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El Estado español necesita someterse a dieta y adelgazar con urgencia, no sólo porque el Español es uno de los estados más obesos e irracionales del planeta, sino porque en tiempos de crisis no hay dinero para alimentar al monstruo. La idea de privatizar Telemadrid, lanzada por el PP madrileño, bien acogida por la sociedad, ha suscitado una reacción feroz de los socialistas, que temen que el buen ejemplo cunda y tengan que prescindir de un instrumento de adoctrinamiento y dominio tan eficaz como las televisiones autonómicas, a pesar de que son pozos sin fondo por los que se escapa la riqueza de España.
Nuestra idea para la crisis es que se privaticen las televisiones públicas, no sólo porque representan un gasto insoportable y superfluo que sólo beneficia a los políticos, sino porque en realidad esas televisiones incumplen su cometido como televisiones del Estado, sin garantizar mayor calidad en los programas o una información más veraz y de interés cívico. En realidad, las televisiones autonómicas españolas son sólo juguetes del poder, juguetes caros donde colocar a los amigos, comprar periodistas, emplear a intelectuales vendidos, adoctrinar y someter al pueblo.
Para Andalucía, líder del desempleo y la pobreza en España, privatizar Canal Sur sería una medida de profilaxis económico, político y moral. Canal Sur sólo sirve a los intereses del poder y sus aportaciones a la cultura andaluza son nulas, mientras que el apoyo a la cohesión del territorio, real, puede alcanzarse a un precio cien veces inferior a través de la contratación de espacios en cadenas privadas.
La consejera de Educación madrileña presentará en el próximo congreso regional de su partido una propuesta para privatizar Telemadrid "en cuanto la ley lo permita"; una alternativa que evitaría el despilfarro de las arcas públicas y eliminaría el debate por el "intervencionismo" de algunos gobiernos autonómicos.
En estos momentos de crisis comienza a imperar el sentido común y los ciudadanos comenzamos a plantearnos dónde se va nuestro dinero, descubriendo que buena parte de éste se está tirando al pozo sin fondo de los canales públicos de televisión, auténticas cajas políticas destinadas a premiar a los amigos del poder y castigar a quienes no comulgan con la línea del cacique de turno.
La privatización de canales como Telemadrid, Canal Sur, ETB, TVG o TV3 supondría un ahorro de miles de millones de euros que se podrían destinar a reactivar la economía o a políticas sociales realmente necesarias. No es comprensible que Cataluña, por ejemplo, disponga de tres canales distintos autonómicos que han provocado diversas polémicas por la sumisión que demuestran a la Generalitat.
No es arriesgado afirmar que los canales autonómicos en España son ínstrumentos de control y de dominio que practican la competencia desleal con las demás televisiones privadas y que únicamente sirven al poder político. Esas televisiones despilfarradoras y en nada parecidas a un servicio público son, por el momento legales, aunque ilícitas y moral y políticamente indeseables.
Nuestra idea para la crisis es que se privaticen las televisiones públicas, no sólo porque representan un gasto insoportable y superfluo que sólo beneficia a los políticos, sino porque en realidad esas televisiones incumplen su cometido como televisiones del Estado, sin garantizar mayor calidad en los programas o una información más veraz y de interés cívico. En realidad, las televisiones autonómicas españolas son sólo juguetes del poder, juguetes caros donde colocar a los amigos, comprar periodistas, emplear a intelectuales vendidos, adoctrinar y someter al pueblo.
Para Andalucía, líder del desempleo y la pobreza en España, privatizar Canal Sur sería una medida de profilaxis económico, político y moral. Canal Sur sólo sirve a los intereses del poder y sus aportaciones a la cultura andaluza son nulas, mientras que el apoyo a la cohesión del territorio, real, puede alcanzarse a un precio cien veces inferior a través de la contratación de espacios en cadenas privadas.
La consejera de Educación madrileña presentará en el próximo congreso regional de su partido una propuesta para privatizar Telemadrid "en cuanto la ley lo permita"; una alternativa que evitaría el despilfarro de las arcas públicas y eliminaría el debate por el "intervencionismo" de algunos gobiernos autonómicos.
En estos momentos de crisis comienza a imperar el sentido común y los ciudadanos comenzamos a plantearnos dónde se va nuestro dinero, descubriendo que buena parte de éste se está tirando al pozo sin fondo de los canales públicos de televisión, auténticas cajas políticas destinadas a premiar a los amigos del poder y castigar a quienes no comulgan con la línea del cacique de turno.
La privatización de canales como Telemadrid, Canal Sur, ETB, TVG o TV3 supondría un ahorro de miles de millones de euros que se podrían destinar a reactivar la economía o a políticas sociales realmente necesarias. No es comprensible que Cataluña, por ejemplo, disponga de tres canales distintos autonómicos que han provocado diversas polémicas por la sumisión que demuestran a la Generalitat.
No es arriesgado afirmar que los canales autonómicos en España son ínstrumentos de control y de dominio que practican la competencia desleal con las demás televisiones privadas y que únicamente sirven al poder político. Esas televisiones despilfarradoras y en nada parecidas a un servicio público son, por el momento legales, aunque ilícitas y moral y políticamente indeseables.
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