Desde el primer momento, tras la muerte de Franco, comenzó a cabalgar la degeneración ética y política, enfermedad que hoy ya ha invadido casi todos los tejidos institucionales y políticos de forma, que va a ser muy difícil de sanear. Se han de regenerar las formas de hacer política y recuperar las propuestas contra la corrupción aprobadas el 20 de febrero; acudir a la responsabilidad jurídica y judicial será insuficiente, precisamente, porque priman los intereses partidistas y ellos son al mismo tiempo jueces y parte, aunque las proporciones de responsabilidad no sean equivalentes en todos los casos; la consecuencia, al fin, es la impunidad jurídico-judicial. No hay que olvidar ciertamente, que en todo Estado de Derecho el marco jurídico es imprescindible. Bien es verdad que, en el vuelco de siglo, la mentalidad y las circunstancias sociales en que se desarrolla la actividad política, han venido a ser muy distintas. La regeneración exige el imperio de los códigos deontológicos para regular los excesos de los partidos y sus representantes.
Esta gama de políticos, muchos de los cuales no han conocido nunca más carrera y trabajo, que los cargos y poltronas, que les proporciona esa casta política montada por ellos mismos y, por ello, se han convertido en la gran rémora del país; ese status de casta les ha brindado la posibilidad de hacer y deshacer, potestad de que les dotó el tinglado de los reinos de taifas, que les capacita, para mangonear las cajas del Estado, nombrar empleados públicos, crear empresas, controlar el sistema financiero y, a su vez, la administración de justicia, para tenerla sometida y constituirse por el aforamiento en una clase privilegiada; creó una vasta red de medios de comunicación, para moldear al pueblo, especialmente a los sectores menos cultos; el nuevo régimen les permitió gastar y derrochar a gusto y sin control, quedaban libres de rendir cuentas y se sintieron reyezuelos para repartir favores y subvenciones; se dieron y se dan los vicios y corruptelas en medio de la lentitud indefinida en la resolución de conflictos, aunque produzcan constante alarma social. Esta situación se constata ya por las afirmaciones de los máximos representantes judiciales, que llaman la atención de la tardanza de años, para concluir procesos judiciales en los que están implicados múltiples imputados por corrupción.
A la vista de esta degeneración del panorama político, se requieren nuevos cauces jurídicos más adecuados; según los determinados matices actuales de la corrupción política, es preciso empezar por crear y erigir las leyes sobre los partidos políticos: Una ley que regule la organización transparente y la democracia interna y otra su financiación; y, en tercer lugar, es imprescindible, reformar la ley electoral, para eliminar los defectos de la actual, imprimirle agilidad y eliminar las componendas postelectorales. Pero, superar la complejidad de la situación actual y salir de los esquemas mentales clásicos, no reside en el aumento de las normas jurídicas, como única solución limitada al campo del Derecho; en la sociedad, el Derecho no deja de ser cláusula imprescindible para la democracia, pero no la única, pues no es la ley la que regula la conducta de los individuos en cuanto a sus buenas o malas prácticas políticas; con mucha frecuencia, se observa que los amarrados a las marañas de la corrupción política o sus abogados, alegres van y alegan que sus actuaciones han sido legales, aunque puedan no estar muy dentro las vías éticas; tratan de eludir así la correspondiente figura de responsabilidad penal, y, al tiempo, ir dejando en la nebulosa los efectos consecuentes de su inconsistencia ética.
Ante el descalabro ético e institucional, la lacerante crisis económica y política, el rechazo español de sus organismos y representantes, el tinglado autonómico y su cuadruplicada administración, la desolación escolar y universitaria con el fracaso de varias generaciones de niños y jóvenes, podemos afirmar que lo entablado por la Transición ha abocado a este desbarajuste político con el gasto, el derroche descomunal y la corrupción generalizados y que tiene a gran parte del pueblo herido y empobrecido.
C. Mudarra
Esta gama de políticos, muchos de los cuales no han conocido nunca más carrera y trabajo, que los cargos y poltronas, que les proporciona esa casta política montada por ellos mismos y, por ello, se han convertido en la gran rémora del país; ese status de casta les ha brindado la posibilidad de hacer y deshacer, potestad de que les dotó el tinglado de los reinos de taifas, que les capacita, para mangonear las cajas del Estado, nombrar empleados públicos, crear empresas, controlar el sistema financiero y, a su vez, la administración de justicia, para tenerla sometida y constituirse por el aforamiento en una clase privilegiada; creó una vasta red de medios de comunicación, para moldear al pueblo, especialmente a los sectores menos cultos; el nuevo régimen les permitió gastar y derrochar a gusto y sin control, quedaban libres de rendir cuentas y se sintieron reyezuelos para repartir favores y subvenciones; se dieron y se dan los vicios y corruptelas en medio de la lentitud indefinida en la resolución de conflictos, aunque produzcan constante alarma social. Esta situación se constata ya por las afirmaciones de los máximos representantes judiciales, que llaman la atención de la tardanza de años, para concluir procesos judiciales en los que están implicados múltiples imputados por corrupción.
A la vista de esta degeneración del panorama político, se requieren nuevos cauces jurídicos más adecuados; según los determinados matices actuales de la corrupción política, es preciso empezar por crear y erigir las leyes sobre los partidos políticos: Una ley que regule la organización transparente y la democracia interna y otra su financiación; y, en tercer lugar, es imprescindible, reformar la ley electoral, para eliminar los defectos de la actual, imprimirle agilidad y eliminar las componendas postelectorales. Pero, superar la complejidad de la situación actual y salir de los esquemas mentales clásicos, no reside en el aumento de las normas jurídicas, como única solución limitada al campo del Derecho; en la sociedad, el Derecho no deja de ser cláusula imprescindible para la democracia, pero no la única, pues no es la ley la que regula la conducta de los individuos en cuanto a sus buenas o malas prácticas políticas; con mucha frecuencia, se observa que los amarrados a las marañas de la corrupción política o sus abogados, alegres van y alegan que sus actuaciones han sido legales, aunque puedan no estar muy dentro las vías éticas; tratan de eludir así la correspondiente figura de responsabilidad penal, y, al tiempo, ir dejando en la nebulosa los efectos consecuentes de su inconsistencia ética.
Ante el descalabro ético e institucional, la lacerante crisis económica y política, el rechazo español de sus organismos y representantes, el tinglado autonómico y su cuadruplicada administración, la desolación escolar y universitaria con el fracaso de varias generaciones de niños y jóvenes, podemos afirmar que lo entablado por la Transición ha abocado a este desbarajuste político con el gasto, el derroche descomunal y la corrupción generalizados y que tiene a gran parte del pueblo herido y empobrecido.
C. Mudarra