Una de las masivas manifestaciones en Andalucía contra el abuso socialista en el cobro de impuestos, en este caso el que roba las herencias
La Junta de Andalucía se ha enfrentado con el gobierno de Pedro Sánchez y con su perro dóberman fiscal, la andaluza Mará José Montero, ministra de Hacienda, al presentar un recurso contra el impuesto que ha creado el gobierno de Sánchez para neutralizar las rebajas fiscales andaluzas. El PSOE, acostumbrado al expolio fiscal, siente rabia cuando los gobiernos autonómicos realizan rebajas fiscales que dejan al descubierto la codicia y la afición al saqueo del gobierno socialista. Objetivamente, el impuesto del gobierno viola varios artículos de la Constitución.
Ese impuesto, llamado de las Grandes Fortunas, ha sido ideado para neutralizar la eliminación o la drástica rebaja del Impuesto de Patrimonio, un tributo manifiestamente anticonstitucional e injusto, que sólo el gobierno de Sánchez se atreve a cobrar entre los países que integran la Unión Europea.
El gobierno andaluz, presidido por Juanma Moreno, considera que es un impuesto creado contra Andalucía y que invade las competencias autonómicas. El recurso de la Junta recoge que el nuevo impuesto «constituye un ataque al orden constitucional de una gravedad extrema», por lo que pide el ejercicio de la suspensión cautelar.
El Gobierno andaluz se une así al de la Comunidad de Madrid, de Isabel Díaz Ayuso, que ya presentó el recurso a principios de mes por invasión de competencias autonómicas.
En la actualidad compiten dos concepciones de la fiscalidad, la de la izquierda, voraz, codiciosa e insaciable, que cobra a los ciudadanos los impuestos más altos de toda Europa, y la de la derecha, que quiere bajarlos porque cree que esa rebaja beneficia la economía atrayendo inversiones y creando empleo y riqueza.
Los socialistas andaluces no han aprendido la lección del pasado, que demostró que el rechazo popular al Impuesto de Sucesiones, el que legaliza el robo de las herencias por los políticos, defendido y aplicado con crueldad y abuso por el gobierno socialista de Susana Díaz, fue una de las principales causas de la derrota socialista en las pasada elecciones y de la pérdida de la Junta.
El gobierno de Juanma Moreno sí conoce el enorme peso que tiene la cuestión fiscal en la batalla electoral y está realizando importantes rebajas de impuestos, entre ellas de los dos más injustos, brutales e impopulares, que son el que permite el robo de herencias (Sucesiones) y el que hace pagar a los ciudadanos por sus ahorros, que ya tributaron en el pasado (Patrimonio), ambos declarados ilegales y abusivos en casi la totalidad de las democracias.
En su argumentación, el gobierno andaluz expone que se vulnera la Constitución, el Estatuto de Autonomía y la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, tras una actuación del Estado que «prescinde absolutamente del procedimiento y de las garantías» constitucionales para alterar un tributo cedido. El recurso argumenta que se crea «de manera artificiosa» un impuesto que coincide «en sus elementos esenciales» con el Impuesto de Patrimonio, por lo que «vuelve a ocupar un hecho imponible que ya tenía gravado»
En la Junta temen que, a pesar del apoyo popular y de la fortaleza de los argumentos jurídicos y pruebas de expolio y abuso presentados en el recurso al Tribunal Constitucional, la demanda andaluza sea rechazada por estar ese tribunal politizado y dominado por los llamados "progresistas", que en realidad son magistrados afines al sanchismo.
Francisco Rubiales
Ese impuesto, llamado de las Grandes Fortunas, ha sido ideado para neutralizar la eliminación o la drástica rebaja del Impuesto de Patrimonio, un tributo manifiestamente anticonstitucional e injusto, que sólo el gobierno de Sánchez se atreve a cobrar entre los países que integran la Unión Europea.
El gobierno andaluz, presidido por Juanma Moreno, considera que es un impuesto creado contra Andalucía y que invade las competencias autonómicas. El recurso de la Junta recoge que el nuevo impuesto «constituye un ataque al orden constitucional de una gravedad extrema», por lo que pide el ejercicio de la suspensión cautelar.
El Gobierno andaluz se une así al de la Comunidad de Madrid, de Isabel Díaz Ayuso, que ya presentó el recurso a principios de mes por invasión de competencias autonómicas.
En la actualidad compiten dos concepciones de la fiscalidad, la de la izquierda, voraz, codiciosa e insaciable, que cobra a los ciudadanos los impuestos más altos de toda Europa, y la de la derecha, que quiere bajarlos porque cree que esa rebaja beneficia la economía atrayendo inversiones y creando empleo y riqueza.
Los socialistas andaluces no han aprendido la lección del pasado, que demostró que el rechazo popular al Impuesto de Sucesiones, el que legaliza el robo de las herencias por los políticos, defendido y aplicado con crueldad y abuso por el gobierno socialista de Susana Díaz, fue una de las principales causas de la derrota socialista en las pasada elecciones y de la pérdida de la Junta.
El gobierno de Juanma Moreno sí conoce el enorme peso que tiene la cuestión fiscal en la batalla electoral y está realizando importantes rebajas de impuestos, entre ellas de los dos más injustos, brutales e impopulares, que son el que permite el robo de herencias (Sucesiones) y el que hace pagar a los ciudadanos por sus ahorros, que ya tributaron en el pasado (Patrimonio), ambos declarados ilegales y abusivos en casi la totalidad de las democracias.
En su argumentación, el gobierno andaluz expone que se vulnera la Constitución, el Estatuto de Autonomía y la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, tras una actuación del Estado que «prescinde absolutamente del procedimiento y de las garantías» constitucionales para alterar un tributo cedido. El recurso argumenta que se crea «de manera artificiosa» un impuesto que coincide «en sus elementos esenciales» con el Impuesto de Patrimonio, por lo que «vuelve a ocupar un hecho imponible que ya tenía gravado»
En la Junta temen que, a pesar del apoyo popular y de la fortaleza de los argumentos jurídicos y pruebas de expolio y abuso presentados en el recurso al Tribunal Constitucional, la demanda andaluza sea rechazada por estar ese tribunal politizado y dominado por los llamados "progresistas", que en realidad son magistrados afines al sanchismo.
Francisco Rubiales