Casi todo el Ayuntamiento marbellí ha caído en manos de la justicia, tras una rápida operación policial y judicial. “Lenta y tarda, pero la Justicia llega” decía una rubia que militaba en el PSOE y lanzaba diatribas de honra y pundonor ante los micrófonos; hoy, ya pertrechada de buenas bolsas caseras de millones, en muchos oídos resuenan sus prédicas y moralinas. La trama maloliente ha arrastrado en su cloaca mafiosa, por las turbulencias corruptas, a un grupo bastante numeroso de ediles y otras figuras representativas de diferentes estamentos.
La corrupción se instala, la vulneración de la ley recorre el campo y los escándalos florecen sin escrúpulo en componendas y especulación urbanística. Parece que aún quedan por aflorar entre las aguas fangosas otros consistorios más con sus mociones de censura, con las licencias y apaños, con sus tránsfugas aprovechados que, montados a lomos de su ambición, embadurnan de pestilencia la democracia española; vendrán a la luz esos ríos ocultos del banqueo de capitales procedentes de sucios negocios; llegarán nuevos delitos de malversación, más cohecho y más tráfico de influencias.
El asombro de la ciudadanía, que no llega a final de mes, que ha de mantener al hijo de treinta años aún en casa, que no puede soportar el peso de su hipoteca, es descomunal, cando ve a los políticos fijarse sus sueldos y sueldecetes, instalados en las poltronas y abriéndose paso en la oligarquía de los partidos políticos, para alcanzar un puestecito de provecho; no menos escandaloso le resulta que los últimos gobiernos de la Nación y la Junta de Andalucía hayan dormido en el silencio y a oídos cerrados sin enterarse de tamaña marea en la corporación local. La gente ya no se fía, ni admite excusas.
La Ley de Régimen Local pide su perentoria reforma y reescritura, para eso está el Parlamento. Toda Ley que deje resquicio al desfalco es absolutamente necesario rehacerla.
No se puede permitir que se use la política para enriquecerse; no es la maquinaria de los partidos la que ha de imponer los candidatos a elegir; no se toleran los acuerdos y arreglos postelectorales, es la mayoría la que ha de gobernar, aunque haya que ir a la segunda vuelta. Los sueldos consistoriales y autonómicos ha de fijarlos el Gobierno Central de modo que no superen los del maestro o el policía, no porque estos sean inferiores, sino porque con esas nóminas viven estos dos estamentos dignísimos, que velan por nuestra educación y seguridad, cuestiones, sin duda, mucho más transcendentes. Ellos sí que merecen, por su calidad e importancia social, y deben disfrutar de demasías.
Si permanece el silencio, si callamos, esto será el suma y sigue.
Camilo Valverde Mudarra
La corrupción se instala, la vulneración de la ley recorre el campo y los escándalos florecen sin escrúpulo en componendas y especulación urbanística. Parece que aún quedan por aflorar entre las aguas fangosas otros consistorios más con sus mociones de censura, con las licencias y apaños, con sus tránsfugas aprovechados que, montados a lomos de su ambición, embadurnan de pestilencia la democracia española; vendrán a la luz esos ríos ocultos del banqueo de capitales procedentes de sucios negocios; llegarán nuevos delitos de malversación, más cohecho y más tráfico de influencias.
El asombro de la ciudadanía, que no llega a final de mes, que ha de mantener al hijo de treinta años aún en casa, que no puede soportar el peso de su hipoteca, es descomunal, cando ve a los políticos fijarse sus sueldos y sueldecetes, instalados en las poltronas y abriéndose paso en la oligarquía de los partidos políticos, para alcanzar un puestecito de provecho; no menos escandaloso le resulta que los últimos gobiernos de la Nación y la Junta de Andalucía hayan dormido en el silencio y a oídos cerrados sin enterarse de tamaña marea en la corporación local. La gente ya no se fía, ni admite excusas.
La Ley de Régimen Local pide su perentoria reforma y reescritura, para eso está el Parlamento. Toda Ley que deje resquicio al desfalco es absolutamente necesario rehacerla.
No se puede permitir que se use la política para enriquecerse; no es la maquinaria de los partidos la que ha de imponer los candidatos a elegir; no se toleran los acuerdos y arreglos postelectorales, es la mayoría la que ha de gobernar, aunque haya que ir a la segunda vuelta. Los sueldos consistoriales y autonómicos ha de fijarlos el Gobierno Central de modo que no superen los del maestro o el policía, no porque estos sean inferiores, sino porque con esas nóminas viven estos dos estamentos dignísimos, que velan por nuestra educación y seguridad, cuestiones, sin duda, mucho más transcendentes. Ellos sí que merecen, por su calidad e importancia social, y deben disfrutar de demasías.
Si permanece el silencio, si callamos, esto será el suma y sigue.
Camilo Valverde Mudarra