La maltrecha Justicia española, hoy en crisis e incapaz de merecer la confianza de los ciudadanos españoles, actuó en el pasado contra las dictaduras de Argentina, Guatemala y Chile, respondiendo a denuncias interpuestas por perseguidos y víctimas políticas. La gran pregunta que se hacen muchos españoles es si también actuará ahora contra Fidel Castro o, como muchos sospechan, permanecerá al margen porque las dictaduras "de izquierdas" son consideradas "diferentes" por el actual gobierno de Zapatero y están "blindadas" para la Justicia española.
El Comité de Ayuda a la Disidencia (CAD) 2506 interpuso en el pasado una querella contra Fidel Castro ante la Audiencia Nacional por las violaciones de los derechos humanos en Cuba, de manera análoga a como se actuó en otros casos relacionados con el gobierno militar en Argentina, Guatemala o el famoso caso Pinochet, contra los que la Justicia actuó.
La Sala de lo Penal rechazó la querella alegando la inmunidad de Fidel Castro como jefe de Estado, privilegio que ha perdido tras su dimisión, y que abre la posibilidad del procesamiento del dictador en España, como sucedió con Pinochet.
Esta plataforma anticastrista ha recurrido ante el Tribunal Constitucional la decisión de archivar el caso y confía ahora que se tenga en cuenta la nueva situación de Cuba. Sin embargo, temen que la lentitud tradicional del Tribunal Constitucional impida el proceso porque Fidel, probablemente, morirá antes de que se produzca una sentencia.
También queda abierta la posibilidad de interponer una nueva querella contra el dictador ante la Audiencia Nacional, donde ya no podrán acogerse al hecho de que Castro, aunque hubiera delegado sus funciones en su hermano Raúl, seguía siendo Jefe de Estado.
La querella del CAD 2506 se fundamenta en la represión desatada desde que Castro llegó al poder, el 8 de enero de 1959. Entonces comenzó “todo un mecanismo de represión de los derechos fundamentales y libertades públicas”, mediante “la implantación de un terror revolucionario” a cuyo servicio se pusieron varios organismos, como el Departamento de Seguridad del Estado, llamado la ‘Gestapo Roja’, el Ministerio del Interior, la Dirección General de Inteligencia y la Unidad Militar de Ayuda a la Producción, entre otros.
El escrito describe el sistema de encarcelamiento del régimen y las principales cárceles del país. Así, pone varios ejemplos de maltrato a presos políticos como el sucedido en la prisión de Boniato donde “para no ser violados por los presos comunes instigados por el régimen, los políticos se embadurnan con excrementos”.
Narra como desde 1959 más de medio millón de cubanos han pasado por los campos y centros de represión de Cuba. Se mencionan formas de tortura típicas de los regímenes soviéticos, como la de privación del descanso y el sueño, alterar las horas de las comidas, propagar en los cuerpos de los reclusos insectos como chinches, pulgas o ladillas o obligar a los presos a desnudarse y formar filas en las que deben juntar sus cuerpos hasta provocar el contacto de las partes genitales. Otro apartado de la demanda interpuesta es el de fusilamientos, cifrados entre 15.000 y 17.000 durante la dictadura castrista. Se comparan las muertes políticas en Cuba con las que según Amnistía Internacional produjo el régimen de Pinochet , responsable de poco más de 2.000 muertes.
La querella acusa también a Castro y al ex ministro de Turismo Osmani Cienfuegos, de la muerte de 9 miembros de la Brigada 2506, el 20 abril de 1961. Un total de 149 personas –entre las que se encontraban los fallecidos– fueron obligadas a subir a un camión de aluminio con forro interior de madera previsto para el transporte de mercancías, que no contaba con orificios de respiración.
El vehículo viajó 11 horas hasta llegar a su destino. “Durante todo el tiempo que duró el trayecto los prisioneros no dejaban de suplicar que se abrieran las puertas y se les permitiera respirar”, indica el escrito. A la llegada se comprobó que nueve de los prisioneros habían fallecido.
El Comité de Ayuda a la Disidencia (CAD) 2506 interpuso en el pasado una querella contra Fidel Castro ante la Audiencia Nacional por las violaciones de los derechos humanos en Cuba, de manera análoga a como se actuó en otros casos relacionados con el gobierno militar en Argentina, Guatemala o el famoso caso Pinochet, contra los que la Justicia actuó.
La Sala de lo Penal rechazó la querella alegando la inmunidad de Fidel Castro como jefe de Estado, privilegio que ha perdido tras su dimisión, y que abre la posibilidad del procesamiento del dictador en España, como sucedió con Pinochet.
Esta plataforma anticastrista ha recurrido ante el Tribunal Constitucional la decisión de archivar el caso y confía ahora que se tenga en cuenta la nueva situación de Cuba. Sin embargo, temen que la lentitud tradicional del Tribunal Constitucional impida el proceso porque Fidel, probablemente, morirá antes de que se produzca una sentencia.
También queda abierta la posibilidad de interponer una nueva querella contra el dictador ante la Audiencia Nacional, donde ya no podrán acogerse al hecho de que Castro, aunque hubiera delegado sus funciones en su hermano Raúl, seguía siendo Jefe de Estado.
La querella del CAD 2506 se fundamenta en la represión desatada desde que Castro llegó al poder, el 8 de enero de 1959. Entonces comenzó “todo un mecanismo de represión de los derechos fundamentales y libertades públicas”, mediante “la implantación de un terror revolucionario” a cuyo servicio se pusieron varios organismos, como el Departamento de Seguridad del Estado, llamado la ‘Gestapo Roja’, el Ministerio del Interior, la Dirección General de Inteligencia y la Unidad Militar de Ayuda a la Producción, entre otros.
El escrito describe el sistema de encarcelamiento del régimen y las principales cárceles del país. Así, pone varios ejemplos de maltrato a presos políticos como el sucedido en la prisión de Boniato donde “para no ser violados por los presos comunes instigados por el régimen, los políticos se embadurnan con excrementos”.
Narra como desde 1959 más de medio millón de cubanos han pasado por los campos y centros de represión de Cuba. Se mencionan formas de tortura típicas de los regímenes soviéticos, como la de privación del descanso y el sueño, alterar las horas de las comidas, propagar en los cuerpos de los reclusos insectos como chinches, pulgas o ladillas o obligar a los presos a desnudarse y formar filas en las que deben juntar sus cuerpos hasta provocar el contacto de las partes genitales. Otro apartado de la demanda interpuesta es el de fusilamientos, cifrados entre 15.000 y 17.000 durante la dictadura castrista. Se comparan las muertes políticas en Cuba con las que según Amnistía Internacional produjo el régimen de Pinochet , responsable de poco más de 2.000 muertes.
La querella acusa también a Castro y al ex ministro de Turismo Osmani Cienfuegos, de la muerte de 9 miembros de la Brigada 2506, el 20 abril de 1961. Un total de 149 personas –entre las que se encontraban los fallecidos– fueron obligadas a subir a un camión de aluminio con forro interior de madera previsto para el transporte de mercancías, que no contaba con orificios de respiración.
El vehículo viajó 11 horas hasta llegar a su destino. “Durante todo el tiempo que duró el trayecto los prisioneros no dejaban de suplicar que se abrieran las puertas y se les permitiera respirar”, indica el escrito. A la llegada se comprobó que nueve de los prisioneros habían fallecido.
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