La corrupción y el abuso de poder en la Junta de Andalucía no son ya sospechas compartidas por millones de andaluces, sino actos probados que están siendo juzgados por los tribunales y que ya han provocado las primeras dimisiones y destituciones. El prestigio y la legitimidad del gobierno andaluz han quedado profundamente manchados y deteriorados por estos hechos antidemocráticos y presuntamente delictivos.
Aunque la Junta de Andalucía ha cometido numerosos actos indignos y antidemocráticos probados, que dañan los intereses de los ciudadanos y violan la decencia, actos que ya están en vías de ser condenados por la Justicia, nadie ha visto u oido a los altos cargos del gobierno andaluz pedir perdón a los ciudadanos por esas corrupciones y rapiñas. El escándalo de los falsos EREs no es el único y ni siquiera el peor, pero si es todo un vergonzoso y execrable robo de dinero público a sus auténticos dueños, los ciudadanos, tan sucio que exige una urgente petición pública de perdón. Ese dinero, producto de los impuestos, del esfuerzo y de las privaciones de la sociedad, ha sido desviado ilegalmente, desde despachos del gobierno andaluz, hacia los bolsillos de altos cargos socialistas, militantes y amigos del poder. Lo ocurrido, además de constituir un acto vergonzoso, vergonzante y condenable en democracia, es tan grave y sucio que merece el desprecio de los ciudadanos y un castigo ejemplar.
Sin embargo, a pesar de toda esa gravedad, la Junta de Andalucía no ha pedido perdón a los ciudadanos. ¿Alguién ha escuchado a un representante del gobierno andaluz presentar públicamente excusas al pueblo o pedir perdón por los daños y la vergüenza causados?
No lo han hecho porque la soberbia y arrogancia de los políticos es insoportable y porque el poder, cuando se infecta de corrupción, ni siquiera es capaz de asumir sus errores y siempre se niega a reconocer sus miserias y defectos ante quienes realmente son sus empleadores y jefes, los ciudadanos, definidos por la filosofía política como los "soberanos" en democracia.
En otros lugares del mundo más democráticos y decentes, cualquier neglicencia del poder cien veces menos grave que las que ha cometido la Junta de Andalucía se salda inevitablemente con dimisiones y renuncias.
La Junta, además de violar las leyes más elementales de la decencia y de la honradez, ignora la esencia de la democracia. Las relaciones entre los ciudadanos y el poder político se basan en el principio de subsidiaridad del segundo respecto a los primeros. El principio de subsidiaridad expresa el caracter subordinado del representante al representado, del político al ciudadano. La democracia exige que el representante haga exactamente lo que le encomiendan los ciudadanos y en la medida en que subsista esa encomienda.
Al ni siquiera pedir perdón a quienes dicen representar, por haberles robado y esquilmado, la Junta exhibe un comportamiento deleznable, presuntamente delictivo y cien por cien contrario a la democracia, en la cual, la petición de perdón es lo mínimo exigible.
El gran problema de Andalucía (y también de España) es que los políticos se han adueñado del Estado, han expulsado al ciudadano de todo proceso de toma de decisiones e interpretan la representatividad de forma torticera y contraria a la Constitución, a la democracia y a la decencia. Se creen con el derecho a hacer lo que les venga en gana durante los años que dura su mandato, como si hubieran recibido un cheque en blanco de los electores, con los que ni siquiera se relacionan. Creen que les está permitido todo, desde cambiar las leyes básicas hasta implicar a su pueblo en una guerra impopular, sin ni siquiera tener en cuenta la opinión de los ciudadanos, que son en democracia los verdaderos amos y únicos legitimadores del sistema. Con una desfachatez que avergüenza a la sociedad, algunos de ellos se atreven a confesar la verdad de que su lealtad se le deben no a los ciudadanos que les eligen, sino a los líderes de sus partidos políticos, que son los que les han incluído en las listas.
La democracia en España es una basura, pero en Andalucía, después de tres largas décadas de poder socialista, es un pozo ciego donde la arrogancia de un poder desnortado y ya sin valores, ha postergado al ciudadano y lo ha reducido al rango de escoria.
Aunque la Junta de Andalucía ha cometido numerosos actos indignos y antidemocráticos probados, que dañan los intereses de los ciudadanos y violan la decencia, actos que ya están en vías de ser condenados por la Justicia, nadie ha visto u oido a los altos cargos del gobierno andaluz pedir perdón a los ciudadanos por esas corrupciones y rapiñas. El escándalo de los falsos EREs no es el único y ni siquiera el peor, pero si es todo un vergonzoso y execrable robo de dinero público a sus auténticos dueños, los ciudadanos, tan sucio que exige una urgente petición pública de perdón. Ese dinero, producto de los impuestos, del esfuerzo y de las privaciones de la sociedad, ha sido desviado ilegalmente, desde despachos del gobierno andaluz, hacia los bolsillos de altos cargos socialistas, militantes y amigos del poder. Lo ocurrido, además de constituir un acto vergonzoso, vergonzante y condenable en democracia, es tan grave y sucio que merece el desprecio de los ciudadanos y un castigo ejemplar.
Sin embargo, a pesar de toda esa gravedad, la Junta de Andalucía no ha pedido perdón a los ciudadanos. ¿Alguién ha escuchado a un representante del gobierno andaluz presentar públicamente excusas al pueblo o pedir perdón por los daños y la vergüenza causados?
No lo han hecho porque la soberbia y arrogancia de los políticos es insoportable y porque el poder, cuando se infecta de corrupción, ni siquiera es capaz de asumir sus errores y siempre se niega a reconocer sus miserias y defectos ante quienes realmente son sus empleadores y jefes, los ciudadanos, definidos por la filosofía política como los "soberanos" en democracia.
En otros lugares del mundo más democráticos y decentes, cualquier neglicencia del poder cien veces menos grave que las que ha cometido la Junta de Andalucía se salda inevitablemente con dimisiones y renuncias.
La Junta, además de violar las leyes más elementales de la decencia y de la honradez, ignora la esencia de la democracia. Las relaciones entre los ciudadanos y el poder político se basan en el principio de subsidiaridad del segundo respecto a los primeros. El principio de subsidiaridad expresa el caracter subordinado del representante al representado, del político al ciudadano. La democracia exige que el representante haga exactamente lo que le encomiendan los ciudadanos y en la medida en que subsista esa encomienda.
Al ni siquiera pedir perdón a quienes dicen representar, por haberles robado y esquilmado, la Junta exhibe un comportamiento deleznable, presuntamente delictivo y cien por cien contrario a la democracia, en la cual, la petición de perdón es lo mínimo exigible.
El gran problema de Andalucía (y también de España) es que los políticos se han adueñado del Estado, han expulsado al ciudadano de todo proceso de toma de decisiones e interpretan la representatividad de forma torticera y contraria a la Constitución, a la democracia y a la decencia. Se creen con el derecho a hacer lo que les venga en gana durante los años que dura su mandato, como si hubieran recibido un cheque en blanco de los electores, con los que ni siquiera se relacionan. Creen que les está permitido todo, desde cambiar las leyes básicas hasta implicar a su pueblo en una guerra impopular, sin ni siquiera tener en cuenta la opinión de los ciudadanos, que son en democracia los verdaderos amos y únicos legitimadores del sistema. Con una desfachatez que avergüenza a la sociedad, algunos de ellos se atreven a confesar la verdad de que su lealtad se le deben no a los ciudadanos que les eligen, sino a los líderes de sus partidos políticos, que son los que les han incluído en las listas.
La democracia en España es una basura, pero en Andalucía, después de tres largas décadas de poder socialista, es un pozo ciego donde la arrogancia de un poder desnortado y ya sin valores, ha postergado al ciudadano y lo ha reducido al rango de escoria.