Si el actual ministro de Justicia, señor Bermejo, o la de Fomento, señora Magdalena Álvarez, por citar solo a dos, en lugar de trabajar para el Estado español, dominado por un partido político, el PSOE, trabajaran para una empresa privada, obligada a depender se su eficacia para sobrevivir, habrían sido expulsados por ineptos hace muchos meses. En cambio, al trabajar para un Estado que está bajo control del partido que ha ganado las elecciones, no sólo no pagan por sus errores, sino que, además, el líder de su partido, el señor Zapatero, haciendo gala de una arrogancia inadmisible en democracia, les renueva la confianza y les mantiene en el cargo.
Los casos de Bermejo y de Magdalena no son los únicos en la podrida democracia española, sino uno de los miles de ejemplos deprimentes que jalonan el funcionamiento de nuestro sistema, donde los políticos nunca dimiten, ni pagan por sus errores y fracasos.
La clase política española es toda ella un hiriente fracaso. En un tiempo record han logrado lo que parecía imposible: desprestigiar la política, desfondar la democracia y empeorar la convivencia. ¿Quién da más?
El caso de la niña Mariluz, asesinada por un pedófilo en libertad que debería haber estado entre rejas, sobre el que pesaban condenas reiteradas por delitos tan atroces como el haber abusado sexualmente de su propia hija, ha puesto de relieve el estado calamitoso de la Justicia en España, infectada de parálisis, parcialidad, arbitrariedad, ineficacia, desigualdad y muchos más vicios.
Pero lo que realmente ha puesto de relieve el caso de la niña Mariluz no es sólo el pésimo funcionamiento de la Justicia en España, sino que los verdaderos culpables del drama son los políticos, que llevan décadas empeñados en politizar y controlar una Justicia que, en democracia, debe ser independiente e impoluta.
Sancionaron levemente al juez Tirado, responsable del fallo en el caso de la niña asesinada por el pedófilo, y otra sanción, esta más fuerte, a la secretaria judicial, pero no se sanciona a los verdaderos culpables, a los dos partidos políticos que han gobernado España desde la reinstauración de la democracia convirtiendo a la Justicia en la cenicienta del sistema, ignorando en muchos casos la Constitución, dinamitando la independencia del poder judicial y construyendo, desde esos todopoderosos partidos políticos que ya no sirven a los intereses generales sino a los de sus propias élites dirigentes, una Justicia lenta, ineficiente y a veces parcial que, en lugar de pacificar y generar confianza en la ciudadanía, siembra inquietud y desasosiego por doquier.
Pero ningún político pagará por el desastre, ni aquel "gracioso" sevillano Alfonso Guerra que en los años ochenta hizo un macabro chiste de la "muerte de Montesquieu", ni los numerosos dirigentes insensatos que, desde hace años y desde todos los grandes partidos con representación parlamentaria, se han dedicado a repartirse el control del Poder Judicial, castrándolo y prostituyéndolo, a pesar de que siempre han sabido que, sin una Justicia independiente, la democracia es sólo una gran mentira.
En cualquier país decente del mundo desarrollado, la situación actual de la Justicia en España habría obligado a dimitir no sólo a su titular, el señor Bermejo, sino también al gobierno en pleno.
Pero en España, un país cuya democracia ha sido cuidadosamente asesinada por los partidos políticos en las últimas dos décadas, los políticos pueden ser, sin recibir sanción alguna, ineficientes, arrogantes y arbitrarios.
Los casos de Bermejo y de Magdalena no son los únicos en la podrida democracia española, sino uno de los miles de ejemplos deprimentes que jalonan el funcionamiento de nuestro sistema, donde los políticos nunca dimiten, ni pagan por sus errores y fracasos.
La clase política española es toda ella un hiriente fracaso. En un tiempo record han logrado lo que parecía imposible: desprestigiar la política, desfondar la democracia y empeorar la convivencia. ¿Quién da más?
El caso de la niña Mariluz, asesinada por un pedófilo en libertad que debería haber estado entre rejas, sobre el que pesaban condenas reiteradas por delitos tan atroces como el haber abusado sexualmente de su propia hija, ha puesto de relieve el estado calamitoso de la Justicia en España, infectada de parálisis, parcialidad, arbitrariedad, ineficacia, desigualdad y muchos más vicios.
Pero lo que realmente ha puesto de relieve el caso de la niña Mariluz no es sólo el pésimo funcionamiento de la Justicia en España, sino que los verdaderos culpables del drama son los políticos, que llevan décadas empeñados en politizar y controlar una Justicia que, en democracia, debe ser independiente e impoluta.
Sancionaron levemente al juez Tirado, responsable del fallo en el caso de la niña asesinada por el pedófilo, y otra sanción, esta más fuerte, a la secretaria judicial, pero no se sanciona a los verdaderos culpables, a los dos partidos políticos que han gobernado España desde la reinstauración de la democracia convirtiendo a la Justicia en la cenicienta del sistema, ignorando en muchos casos la Constitución, dinamitando la independencia del poder judicial y construyendo, desde esos todopoderosos partidos políticos que ya no sirven a los intereses generales sino a los de sus propias élites dirigentes, una Justicia lenta, ineficiente y a veces parcial que, en lugar de pacificar y generar confianza en la ciudadanía, siembra inquietud y desasosiego por doquier.
Pero ningún político pagará por el desastre, ni aquel "gracioso" sevillano Alfonso Guerra que en los años ochenta hizo un macabro chiste de la "muerte de Montesquieu", ni los numerosos dirigentes insensatos que, desde hace años y desde todos los grandes partidos con representación parlamentaria, se han dedicado a repartirse el control del Poder Judicial, castrándolo y prostituyéndolo, a pesar de que siempre han sabido que, sin una Justicia independiente, la democracia es sólo una gran mentira.
En cualquier país decente del mundo desarrollado, la situación actual de la Justicia en España habría obligado a dimitir no sólo a su titular, el señor Bermejo, sino también al gobierno en pleno.
Pero en España, un país cuya democracia ha sido cuidadosamente asesinada por los partidos políticos en las últimas dos décadas, los políticos pueden ser, sin recibir sanción alguna, ineficientes, arrogantes y arbitrarios.