La vida en sociedad requiere un ordenamiento jurídico, que regule la convivencia y resuelva la financiación de los servicios estatales. Los sistemas constitucionales vienen a satisfacer el reconocimiento de los derechos ciudadanos. El Estado debe estar al servicio del ciudadano, amparado en un “corpus” legal, que establece la vida nacional.
La democracia es un sistema político, en que el pueblo ejerce su soberanía a través de un mandato de representación; es la llamada democracia representativa mediante los partidos políticos. La democracia española se sustenta en los partidos políticos; son ellos los que, directa e indirectamente, nombran y quitan los miembros del Ejecutivo de la Nación, de las Comunidades Autónomas, del gobierno de los jueces, los magistrados del Constitucional, los componentes del Consejo del Banco de España, de la CNMV, de la Comisión de la Energía, del Tabaco, de Defensa de la Competencia, de Radio Televisión Española y las cadenas autonómicas, de las Cajas de Ahorro… Todo esto supone un inmenso poder acumulado desde la instauración de la democracia, de modo que los partidos merman la soberanía popular y maniobran a su arbitrio, lo que favorece la corrupción. Es preciso decir que la fuente última de ese poder, es decir, la estructura del partido político, aquí, no es democrática, contra lo que manda la Constitución: “Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos” (Constitución Española, artículo 6).
Los partidos, pues, no son democráticos, su “estructura interna y funcionamiento democrático” se definen por la participación y por la elección libre, como propugna nuestra Carta Magna en su artículo 23: “Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal”. Fácilmente, se puede comparar el espíritu de estas leyes con la realidad de los partidos políticos, incluidos sus estatutos y se comprobará que la realidad corrobora nuestra afirmación.
El Estado no puede seguir financiando a los partidos políticos, igual que debe cortar esa cantidad enorme de subvenciones a sindicatos, asociaciones, naciones y entidades extrañas que sangran las arcas del erario. Es ya hora y es esta, en que la tediosa desidia de la sociedad española se disipe como la neblina invernal, que, en su extenso letargo, llega a soslayar y silenciar como corrientes y normales, hechos antidemocráticos, adversos y dañinos para España. La sociedad civil ha de calibrar que tendrá que hacer algo, que con sus silencios España no tendrá más democracia; callando, no sale de la crisis, no se crean empresas ni confianza ni empleo; así no se cierra la crisis ni se va a ver la luz.
C. Mudarra
La democracia es un sistema político, en que el pueblo ejerce su soberanía a través de un mandato de representación; es la llamada democracia representativa mediante los partidos políticos. La democracia española se sustenta en los partidos políticos; son ellos los que, directa e indirectamente, nombran y quitan los miembros del Ejecutivo de la Nación, de las Comunidades Autónomas, del gobierno de los jueces, los magistrados del Constitucional, los componentes del Consejo del Banco de España, de la CNMV, de la Comisión de la Energía, del Tabaco, de Defensa de la Competencia, de Radio Televisión Española y las cadenas autonómicas, de las Cajas de Ahorro… Todo esto supone un inmenso poder acumulado desde la instauración de la democracia, de modo que los partidos merman la soberanía popular y maniobran a su arbitrio, lo que favorece la corrupción. Es preciso decir que la fuente última de ese poder, es decir, la estructura del partido político, aquí, no es democrática, contra lo que manda la Constitución: “Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos” (Constitución Española, artículo 6).
Los partidos, pues, no son democráticos, su “estructura interna y funcionamiento democrático” se definen por la participación y por la elección libre, como propugna nuestra Carta Magna en su artículo 23: “Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal”. Fácilmente, se puede comparar el espíritu de estas leyes con la realidad de los partidos políticos, incluidos sus estatutos y se comprobará que la realidad corrobora nuestra afirmación.
El Estado no puede seguir financiando a los partidos políticos, igual que debe cortar esa cantidad enorme de subvenciones a sindicatos, asociaciones, naciones y entidades extrañas que sangran las arcas del erario. Es ya hora y es esta, en que la tediosa desidia de la sociedad española se disipe como la neblina invernal, que, en su extenso letargo, llega a soslayar y silenciar como corrientes y normales, hechos antidemocráticos, adversos y dañinos para España. La sociedad civil ha de calibrar que tendrá que hacer algo, que con sus silencios España no tendrá más democracia; callando, no sale de la crisis, no se crean empresas ni confianza ni empleo; así no se cierra la crisis ni se va a ver la luz.
C. Mudarra