e insufrible sainete que nos traen unos chalados iluminados de obscuras sombras, que hacen dejación de sus funciones en la gestión de la Generalidad Catalana, mientras despilfarran los dineros del Estado, librados para el bienestar de los ciudadanos catalanes y no para jueguecitos secesionistas. La arrogancia insolente y la aberración desafiante de los sediciosos catalanes son delictivas; la democracia ha de preservar la integridad de España en el marco del Estado de Derecho y hacer cumplir la Ley. El tiempo apremia; los rebeldes independentistas, amparados en su desobediencia, proclaman que sólo van a obedecer las leyes de su Cámara.
El Nosotros, incluidos los españoles catalanes, tenemos la razón democrática; el Presidente Rajoy ha de entablar la ofensiva: legal, política, mediática y popular, para atajar, en el acto, este disparate, de unos rebeldes catalanes que ilusos se proponen la destrucción de la Patria Sacrosanta de todos los españoles. El minuto, en que proclamen la independencia, será el mismo en que el Gobierno de Rajoy cierre el suministro financiero, asuma la administración de los dineros, en prevención de que se sigan usando en la comisión de un delito y asegure a la ciudadanía que las nóminas de los funcionarios y pensionistas las abonará Madrid.
La derecha sociológica, cansada de respirar un clima de tensión secesionista, está clamando soluciones drásticas; el Gobierno Central debe alzarse y actuar. Llega la hora oportuna y es esta, ya no hay espera, se ha de defender España y aplicar el ordenamiento jurídico vigente, sin titubeos ni dilaciones; los españoles demócratas creen que ya no se puede frenar la secesión sin recurrir al Art. 155 de la Constitución, instrumento de que dispone el Gobierno, para atajar esto e intervenir la autonomía catalana, cuya aplicación sin más miramientos la exige la insurrección; ante la loca acometida sediciosa, que se muestra irreductible, habrá que emplear ese enérgico dispositivo constitucional. Parece que Rajoy se está vadeando entre la amenaza de lanzar esa bomba o seguir con el discurso de fortaleza contundente. Para España sería mejor que el Gobierno no tuviera que aplicar el art. e intervenir la Autonomía Catalana, así, una mayoría de españoles no quiere que se llegue a las medidas extremas, pero el impacto no dependerá de Rajoy, sino de la agitación y del alboroto que emprendan los insurrectos del independentismo; puede ser una tentación, pero hay que medir las secuelas; es un resorte jurídico demasiado expeditivo y de consecuencias desbordantes. Si se atreven, por fin, a declarar la independencia, si infringen las normas, el Gobierno ha de aplicar la ley sin titubeos, proteger el interés común y obligarlos al cumplimiento forzoso de la Carta Magna; las Fuerzas Armadas tienen también el deber de garantizar la soberanía de España y mantener el ordenamiento Constitucional según el art. 8 de la Constitución del 78 aprobada por los españoles, incluidos por abrumadora mayoría los catalanes.
Por otra parte, no es fácil que a los rebeldes secesionistas entren en cordura y prudencia, tal vez el jefecillo, A. Mas, busca no perder la poltrona de la Generalidad, no responder al pueblo de su gestión tan vacía y negativa; y, prolongando su impunidad, no dar cuenta tampoco de su responsabilidad en el caso de los Pujol y otros asuntos que implican su devastación personal y la amenaza del banquillo; y es que A. Mas se mantiene en la idiotez política, que será ruina suya y desastre para España; los gobernantes deben velar por el bien común. De ahí, que los españoles griten bien alto que están hartos, hastiados de tanta altanera matraca sediciosa, de mordidas del 3 ó 20% y de maniobras para eludir la jurisdicción penal española.
C. Mudarra