Urkullu y Puigdemont: el triunfo del chantaje independentista
Mariano Rajoy, un tipo que parece condenado a enervar a los españoles y a causar profundos daños a la nación, votado por una masa de ciudadanos que no encuentra otra oferta mejor y que acude a las urnas votando al PP con la nariz tapada, ha pedido públicamente que las empresas que abandonaron Cataluña regresen y hasta parece dispuesto a crear beneficios fiscales para estimular ese retorno.
Con esa medida no sólo profundiza en la senda de otorgar privilegios y riqueza a las regiones díscolas, rebeldes y desleales, como son Cataluña y el País Vasco, sino que se coloca, nuevamente, en contra de la voluntad popular, que ha apostado claramente por boicotear a las empresas radicadas en Cataluña que han favorecido y financiado el independentismo.
Otorgar más beneficios a los rebeldes es una canallada que apuesta claramente por la injusticia, además de un acto contrario al deseo de los ciudadanos, lo que demuestra, una vez más, que los políticos españoles gobiernan de espaldas al pueblo, ejerciendo una tiranía camuflada de democracia.
No contento con los estragos causados ya a la nación española, entre los que destacan haber incumplido casi todas sus promesas electorales, haber endeudado al país hasta la locura, haber subido los impuestos cuando prometió bajarlos, haber acabado con el fondo de pensiones, haber practicado el despilfarro mientras recortaba servicios básicos a la ciudadanía, haber convivido con la corrupción y alimentado, con su debilidad y concesiones, al monstruo independentista catalán, abunda ahora en sus "fechorias" contrarias a la igualdad que consagra la Constitución al prometer un incremento al cupo vasco, a cambio de los votos que necesita para aprobar los presupuestos de 2018, y presiona a las empresas que han huido de Cataluña para que regresen, otorgando al retorno beneficios fiscales llenos de injusticia, que el gobierno niega, por ejemplo, a las empresas que quieran instalarse en zonas atrasadas como Andalucía y Extremadura.
Permitir abusos y conceder a los indepdentistas más privilegios y beneficios ha sido la política española más indecente y rastrera desde la muerte de Franco, una línea de actuación practicada por los gobiernos del PSOE y del PP que ha servido claramente para alimentar y fortalecer el independentismo y la destrucción de la igualdad y la unidad de España.
Mantener esa política en estos momentos es un escándalo que el gobierno se permite realizar porque desprecia a la ciudadanía y confía en que el sistema siga manteniendo a los españoles maniatados, sin voz, sin capacidad de protesta y sin influencia en la política.
Pero la ciudadanía española está despertando y ha aprendido que ha sido ella, con el boicot, la que ha puesto de rodillas a los sediciosos catalanes, al provocar la riada de empresas que huyeron de la marca Cataluña, justamente devaluada por un pueblo español que se ha sentido maltratado y despreciado por la supremacía y la arrogancia nazi del catalanismo radical.
Tal vez, el pueblo descubra ya el que debe ser su siguiente paso en favor de la España decente: que el boicot le otorga el poder que la falsa democracia española le niega y se decida a aplicar la misma medicina a los partidos políticos que traicionan a la nación y anteponen, una y otra vez, sus propios intereses al bien común.
Francisco Rubiales
Con esa medida no sólo profundiza en la senda de otorgar privilegios y riqueza a las regiones díscolas, rebeldes y desleales, como son Cataluña y el País Vasco, sino que se coloca, nuevamente, en contra de la voluntad popular, que ha apostado claramente por boicotear a las empresas radicadas en Cataluña que han favorecido y financiado el independentismo.
Otorgar más beneficios a los rebeldes es una canallada que apuesta claramente por la injusticia, además de un acto contrario al deseo de los ciudadanos, lo que demuestra, una vez más, que los políticos españoles gobiernan de espaldas al pueblo, ejerciendo una tiranía camuflada de democracia.
No contento con los estragos causados ya a la nación española, entre los que destacan haber incumplido casi todas sus promesas electorales, haber endeudado al país hasta la locura, haber subido los impuestos cuando prometió bajarlos, haber acabado con el fondo de pensiones, haber practicado el despilfarro mientras recortaba servicios básicos a la ciudadanía, haber convivido con la corrupción y alimentado, con su debilidad y concesiones, al monstruo independentista catalán, abunda ahora en sus "fechorias" contrarias a la igualdad que consagra la Constitución al prometer un incremento al cupo vasco, a cambio de los votos que necesita para aprobar los presupuestos de 2018, y presiona a las empresas que han huido de Cataluña para que regresen, otorgando al retorno beneficios fiscales llenos de injusticia, que el gobierno niega, por ejemplo, a las empresas que quieran instalarse en zonas atrasadas como Andalucía y Extremadura.
Permitir abusos y conceder a los indepdentistas más privilegios y beneficios ha sido la política española más indecente y rastrera desde la muerte de Franco, una línea de actuación practicada por los gobiernos del PSOE y del PP que ha servido claramente para alimentar y fortalecer el independentismo y la destrucción de la igualdad y la unidad de España.
Mantener esa política en estos momentos es un escándalo que el gobierno se permite realizar porque desprecia a la ciudadanía y confía en que el sistema siga manteniendo a los españoles maniatados, sin voz, sin capacidad de protesta y sin influencia en la política.
Pero la ciudadanía española está despertando y ha aprendido que ha sido ella, con el boicot, la que ha puesto de rodillas a los sediciosos catalanes, al provocar la riada de empresas que huyeron de la marca Cataluña, justamente devaluada por un pueblo español que se ha sentido maltratado y despreciado por la supremacía y la arrogancia nazi del catalanismo radical.
Tal vez, el pueblo descubra ya el que debe ser su siguiente paso en favor de la España decente: que el boicot le otorga el poder que la falsa democracia española le niega y se decida a aplicar la misma medicina a los partidos políticos que traicionan a la nación y anteponen, una y otra vez, sus propios intereses al bien común.
Francisco Rubiales