El gobierno de Mariano Rajoy, a pesar de haber perdido 2.5 millones de votos en las recientes elecciones europeas y de cosechar en las encuestas un rechazo ciudadano estremecedor, no hace autocrítica, ni pide perdón y se limita a decir dos grandes necedades: la primera que sus fallos no son de política sino de comunicación, y el segundo que su prioridad absoluta como gobierno es relanzar la economía.
Ignora el PP que el problema principal de España no es ya su hundimiento económico, sino el profundo desastre político y moral que padece una nación en la que pocos se sienten a gusto, de la que muchos se quieren marchar y en la que la corrupción, la injusticia y el abuso de poder campean a sus anchas.
Para mas desastre, el principal partido de oposición, el PSOE, padece problemas similares y es tan culpable como el partido de gobierno en el drama actual de España, después del gobierno nefasto e inepto de Zapatero. En estos momentos cruciales, el PSOE lucha internamente por el poder, demostrando así su alienación y su vicio de anteponer siempre sus propios intereses al interés general de los ciudadanos.
La alternancia en el poder, que es la esperanza en muchos países cuando se deterioran o fracasan los que gobiernan, en España carece de sentido porque la llegada al poder de la izquierda socialista no suscita ilusión ni esperanza alguna de mejoría.
En España es aplicable aquella sentencia de que "Todos los problemas de la democracia se resuelven con mas democracia", entre otras razones porque los últimos gobiernos, prácticamente todos desde la muerte de Franco, han ido acosando y degradando la democracia hasta asesinarla. Hoy no es justo hablar de España como un país democrático porque carece de una ley igual para todos, justicia social, controles efectivos al poder político, poderes del Estado funcionando con verdadera independencia, unos medios de comunicación capaces de fiscalizar al poder, una sociedad civil fuerte y castigos eficaces para los corruptos y depredadores que están destruyendo la convivencia y la prosperidad.
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Sin esos requisitos y con partidos políticos atiborrados de poder y políticos bañándose en ventajas y privilegios, que no merecen, España, una nación llena de dolor por el desempleo, el avance de la pobreza y otras muchas lacras deleznables, siempre toleradas o estimuladas por el poder político, es cualquier cosa menos un país digno, democrático y decente.
En esas circunstancias deplorables, afirmar, como acaba de hacerlo la vicepresidenta del gobierno, que la prioridad absoluta del gobierno es relanzar la economía, no deja de ser una brutal injusticia y un síntoma de ceguera.
Tiene razón Pablo Iglesias, líder del emergente y exitoso partido "Podemos", cuando afirma que el drama de España no está tanto en los que queman contenedores en las calles como en los que buscan comida en los contenedores. Un país tan destrozado como la España actual requiere un relanzamiento de su economía, pero también otras cosas igualmente urgentes, como castigo para los ladrones y sinvergüenzas que obtienen refugio y protección en los partidos políticos, una justicia eficaz, una cruzada contra los corruptos y una reforma de las leyes que elimine abusos como el acoso fiscal al ciudadano, los privilegios de los poderosos, las mentiras del poder, la desigualdad hiriente, la impunidad de los políticos, la falta de metas e ilusiones colectivas y otras muchas calamidades y suciedades vigentes.
Ignora el PP que el problema principal de España no es ya su hundimiento económico, sino el profundo desastre político y moral que padece una nación en la que pocos se sienten a gusto, de la que muchos se quieren marchar y en la que la corrupción, la injusticia y el abuso de poder campean a sus anchas.
Para mas desastre, el principal partido de oposición, el PSOE, padece problemas similares y es tan culpable como el partido de gobierno en el drama actual de España, después del gobierno nefasto e inepto de Zapatero. En estos momentos cruciales, el PSOE lucha internamente por el poder, demostrando así su alienación y su vicio de anteponer siempre sus propios intereses al interés general de los ciudadanos.
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