El acuerdo de investidura firmado por PSOE y JUNTS supone la transformación de un sistema constitucional en un modelo autoritario que anula el control del poder judicial sobre el poder político.
Vulnera el principio de igualdad de los ciudadanos y atenta contra la seguridad jurídica.
Es el fruto de los siete votos que modificaran nuestro modelo democrático hacia una peligrosa deriva autoritaria.
Este acuerdo no resuelve el conflicto porque el Gobierno se posiciona, como ya hizo con los indultos con un 50% de la sociedad catalana. Colabora en su apoyo al conflicto y a la polarización de la sociedad en esta Comunidad, donde los que vulneraron la Constitución salen fortalecidos frente a los ciudadanos respetuosos con el ordenamiento jurídico.
Alude y se remonta al Estatut de Cataluña de 2010 que fue declarado inconstitucional por el alto tribunal. Por tanto, anula la efectividad del Tribunal como garante de la Constitución, así como deja sin efecto la Sentencia del Procés dimanante de un juicio seguido con todas las garantías procesales y del que fueron testigos cientos de medios de comunicación acreditados.
La cesión del 100% de los tributos vulnera el principio de solidaridad proclamado en diversos preceptos de la Constitución. Así como estimula posibles reivindicaciones de otras Comunidades Autónomas que devendrían igualmente legítimas. Ley de amnistía tendrá efectos a los hechos previos al 2014 (fecha de la primera consulta ilegal).
Se acuerda la apertura de comisiones de investigación para indagar en posibles responsabilidades y modificaciones legislativas fruto de las actuaciones judiciales. (Se amenaza implícitamente al Poder Judicial). Se exige una mayor presencia de Cataluña como actor destacado en instituciones europeas y organizaciones internacionales. El estado cede a cambio de 7 votos. Nunca antes se vio mayor humillación.
Victoria Rodríguez Blanco
Jurista y Politóloga
Vulnera el principio de igualdad de los ciudadanos y atenta contra la seguridad jurídica.
Es el fruto de los siete votos que modificaran nuestro modelo democrático hacia una peligrosa deriva autoritaria.
Este acuerdo no resuelve el conflicto porque el Gobierno se posiciona, como ya hizo con los indultos con un 50% de la sociedad catalana. Colabora en su apoyo al conflicto y a la polarización de la sociedad en esta Comunidad, donde los que vulneraron la Constitución salen fortalecidos frente a los ciudadanos respetuosos con el ordenamiento jurídico.
Alude y se remonta al Estatut de Cataluña de 2010 que fue declarado inconstitucional por el alto tribunal. Por tanto, anula la efectividad del Tribunal como garante de la Constitución, así como deja sin efecto la Sentencia del Procés dimanante de un juicio seguido con todas las garantías procesales y del que fueron testigos cientos de medios de comunicación acreditados.
La cesión del 100% de los tributos vulnera el principio de solidaridad proclamado en diversos preceptos de la Constitución. Así como estimula posibles reivindicaciones de otras Comunidades Autónomas que devendrían igualmente legítimas. Ley de amnistía tendrá efectos a los hechos previos al 2014 (fecha de la primera consulta ilegal).
Se acuerda la apertura de comisiones de investigación para indagar en posibles responsabilidades y modificaciones legislativas fruto de las actuaciones judiciales. (Se amenaza implícitamente al Poder Judicial). Se exige una mayor presencia de Cataluña como actor destacado en instituciones europeas y organizaciones internacionales. El estado cede a cambio de 7 votos. Nunca antes se vio mayor humillación.
Victoria Rodríguez Blanco
Jurista y Politóloga