El descubrimiento de que la Junta de Andalucía falsea su plantilla real ocultando más de 13.500 empleados públicos al Tribunal de Cuentas abre numerosas incógnitas inquietantes en España y dispara la sospecha fundada de que el dinero carece de controles suficientes y que el robo de los corruptos puede ser dos o tres veces superior al que se había calculado. En realidad, los datos inducen a exigir respuestas severas a los políticos sobre ¿Quién controla las cuentas del poder? ¿En que gastan el dinero? ¿Cuantos son en realidad los que cobran del erario público? y ¿Cuánto roba y malversa la clase política?
Los independentistas catalanes han sorprendido al mundo con su riqueza millonaria oculta. Tienen dinero para pagar fianzas, dos consultas electorales a los ciudadanos, propaganda masiva, viajes, estancias en el extranjero, manifestaciones, cartelería, transportes y otros muchos gastos. Los expertos creen que la Generalitat, durante muchos años, ha estado falseando sus cuentas y engañando al gobierno central, mientras escondía grandes cantidades de dinero para financiar la independencia, conscientes de que los primeros tiempos de la República Catalana serían muy complicados. Algunos medios y expertos calculan que el dinero acumulado podría alcanzar la enorme cifra de 33.000 millones de euros, pero otros consideran esa cifra exagerada y la reducen a la mitad o a un tercio, cantidades que siempre serían multimillonarias y de las que el Estado españo, torpe e ignorante, parece que ni siquiera tenía sospechas.
Ante estos descubrimientos sorprendentes en Andalucía y Cataluña, donde aparecen, por aparente arte de magia, empleados públicos ocultos y enormes masas de dinero público escondido, los ciudadanos españoles tienen derecho a hacer muchas preguntas a su nefasta y corrupta clase dirigente y a sospechar, con toda razón y lógica, que sus gobernantes, sean de derecha, de izquierda o nacionalistas, les roban a mansalva, les engañan y han convertido la democracia en una enorme pocilga donde retozan al unísono ladrones, rufianes canallas y algún que otro político honrado.
¿Quien controla los dineros procedentes de los impuestos? ¿Cómo es posible que exista dinero público fuera de los circuitos legales? ¿Cuántos son realmente los que cobran del Estado? ¿Quién o quiénes son los responsables de esos enormes fallos? ¿Van a ser castigados o van a dimitir los responsables?
Muchos ciudadanos afirman en Andalucía que si el Tribunal de Cuentas siguiera indagando y lo hiciera con el celo necesario, descubriría muchos más beneficiados secretos que cobran del poder, quizás casi la totalidad de los militantes y miles de simpatizantes socialistas.
Lo peor de esta situación no es que las sospechas sean o no ciertas,m sino que el pueblo crea que son ciertas. Las sospechas son las que eliminan la confianza en el poder, que en democracia es imprescindible, y las que frenan la economía y disparan la inquietud y la justa indignación de los ciudadanos. La sospecha de que estamos gobernados por manirrotos sin control y sin intención alguna de rendir cuentas es ya inmensa y abrumadora en una España cuya ruina política y moral es visible e insostenible.
?Quien va a creerse que no hay dinero para las pensiones o que hay que practicar recortes en los servicios básicos después de contemplar semejante descontrol, despilfarro y oscuridad?
No hay en España otra medida tan necesaria y urgente como una auditoría al Estado, al central y al autonómico, para aclarar de una vez si las cosas se hacen aceptablemente bien o si el país es una cueva de ladrones.
Los ciudadanos, atribulados por muchos impuestos injustos y desproporcionados, como el anticonstitucional Impuesto de Sucesiones y Donaciones, denostado por los ciudadanos, mantenido con crueldad y desprecio por políticos como la andaluza Susana Díaz y bautizado con popularmente como el "Impuesto a los Muertos", están convencidos de que los políticos les engañan y les estafan cuando hablan de que el cobro de las pensiones está en peligro o de que servicios tan vitales como la sanidad y la educación deben ser recortados por falta de dinero.
La ciudadanía ha dejado de ser crédula y sabe ya que si la hacienda pública persiguiera el fraude con profesionalidad y cobrara lo que deben pagar las grandes empresas, habría dinero suficiente para evitar todos los recortes y si, además, el Estado adelgazara lo que debe, prescindiera de los cientos de miles de parásitos políticos que mantiene y se eliminara la corrupción, habría dinero suficiente para asegurar las pensiones en todo este siglo XXI, además de convertir a España en un uno de los países más prósperos de Europa.
La sensación ciudadana de estar siendo estafada por su clase política es ya agobiante e insoportable en España.
Francisco Rubiales
Los independentistas catalanes han sorprendido al mundo con su riqueza millonaria oculta. Tienen dinero para pagar fianzas, dos consultas electorales a los ciudadanos, propaganda masiva, viajes, estancias en el extranjero, manifestaciones, cartelería, transportes y otros muchos gastos. Los expertos creen que la Generalitat, durante muchos años, ha estado falseando sus cuentas y engañando al gobierno central, mientras escondía grandes cantidades de dinero para financiar la independencia, conscientes de que los primeros tiempos de la República Catalana serían muy complicados. Algunos medios y expertos calculan que el dinero acumulado podría alcanzar la enorme cifra de 33.000 millones de euros, pero otros consideran esa cifra exagerada y la reducen a la mitad o a un tercio, cantidades que siempre serían multimillonarias y de las que el Estado españo, torpe e ignorante, parece que ni siquiera tenía sospechas.
Ante estos descubrimientos sorprendentes en Andalucía y Cataluña, donde aparecen, por aparente arte de magia, empleados públicos ocultos y enormes masas de dinero público escondido, los ciudadanos españoles tienen derecho a hacer muchas preguntas a su nefasta y corrupta clase dirigente y a sospechar, con toda razón y lógica, que sus gobernantes, sean de derecha, de izquierda o nacionalistas, les roban a mansalva, les engañan y han convertido la democracia en una enorme pocilga donde retozan al unísono ladrones, rufianes canallas y algún que otro político honrado.
¿Quien controla los dineros procedentes de los impuestos? ¿Cómo es posible que exista dinero público fuera de los circuitos legales? ¿Cuántos son realmente los que cobran del Estado? ¿Quién o quiénes son los responsables de esos enormes fallos? ¿Van a ser castigados o van a dimitir los responsables?
Muchos ciudadanos afirman en Andalucía que si el Tribunal de Cuentas siguiera indagando y lo hiciera con el celo necesario, descubriría muchos más beneficiados secretos que cobran del poder, quizás casi la totalidad de los militantes y miles de simpatizantes socialistas.
Lo peor de esta situación no es que las sospechas sean o no ciertas,m sino que el pueblo crea que son ciertas. Las sospechas son las que eliminan la confianza en el poder, que en democracia es imprescindible, y las que frenan la economía y disparan la inquietud y la justa indignación de los ciudadanos. La sospecha de que estamos gobernados por manirrotos sin control y sin intención alguna de rendir cuentas es ya inmensa y abrumadora en una España cuya ruina política y moral es visible e insostenible.
?Quien va a creerse que no hay dinero para las pensiones o que hay que practicar recortes en los servicios básicos después de contemplar semejante descontrol, despilfarro y oscuridad?
No hay en España otra medida tan necesaria y urgente como una auditoría al Estado, al central y al autonómico, para aclarar de una vez si las cosas se hacen aceptablemente bien o si el país es una cueva de ladrones.
Los ciudadanos, atribulados por muchos impuestos injustos y desproporcionados, como el anticonstitucional Impuesto de Sucesiones y Donaciones, denostado por los ciudadanos, mantenido con crueldad y desprecio por políticos como la andaluza Susana Díaz y bautizado con popularmente como el "Impuesto a los Muertos", están convencidos de que los políticos les engañan y les estafan cuando hablan de que el cobro de las pensiones está en peligro o de que servicios tan vitales como la sanidad y la educación deben ser recortados por falta de dinero.
La ciudadanía ha dejado de ser crédula y sabe ya que si la hacienda pública persiguiera el fraude con profesionalidad y cobrara lo que deben pagar las grandes empresas, habría dinero suficiente para evitar todos los recortes y si, además, el Estado adelgazara lo que debe, prescindiera de los cientos de miles de parásitos políticos que mantiene y se eliminara la corrupción, habría dinero suficiente para asegurar las pensiones en todo este siglo XXI, además de convertir a España en un uno de los países más prósperos de Europa.
La sensación ciudadana de estar siendo estafada por su clase política es ya agobiante e insoportable en España.
Francisco Rubiales