Hubo un tiempo en España, hace apenas tres décadas, que los ciudadanos pagaban con gusto a Hacienda sus tributos, creyendo que su dinero serviría para igualar la sociedad y para generar equidad y justicia. Pero aquellos tiempos han pasado a la historia y hoy los españoles, frustrados ante el abuso de poder y la corrupción que anida en los poderes públicos, solo pagamos por miedo a las sanciones, sin ninguna fe en que su dinero vaya a tener un fin honesto, con miedo a que sea robado por políticos delincuentes, empleado en financiar a los odiados partidos políticos o sindicatos, o, en el mejor de los casos, utilizado para construir aeropuertos y trenes innecesarios, obras faraónicas y ruinosas de políticos ególatras y despilfarradores.
La realidad fiscal de los españoles es injusta, desgarradora y cargada de oprobio. El ciudadano está obligado a pagar con sus impuestos la energía más cara de Europa, producida por ineficientes molinillos de aire y por paneles fotovoltaicos caros y poco productivos, todos ellos producto del capricho de unos políticos que, en vísperas de la crisis, apostaron, frívolamente, por las más costosas energías del planeta. Tiene que mantener, además, a uno de los Estados más gigantesco e irracionales de Europa y a la clase política más nutrida y parásita de Occidente, donde existen casi 100.000 cargos públicos y unos 400.000 amigos del poder colocados en el Estado y succionando sin parar las ubres públicas. Si a esa sangría se agregan el IRPF más alto de Europa, impuestos indirectos abrumadores, tasas municipales desproporcionadas y un largo etcétera injusto y brutal, que obliga a cada español en activo a trabajar más siete meses de cada doce para un gobierno que le mete las manos en la cartera sin misericordia y que le arrebata, contra su voluntad, siete de cada diez euros que gana, podemos concluir que, fiscalmente, el español vive peor que los campesinos y artesanos del medievo. Si, además, se agrega la financiación con impuestos de la gran corrupción, que ha hecho desaparecer muchos miles de millones de euros, robados por políticos sin escrúpulos y por amigos del poder, más la financiación, también con impuestos ciudadanos, de una masa de desempleados que ya supera con creces los cinco millones, el 23 por ciento de la población activa, podemos afirmar, sin duda, que la Hacienda pública, en España, es una enfermedad cancerosa y una inmensa fuente de injusticia y desigualdad, ya que, para colmo de males, los más ricos apenas pagan impuestos.
El mal estado de la economía española justifica el esfuerzo colectivo, pero no la injusticia en el reparto de ese esfuerzo. Desde hace demasiado tiempo, el mal gobierno, el abuso de poder y la injusticia impuesta por las castas políticas han convertido la Hacienda Pública española en una auténtica enfermedad cancerosa que infecta a toda la nación.
La realidad fiscal española es lamentable, peor, incluso, que el desastroso estado de la democracia. España paga mas impuestos que alemanes y noruegos, a pesar de que los ingresos españoles sean muy inferiores y que los servicios que el Estado presta a alemanes y noruegos sean de mucha mayor calidad. Proporcionalmente, España es una de los países mas esquilmados del mundo por su gobierno. Si a eso se agrega la injusticia y la corrupción reinantes en las esferas del poder, los españoles son los ciudadanos que pagan con mayor disgusto de toda Europa y con menos confianza en que sus impuestos sean utilizados para fines decentes y justos.
La situación es especialmente dramática después de la última subida de impuestos decretada por el gobierno de Mariano Rajoy, a pesar de que había prometido bajar los impuestos en su campaña electoral. El engaño ha caído como un jarro de agua fría sobre el electorado popular, que está dispuesto a hacer pagar la traición a la derecha en la primera cita con las urnas.
Lo curioso y desesperante es que los españoles no se niegan a pagar impuestos, sino todo lo contrario. El sentimiento de solidaridad está muy desarrollado en la sociedad española, como lo demuestran hechos tan evidentes como el crecimiento de las donaciones a Cáritas y a otras ONGs fiables en los últimos años, pero ya no están dispuestos a pagárselos a unos gobiernos que, en contra de la voluntad popular, mantiene sus cuantiosas subvenciones a los partidos políticos y sindicatos y que se niega a suprimer los privilegios ostentosos e inmerecidos de una clase política que, para colmo de males, ha demostrado su torpeza e ineficiencia hasta más allá de toda duda.
Los injustos y opresivos impuestos de Rajoy habrían sido aceptados por los españoles con gusto si antes se hubieran tomado medidas tan razonables y deseadas como la supresión de las cuantiosas ayudas públicas a partidos políticos y sindicatos, la supresión de empresas públicas e instituciones inútiles, creadas por los políticos para colocar a parientes y amigos y la privatización o cierre de las inútiles televisiones públicas autonómicas y locales, utilizadas por el poder político para esparcir propaganda, manipular y fortalecer su control y dominio sobre el ciudadano.
Hacienda ha sido convertida por los políticos en una institución rechazada y sin prestigio, tan devaluada como la misma clase política, los sindicatos y la patronal, todos considerados por el ciudadano como obstáculos que oscurecen la democracia e impiden el avance hacia la dignidad, la justicia y la decencia.
Incluso cuando estás muerto, Hacienda te saca el dinero, gracias a unos impuestos de sucesiones tan abusivos que, según muchos juristas, son alevosos, confiscatorios y antidemocráticos.
Los abusos de la Hacienda pública española están estimulando la evasión fiscal y convirtiendo a muchos españoles en pícaros dispuestos a utilizar cualquier truco, engaño o argucia legal para sustraerle dinero a un poder político que es considerado abusivo e injusto.
El gran error de Mariano Rajoy y su gobierno está siendo el de imponer sacrificios a los españoles antes de demostrar que el nuevo gobierno es honorable y decente. Tenía que haber suprimido antes privilegios sin sentido y gastos suntuosos e innecesarios, pero ha preferido avanzar por la senda de esquilmar a las clases medias. Mucha gente se siente explotada y maltratada por el poder, lo que le impulsa a acumular odio y rechazo hacia las clases dirigentes y las institiciones. Es esas circunstancias, la democracia es imposible en España porque es un sistema basado en la confianza y esa confianza ha desaparecido, tras ser suplantada, dia a día, por el desprecio y hasta por el odio a los polítcos, genuinos e incansables portadores de injusticia y abuso.
La realidad fiscal de los españoles es injusta, desgarradora y cargada de oprobio. El ciudadano está obligado a pagar con sus impuestos la energía más cara de Europa, producida por ineficientes molinillos de aire y por paneles fotovoltaicos caros y poco productivos, todos ellos producto del capricho de unos políticos que, en vísperas de la crisis, apostaron, frívolamente, por las más costosas energías del planeta. Tiene que mantener, además, a uno de los Estados más gigantesco e irracionales de Europa y a la clase política más nutrida y parásita de Occidente, donde existen casi 100.000 cargos públicos y unos 400.000 amigos del poder colocados en el Estado y succionando sin parar las ubres públicas. Si a esa sangría se agregan el IRPF más alto de Europa, impuestos indirectos abrumadores, tasas municipales desproporcionadas y un largo etcétera injusto y brutal, que obliga a cada español en activo a trabajar más siete meses de cada doce para un gobierno que le mete las manos en la cartera sin misericordia y que le arrebata, contra su voluntad, siete de cada diez euros que gana, podemos concluir que, fiscalmente, el español vive peor que los campesinos y artesanos del medievo. Si, además, se agrega la financiación con impuestos de la gran corrupción, que ha hecho desaparecer muchos miles de millones de euros, robados por políticos sin escrúpulos y por amigos del poder, más la financiación, también con impuestos ciudadanos, de una masa de desempleados que ya supera con creces los cinco millones, el 23 por ciento de la población activa, podemos afirmar, sin duda, que la Hacienda pública, en España, es una enfermedad cancerosa y una inmensa fuente de injusticia y desigualdad, ya que, para colmo de males, los más ricos apenas pagan impuestos.
El mal estado de la economía española justifica el esfuerzo colectivo, pero no la injusticia en el reparto de ese esfuerzo. Desde hace demasiado tiempo, el mal gobierno, el abuso de poder y la injusticia impuesta por las castas políticas han convertido la Hacienda Pública española en una auténtica enfermedad cancerosa que infecta a toda la nación.
La realidad fiscal española es lamentable, peor, incluso, que el desastroso estado de la democracia. España paga mas impuestos que alemanes y noruegos, a pesar de que los ingresos españoles sean muy inferiores y que los servicios que el Estado presta a alemanes y noruegos sean de mucha mayor calidad. Proporcionalmente, España es una de los países mas esquilmados del mundo por su gobierno. Si a eso se agrega la injusticia y la corrupción reinantes en las esferas del poder, los españoles son los ciudadanos que pagan con mayor disgusto de toda Europa y con menos confianza en que sus impuestos sean utilizados para fines decentes y justos.
La situación es especialmente dramática después de la última subida de impuestos decretada por el gobierno de Mariano Rajoy, a pesar de que había prometido bajar los impuestos en su campaña electoral. El engaño ha caído como un jarro de agua fría sobre el electorado popular, que está dispuesto a hacer pagar la traición a la derecha en la primera cita con las urnas.
Lo curioso y desesperante es que los españoles no se niegan a pagar impuestos, sino todo lo contrario. El sentimiento de solidaridad está muy desarrollado en la sociedad española, como lo demuestran hechos tan evidentes como el crecimiento de las donaciones a Cáritas y a otras ONGs fiables en los últimos años, pero ya no están dispuestos a pagárselos a unos gobiernos que, en contra de la voluntad popular, mantiene sus cuantiosas subvenciones a los partidos políticos y sindicatos y que se niega a suprimer los privilegios ostentosos e inmerecidos de una clase política que, para colmo de males, ha demostrado su torpeza e ineficiencia hasta más allá de toda duda.
Los injustos y opresivos impuestos de Rajoy habrían sido aceptados por los españoles con gusto si antes se hubieran tomado medidas tan razonables y deseadas como la supresión de las cuantiosas ayudas públicas a partidos políticos y sindicatos, la supresión de empresas públicas e instituciones inútiles, creadas por los políticos para colocar a parientes y amigos y la privatización o cierre de las inútiles televisiones públicas autonómicas y locales, utilizadas por el poder político para esparcir propaganda, manipular y fortalecer su control y dominio sobre el ciudadano.
Hacienda ha sido convertida por los políticos en una institución rechazada y sin prestigio, tan devaluada como la misma clase política, los sindicatos y la patronal, todos considerados por el ciudadano como obstáculos que oscurecen la democracia e impiden el avance hacia la dignidad, la justicia y la decencia.
Incluso cuando estás muerto, Hacienda te saca el dinero, gracias a unos impuestos de sucesiones tan abusivos que, según muchos juristas, son alevosos, confiscatorios y antidemocráticos.
Los abusos de la Hacienda pública española están estimulando la evasión fiscal y convirtiendo a muchos españoles en pícaros dispuestos a utilizar cualquier truco, engaño o argucia legal para sustraerle dinero a un poder político que es considerado abusivo e injusto.
El gran error de Mariano Rajoy y su gobierno está siendo el de imponer sacrificios a los españoles antes de demostrar que el nuevo gobierno es honorable y decente. Tenía que haber suprimido antes privilegios sin sentido y gastos suntuosos e innecesarios, pero ha preferido avanzar por la senda de esquilmar a las clases medias. Mucha gente se siente explotada y maltratada por el poder, lo que le impulsa a acumular odio y rechazo hacia las clases dirigentes y las institiciones. Es esas circunstancias, la democracia es imposible en España porque es un sistema basado en la confianza y esa confianza ha desaparecido, tras ser suplantada, dia a día, por el desprecio y hasta por el odio a los polítcos, genuinos e incansables portadores de injusticia y abuso.