Desde que en el año 1985 un drástico cambio legislativo atribuyó al Parlamento la elección de todos los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), máximo órgano de gobierno de los jueces, el poder político dominante ha ido ocupando de manera incesante el espacio constitucionalmente acotado al Poder Judicial provocando tal grado de politización y progresiva merma de su independencia que al día de hoy España ocupa en el ranking mundial (según el Word Economic Forum on Judicial Independence) el puesto numero 57, detrás incluso de países situados en la órbita del tercer mundo.
Un decadente proceso que hace tiempo rebasó los límites de lo democráticamente tolerable y en el que han participado todas las sucesivas mayorías políticas que se han alternado en el Gobierno durante estos lustros guiadas por su común afán de debilitar y reducir a la minima expresión ese contrapoder al que nuestra Constitución encomienda velar por la igualdad de todos en la aplicación de la Ley y por el efectivo respeto a los derechos fundamentales y libertades publicas en ella proclamados.
En Enero del 2010, para denunciar y poner freno a esta situación impropia de un Estado de Derecho y para que la opinión pública tomase plena conciencia de su gravedad, 1500 Jueces y Magistrados de todas las tendencias ideológicas y asociativas decidieron suscribir un extenso documento denominado “MANIFIESTO POR LA DESPOLITIZACIÓN Y LA INDEPENDENCIA JUDICIAL en el que, tras hacerse un análisis de este proceso de contaminación política y degradación de la independencia de la Justicia, se proponían 7 objetivos básicos que se consideraban indispensables para restituir al Poder judicial y a cada uno de sus depositarios la independencia y la dignidad exigidas no sólo por nuestra Constitución sino también por numerosos textos europeos e internacionales, el más reciente de los cuales es la Carta Magna de los Jueces Principios Fundamentales de 17-11-2010 adoptada por el Consejo Consultivo de Jueces Europeos del Consejo de Europa.
Pero esta firme denuncia cívica de los jueces no sólo ha sido ignorada por todas las instancias gubernamentales y fuerzas políticas parlamentarias (la ciudadanía apenas se ha enterado) sino que, peor aún, su reacción ha sido incrementar aún más la intensidad y celeridad del proceso de politización articulando múltiples iniciativas normativas encaminadas a hacerlo irreversible.
Guillermo Alonso de Armiño Erce
Hartos.org
Un decadente proceso que hace tiempo rebasó los límites de lo democráticamente tolerable y en el que han participado todas las sucesivas mayorías políticas que se han alternado en el Gobierno durante estos lustros guiadas por su común afán de debilitar y reducir a la minima expresión ese contrapoder al que nuestra Constitución encomienda velar por la igualdad de todos en la aplicación de la Ley y por el efectivo respeto a los derechos fundamentales y libertades publicas en ella proclamados.
En Enero del 2010, para denunciar y poner freno a esta situación impropia de un Estado de Derecho y para que la opinión pública tomase plena conciencia de su gravedad, 1500 Jueces y Magistrados de todas las tendencias ideológicas y asociativas decidieron suscribir un extenso documento denominado “MANIFIESTO POR LA DESPOLITIZACIÓN Y LA INDEPENDENCIA JUDICIAL en el que, tras hacerse un análisis de este proceso de contaminación política y degradación de la independencia de la Justicia, se proponían 7 objetivos básicos que se consideraban indispensables para restituir al Poder judicial y a cada uno de sus depositarios la independencia y la dignidad exigidas no sólo por nuestra Constitución sino también por numerosos textos europeos e internacionales, el más reciente de los cuales es la Carta Magna de los Jueces Principios Fundamentales de 17-11-2010 adoptada por el Consejo Consultivo de Jueces Europeos del Consejo de Europa.
Pero esta firme denuncia cívica de los jueces no sólo ha sido ignorada por todas las instancias gubernamentales y fuerzas políticas parlamentarias (la ciudadanía apenas se ha enterado) sino que, peor aún, su reacción ha sido incrementar aún más la intensidad y celeridad del proceso de politización articulando múltiples iniciativas normativas encaminadas a hacerlo irreversible.
Guillermo Alonso de Armiño Erce
Hartos.org